Jueces para la Democracia pide la dimisión del Consejo General del Poder Judicial
La asociación Jueces para la Democracia (JD), de carácter progresista, ha pedido la dimisión en bloque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su reacción “oportunista” ante el atasco de los juzgados penales en lo que ejecución de sentencias se refiere. Esa reacción fue producto de la alarma social generada tras saberse que el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés debía estar cumpliendo condena por un delito de abusos sexuales cometidos contra su propia hija.
Jueces para la Democracia considera que el informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ sobre el estado de los juzgados penales es “oportunista” y producto de “ciertas noticias de prensa”, lo que “viene a demostrar una vez más la ineficacia e inoperancia tanto de la Inspección como del Consejo General del Poder Judicial del que depende”.
La asociación opina que el órgano de gobierno de los jueces “no ha realizado actividad alguna encaminada a la solución de los problemas reales de la justicia en este país, dando la sensación de que después de siete años se entera de la falta de adecuación de la planta judicial, de la importante carencia de medios y de los atrasos que ello conlleva en la adecuada prestación del servicio”.
Además, en un duro comunicado distribuido estos días, JD acusa a la Inspección de dedicarse únicamente “a dar respuesta a exigencias de los vocales o del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, acuciados por las críticas de prensa o por ciertas preferencias ideológicas, sin haber procedido a cumplir sus funciones más importantes de proporcionar datos del estado real de los órganos judiciales y de las necesidades de adecuación de la planta judicial a las verdaderas necesidades”.
Jueces para la Democracia reclama la dimisión “inmediata del actual Consejo General del Poder Judicial en su totalidad, empezando por su presidente, así como del jefe en funciones del Servicio de Inspección”, al responsabilizarles del “caos judicial existente”, y al que acusa de haber estado “lavándose las manos respecto a su propia responsabilidad y su falta de intervención eficaz durante todos estos años”.
