LPGC promete una solución al desahucio
“Ya no me salen más lágrimas, las he tirado todas”. Ernesto Paso se ha forjado una coraza de aparente frialdad bajo la que trata de resistir las embestidas que le ha dado la vida en los últimos ocho años, desde que le detectaran una leucemia aguda. Una orden de desahucio amenaza ahora con dejarlo en la calle con 32 años, una pensión de 460 euros y una discapacidad del 55% derivada de un accidente laboral que se produjo después de que le dieran el alta de forma prematura cuando aún recibía tratamiento de quimioterapia.
La arrendataria del piso en el que ha vivido los dos últimos años, ubicado en la Urbanización de Coperfham, en Las Palmas de Gran Canaria, le reclama algo más de 3.000 euros, 2.080 por el impago de los últimos cinco meses de alquiler ?de 416 euros- y el resto, en concepto de intereses y costas del juicio. Además, ha solicitado una lista de bienes para proceder, en caso necesario, a su embargo. El lanzamiento de la vivienda está fijado para este miércoles a las 09.30 horas.
Ernesto, sin embargo, se resiste a abandonar su vivienda y promete plantar batalla: ''Salir este miércoles de aquí no entra en mis planes. No pueden dejarme en la indigencia“. En sendas conversaciones telefónicas mantenidas este jueves con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, y la consejera de Vivienda del Gobierno regional, Inés Rojas, Ernesto ha logrado arrancar tibios compromisos. El joven, no obstante, desconfía de unas instituciones que, asegura, le han dado la espalda en los últimos años.
El Ayuntamiento le ha citado este lunes a una reunión con el concejal de Urbanismo bajo la promesa del alcalde de la capital de ofrecerle una solución a su caso. El consistorio sufragaba hasta el pasado mes de agosto el 100% de su alquiler ante la gravedad de su situación y mientras se tramitaba la adjudicación de una vivienda libre del Gobierno de Canarias que reuniese los requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas. La ayuda municipal se agotó tras cumplirse los dos años que establece la ley y el joven discapacitado no ha podido pagar desde entonces el alquiler.
Inés Rojas, por su parte, estudiará la posibilidad que le planteó Ernesto sobre el acceso a una vivienda protegida de una promoción que la Consejería entregó hace unos años en Ciudad del Campo, un inmueble que reúne las condiciones y que actualmente está libre. También se ha comprometido a mediar con la arrendataria.
Ernesto solicitó a finales de enero al Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria una prórroga de un mes para el lanzamiento de la vivienda y aportó una documentación que acreditaría que la arrendataria tenía conocimiento en el momento de firmar el contrato de que Ernesto carecía de recursos económicos suficientes y dependía de la ayuda que le había concedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El Juzgado dio un plazo de cinco días a la dueña para presentar alegaciones y ésta elevó un escrito en el que, además de reclamar una lista de bienes susceptibles de embargo, le aconsejó que acudiera a los servicios sociales “para que decretaran su internamiento” y así no tener que “soportar económicamente las consecuencias de la enfermedad que dice padecer”. Ernesto explica que con su familia “no puede contar” y que su único apoyo es su actual pareja, que vive con sus padres en Vecindario y que se encuentra en situación de desempleo desde hace dos años.
''Llevo ocho años luchando, tumbado, con dolores crónicos, tengo complicaciones cardiacas y el corazón no avisa. Todo lo que me ha pasado me ha hundido, pero no me importa perjudicar más mi vida. Aunque me echen, voy a seguir luchando para que se sepa qué es lo que pasó“, expone un Ernesto visiblemente cansado y adormecido por la medicación que toma para controlar los ataques de ansiedad que sufre como consecuencia de su situación.
La Plataforma Stop Desahucios ya ha anunciado que acudirá el miércoles a la vivienda de Ernesto para intentar frenar el desahucio. ''Espero al 90% que lo paralicen“, sentencia el joven.
