La portada de mañana
Acceder
La guerra entre PSOE y PP bloquea el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades
Un año en derrocar a Al Asad: el líder del asalto militar sirio detalla la operación
Opinión - Un tercio de los españoles no entienden lo que leen. Por Rosa María Artal

Huelga de hambre por la propiedad en Mirador del Valle

La Consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, afirmó que el Ejecutivo no puede conceder la escritura de propiedad a las diez familias que residen en el Mirador de Valle y que este lunes han iniciado una huelga de hambre para exigirla, porque vulneraría la Ley.

Rojas se ofreció a dialogar con las familias que continúan viviendo en estas casas, cuyo suelo dijo que fue modificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria como comercial y el Parlamento regional acordó por unanimidad y de manera excepcional conceder la titularidad de las viviendas para canjearlas por otras en Marzagán.

Las diez familias que quedan en el Mirador del Valle exigen desde hace dos años las escrituras de propiedad de sus viviendas, en las que viven en régimen de alquiler desde hace diecisiete, como se les ha concedido a los 147 familiares restantes, para poder disponer de ellas, señaló uno de los afectados.

Añadió que se niegan a trasladarse a las casas construidas en Marzagán, donde viven sus antiguos vecinos, con motivo de la concentración que protagonizaron ante las puertas del edificio de Usos Múltiples II del Gobierno canario, donde pretenden permanecer hasta que se de una solución a su problema, tanto desde la Consejería de Vivienda regional como del Ayuntamiento.

Según la consejera, las diez familias que permanecen en el Mirador del Valle no han querido acogerse al acuerdo del Parlamento y quieren que el Ejecutivo les venda estas viviendas de protección oficial, pero ese no es el acuerdo aprobado por el Parlamento y no se puede vulnerar la ley.

“Ahora viven en régimen de alquiler” y pueden continuar en esta situación, pero para conseguir la propiedad “han de adquirirlas como el resto, en base a la ley modificada excepcionalmente para canjear estas viviendas por otras”, explicó la consejera.

Los vecinos afectados sostienen que el promotor del centro comercial de Jinámar, Ambrosio Jiménez, les prometió otras viviendas distintas a las construidas en Marzagán, de mejor calidad, y se sienten engañados, por lo que aspiran a disponer de la propiedad para poder negociar.

Etiquetas
stats