Luces y sombras del sistema educativo
Que la Educación está convulsa es un hecho. Pero conviene recordar, como ejercicio de memoria histórica, que la conflictividad es igual contra el ministro José Ignacio Wert que en 1987 contra el socialista José María Maravall.
El no a la Ley Wert y a su recuperación de la prueba de Reválida, que también ha sido rotundo en Canarias, es similar a las protestas callejeras que hubo hace 16 años contra la Selectividad (que ahora se defiende) y a favor de suprimir las tasas académicas o eliminar las subvenciones a la enseñanza privada.
En el caso de Canarias, la Coordinadora de Estudiantes reclamó tras la primera jornada de huelga que hubo en 1987, fecha en que llegó a paralizarse la Universidad de La Laguna (ULL), “una enseñanza acorde con la realidad canaria y la no masificación de los centros”.
Ese año hacía ya cuatro que el Archipiélago era una Comunidad Autónoma y alumnos de enseñanzas medias, con el apoyo de la ULL, pedían mejorar la situación. ¿Y cual era la “realidad canaria”?
Analfabetismo, paro y especulación
Corría el año 1979, cuatro años antes que las Islas fuesen Comunidad Autónoma, cuando en las páginas de El País se podía leer un reportaje de Daniel Gavela titulado Analfabetismo, paro y especulación, los récords de Canarias.
En principio, no parece que la realidad social haya cambiado en los últimos 34 años, desde aquel 30 de marzo en que vio la luz ese análisis periodístico, pero salvo respecto a la alarmante cifra del desempleo, las Islas han logrado prácticamente erradicar el analfabetismo y sorteado, con más aciertos que errores, la lacra de la especulación.
Pese al citado reportaje, convendría decir que si bien es cierto que Canarias se encontraba hasta 1940 entre las regiones más analfabetas (en 1900 el analfabetismo era del 72% y en 1940 se cifraba en el 38%, según datos del Consejo Económico y Social de Canarias), en 1979 rondaba el 8%, siendo las Islas muy superadas por Andalucía (12%).
Esa cifra bajó hasta el 4,29% en 1991, año en el que las Islas habían desarrollado dos legislaturas autonómicas y ejercitaron sus competencias plenas en materia de Educación.
El proceso de transferencias estatales en materia educativa se inició en 1980 en dos fases. A Canarias se le transfirió la enseñanza no universitaria en 1983 y los servicios universitarios en 1987, justo cuando se inició el debate social y político que dividió a las Islas con motivo de la creación en 1990 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Sin infraestructuras
Pero volviendo a los problemas educativos canarios en la etapa preautonómica, conviene destacar que el esfuerzo por erradicar el analfabetismo llevaba un problema añadido: la falta de infraestructuras adecuadas.
En la provincia de Las Palmas había un déficit de 50.000 puestos escolares, de los que más de 28.000 correspondían a la entonces Educación General Básica (EGB). En la provincia occidental ese déficit de pupitres era de 25.000.
“Para evitar la desescolarización total de más del 30% de la población afectada se recurre al desdoblamiento de las aulas, lo que obliga a encerrar a los niños en jornadas continuas de ocho a una de la mañana y de 2.30 a 7.30 de la tarde”, escribía Gavela.
Este problema se resolvió de forma traumática en 1987, cuando al finalizar el año de la segunda legislatura autonómica los profesores y directores de centros educativos se sublevan contra la Administración e implantan la jornada única: los colegios cierran por la tarde y el recién estrenado Gobierno presidido por Fernando Fernández, con Enrique Fernández Caldas como consejero del área, reacciona sancionando a los directores.
En 1979 el índice de analfabetismo en Canarias era del 8% y había un déficit de 78.000 plazas escolares en la EGB
Pero Gavela, en ese artículo de El País, decía más: “La situación es todavía más grave en lo que se refiere a escuelas de Formación Profesional, hecho de gran incidencia en el fenómeno del godismo, la animadversión de los canarios hacia la penetración de mano de obra cualificada y de técnicos, de origen peninsular, que desplazan en el mercado de trabajo a la población autóctona”.
Lo cierto es que la Administración autonómica heredó una estructura educativa estatal obsoleta que sirvió de caldo de cultivo para que toda la comunidad de la enseñanza impulsara su reforma para modernizarla.
La cuarta en colegios públicos
¿Y qué sucede 30 años más tarde de obtener las competencias? Pues según el Informe Anual del CES 2012-2013: “Canarias representa la novena región española con mayor número de alumnos matriculados, con 350.622 alumnos y un crecimiento respecto al curso anterior de 1.624 personas (0,46%)”.
De ellos, prácticamente 8 de cada 10 alumnos (79,6%), realizan sus estudios en centros públicos, situación que coloca a Canarias “como una de las regiones con un mayor peso de este tipo de centros”, solamente superada por Melilla (90,9%), Castilla-La Mancha (84,9%) y Ceuta (82,7%).
