Irregularidades en el proceso judicial de la Casa Cuna

La jueza titular del juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, quiso archivar en abril el caso de la Casa Cuna, desvelado por CANARIAS AHORA el pasado martes, por considerar que ya había prescrito, pese a haber dos menores que aún padecían los abusos de Julio C. en ese orfanato. Lo hizo mediante una providencia en la que despachó el asunto en una línea. “No ha lugar por haber prescrito el delito”.

Un recurso de reforma presentado ante el mismo juzgado por la abogada Natalia Domínguez Castilla, que defiende a las dos presuntas víctimas que ya son mayores de edad, dejó claro que el posible delito de abusos continuados no prescribe hasta pasados diez años, tiempo que no se ha cumplido ni siquiera con estos dos denunciantes.

Tras la denuncia en enero pasado de un menor que afirma haber sufrido los abusos de Julio C. durante varios años en la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife, salieron a relucir los nombres de hasta diez posibles víctimas. Tres de ellas se sumaron a la causa. Los otros seis posibles perjudicados optaron por no remover su pasado, pero según fuentes judiciales de La Laguna “podrían haber salido a la luz muchos más casos, decenas de nombres, si la investigación judicial hubiese sido exhaustiva y hubiese buscado llegar hasta el final de este asunto”.

No ha sido así. La magistrada Blanco optó por que con diez nombres había bastante. Este caso, sin embargo, no lo juzgará ella sino que dada la gravedad del posible delito, Julio C. tendrá que sentarse en un banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La labor instructora de Blanco ya ha sido cuestionada en anteriores ocasiones. Hace unos años, una banda de 12 narcotraficantes, con un testigo protegido y un asesinado a su cuenta, según las conclusiones de la Fiscalía, fue puesta en libertad a las 48 horas de que la Audiencia Provincial iniciara el juicio oral por defecto de las escuchas telefónicas autorizadas por la jueza.

En el auto de autorización de las escuchas ni siquiera puso el teléfono que se debía controlar ni la duración de la vigilancia, por lo que las pruebas que derivaron de las escuchas resultaron nulas.

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