Julios asegura que retiró los 'polvos de Meléndez' por seguridad
La ex consejera de Sanidad del Gobierno canario, María del Mar Julios, dijo este viernes que actuó según las propuestas elevadas por funcionarios públicos del departamento cuando decidió suspender la prescripción, dispensación y suministro de los conocidos como polvos de Meléndez.
Estos polvos, cuyo nombre comercial es factores I y II (glicina y ácido aspártico), son unos productos elaborados por el bioquímico Enrique Meléndez-Hevia para diferentes patologías cuya distribución ordenó suspender el Ejecutivo regional en la anterior legislatura, cuando Julios era vicepresidenta y consejera de Sanidad, por suponer “un riesgo inminente y grave para la salud”.
La medida cautelar fue establecida por el Ejecutivo regional durante un procedimiento de expediente sancionador al catedrático en Bioquímica de la Universidad de La Laguna, que decidió recurrirla, aunque, en diciembre de 2006, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró finalmente que “no cabía lugar suspender la prohibición de dispensación del Gobierno regional”.
Sin embargo, el alto tribunal canario ha admitido a trámite en los últimos días una querella de Meléndez contra Julios por la supuesta comisión de un delito de prevaricación en el que, según el querellante, incurrió al perseguir la comercialización de sus productos y expedientarlo, a sabiendas de que éstos no eran un fármaco, sino un complemento dietético.
Sobre la admisión a trámite de esta querella, María del Mar Julios dijo este viernes que este asunto está en manos de los servicios jurídicos del Gobierno canario y argumentó que, como autoridad sanitaria, adoptó “actuaciones fundadas exclusivamente en las propuestas que fueron elevadas por los funcionarios, los inspectores y las direcciones correspondientes con responsabilidades en el asunto”.
Además, alegó que las decisiones que tomó respecto a los polvos de Meléndez supusieron cumplir las resoluciones de la Agencia Española del Medicamento en relación a “la utilización irregular de unos productos no legalizados” y las formuladas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
“Hemos actuado salvaguardando la seguridad de los ciudadanos”, aseveró Julios.
