La limitación de acceso a los centros de inmigrantes crea dudas
La organización SOS Racismo ha calificado de práctica “ilegal y abusiva” la limitación actual que se mantiene a organizaciones y medios informativos para acceder a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE's), lo que vincula a que hay algo en estas instalaciones que “no se quiere mostrar a la sociedad”.
El representante de SOS Racismo y responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de Mugak, Peio Aierbe, considera que la administración “no tiene derecho” a las limitaciones de acceso a los CIE's, porque estos internos no tienen ninguna resolución judicial que limite sus derechos de manifestación o de expresión, por lo que estimó se trata de una práctica “ilegal y abusiva”.
Por ello, reivindicó el acceso una manera normativizada y reglamentada, de manera que se arbitren formas para que pueda haber un conocimiento por parte de la sociedad sobre lo que ocurre en esos centros y para que se posibilite a que quienes están ahí puedan ejercer sus derechos.
Frente a ello, estimó que la situación actual “clama al cielo” y es “denunciable”, y advirtió de que no está ajustada a ninguna normativa y refleja que lo que se da en los CIE's es algo “que no puede mostrarse a la sociedad”.
“Sólo de esa manera se entiende este rechazo total a que pueda haber algo que en cualquier otra institución está contemplado, como es el derecho al control” desde diferentes organismos de la sociedad, entre ellos los medios de comunicación.
Aierbe, en declaraciones, insistió en que se concluye que en los CIES “hay cosas que serían difícilmente entendibles”, con lo que remarcó que estas limitaciones de acceso “no dejan de ser una especie de aceptación previa y por adelantado de la culpa” por parte de la Administración.
Respecto a la situación normativa de los centros, el representante de SOS Racismo indicó que no existe una regulación del funcionamiento interno de estos centros, que depende del Ministerio del Interior. Una situación que diferenció de las instituciones penitenciarias, que “están en mejores condiciones”, porque tienen establecido por ley los derechos y obligaciones de los reclusos, y las posibilidades de visita y acceso.
“Agujeros en los que la ley no rige”
Esta posibilidad no está contemplada en los CIE's, de manera que el Ministerio del Interior tiene la “discrecionalidad para poder hacer y deshacer lo que quiera”. “Es una muestra más de una actividad absolutamente arbitraria” que los convierte en lugares de “no derecho, agujeros en los que la ley no rige”, lo que estimó no es admisible en una sociedad democrática.
En su Informe sobre racismo en España 2008, la organización defiende la supresión de los CIE's y de las medidas de privación de libertad para los inmigrantes en situación irregular, ya que remarcan que estas personas no han cometido un delito, sino una irregularidad administrativa.
Sin embargo, lamenta que las políticas previstas por la UE, con la nueva 'Directiva sobre detención y expulsión de las personas
extranjeras' que se debatirá en mayo, plantean incluso la posibilidad de internamiento en los centros hasta 18 meses.
SOS Racismo, que respaldó las movilizaciones realizadas en Madrid el pasado fin de semana para pedir el cierre de los CIE's, insiste en que estas instalaciones no son necesarias para el objetivo de garantizar la expulsión, y que realmente lo que hacen es estigmatizar a estas personas, “que si están encerradas parece como si hubieran cometido delitos”.
Frente a ello, esta organización propone que aquellas personas que la administración no consigue expulsar sean documentadas para que evitar que en la sociedad se vean sometidas a una explotación añadida, abocándolas a una economía sumergida y a condiciones de explotación.
En cualquier caso, SOS Racismo pide que el trato y funcionamiento de los CIES sea más acordes a patrones normales y no como sucede ahora, que son “opacos y unos lugares de no derechos”, en los que se impide el acceso a organizaciones, lo que limita la posibilidad de control sobre la situación, a diferencia de lo que sucede en otros países como Francia, donde se hacen controles anuales de los centros.
Aierbe insistió en que no hace falta poner una alternativa a estos centros, aunque si reconoció la necesidad de contar instalaciones de acogida para los primeros momentos de atención social a estas personas en situación irregular, a las que pidió se documente si la administración no puede cumplir con la expulsión.
Desde Euopa pide que se permita el acceso a la prensa
La vicepresidenta de la Eurocámara y ponente del informe sobre los centros para inmigrantes en la UE es partidaria de que los medios de comunicación entren en los CIEs de España y de otros socios europeos para poder compararlos.
“No estoy de acuerdo” con que se niegue sistemáticamente el acceso de los medios de comunicación a los centros de detención de inmigrantes, manifestó la ponente del informe del Parlamento Europeo sobre estos centros en el club comunitario, Martine Roure.
Esta eurodiputada francesa del Partido Socialista (PSE), que es además una de los 14 vicepresidentes de esta institución comunitaria, consideró que, particularmente en el caso de España, si los medios de información pudieran entrar en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y hacer posteriormente lo propio en “otros países de la Unión Europea” podrían realizar una “comparación” de las condiciones de acogida y comprobar que los centros españoles “no son los peores”.
No obstante, Martine Roure lamentó que la denegación de la entrada a la prensa a los centros para acoger a los inmigrantes irregulares es una práctica común a la gran mayoría de los socios europeos.
“En otros países tampoco entra nunca la prensa” a este tipo de establecimientos de detención e incluso las “Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) tienen el acceso muy limitado”, concluyó la vicepresidente de la Eurocámara.