Unos datos que se pueden corroborar con los del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), para el que Canarias tiene una tasa neta de escolarización a los 17 años (88,7%) solo ligeramente inferior a la media española, fijada en el 90,4%, aunque el 28,3% de los jóvenes canarios de 18 a 24 años no ha completado la segunda etapa de la Enseñanza Secundaria y no sigue ningún tipo de formación, casi cuatro puntos más que la media de España.
Asimismo, según el informe de CCOO, las Islas son la autonomía con menos alumnos en enseñanza concertada o privada (22,5% de los alumnos no universitarios, frente al 31,7% de media estatal), lo que de alguna manera pone de relieve el esfuerzo del Ejecutivo regional, aunque, por el contrario, el Archipiélago es la región con más alumnos por profesor al contabilizar 13,7 frente a los 12 de media en el conjunto nacional.
Evidentemente, estos datos no son óptimos, pero no tienen ni punto de comparación respecto a los de la etapa preautonómica.
La crisis llena las aulas
Y es que uno de los males endémicos del sistema educativo canario no tiene que ver, específicamente, con el hecho de que el Ejecutivo regional tenga las competencias plenas del mismo, sino con el modelo económico y la crisis que incubó hasta que terminó estallando: el abandono escolar temprano en busca de Eldorado de la construcción y el turismo.
Entre 2005 y 2007, los últimos años de bonanza, Canarias incrementó en 4,7 puntos el porcentaje de abandono, al pasar del 32,2 al 36,9%. En 1997, esa tasa era del 34,5%.
Sin embargo, desde que estalló la crisis Canarias ha duplicado el crecimiento porcentual del Estado en estudiantes de Bachillerato. Y, contra lo que se podía leer en El País en 1979 respecto a la FP, las mayores subidas de matrícula se producen en la modalidad a distancia, especialmente en los ciclos de FP de grado superior, donde se pasa de los 982 en el curso 2007-2008 a los 2.830 del pasado 2011/2012, es decir, un 188% de incremento.
La crisis, por tanto, ha servido para golpear salvajemente a los jóvenes que abandonaron sus estudios en busca del dinero fácil, lo que les ha obligado a retornar a las aulas: desde 2007 a 2012 el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional ha pasado en Canarias de 55.382 a 68.523, lo que supone un incremento del 23,73%.
Por lo tanto, el fracaso escolar no es tanto responsabilidad directa del Ejecutivo regional como de unos factores mucho más complejos que, esos sí, debe intentar combatir el conjunto de la Administración autonómica de forma transversal: origen social y pertenencia a familias desestructuradas, entre otros.
Porque, como aseguran Fernández Enguita, Luis Mena Martínez y Jaime Riviere Gómez en su libro Fracaso y abandono escolar en España, “alrededor del 50% de las diferencias en el rendimiento escolar pueden atribuirse a causas relacionadas directamente con el origen social, mientras otro 20% puede explicarse por la composición social del centro y un 7% por factores estrictamente pedagógicos y organizativos”.
Altibajos presupuestarios
En Canarias, el gasto presupuestado destinado a la educación ha mantenido un comportamiento similar al conjunto de regiones españolas, donde ha ido creciendo al igual que ha aumentado el total del Presupuesto hasta alcanzar los 1.496,7 millones de euros para el próximo año, aunque conviene recordar que en 2011, cuando comenzó la presente legislatura, las cuentas educativas ascendían a 1.591,4 millones de euros.
En 2010, la participación del gasto público respecto al PIB en Canarias era del 4,2%, inferior al 4,5% de 2009 y del 4,8% de 2008.
Un gran porcentaje del gasto en educación se concentra en la administración pública, dejando a la parte privada un porcentaje muy pequeño, tal y como indica el informe anual del CES.
Desagregando el gasto público por tipo de enseñanza se observa que el gasto en educación no universitaria en Canarias supone el 79,9% de total. Con respecto a este tipo de educación, el gasto por alumno en el año 2010, con el PP cogobernando en el Ejecutivo regional y con la nacionalista Milagros Luis Brito al frente de la Consejería, es de 3.913 euros, 827 euros menos que la media española.
Aunque bien es cierto que este gasto se había visto incrementado desde el año 2005 en un 14,2%, como siempre se sostuvo en el Ejecutivo para defenderse de las críticas, el porcentaje fue inferior a la tasa de variación española (16.7%).
De la educación no universitaria, es la Educación Secundaria y Formación Profesional la que más gasto conlleva (34%), seguido de la Infantil y Primaria (32,5%).
Ocho de cada diez alumnos realizan sus estudios en centros públicos
Pese a todo, el camino transitado en las últimas tres décadas aún sigue planteando problemas de encaje, a los que hay que sumar los conflictos de los sucesivos intentos de reforma legal, de la que la Ley Wert parece solamente el penúltimo capítulo.
El nivel de escolarización es óptimo en Canarias, mucho más que cuando la Educación dependía únicamente del Ministerio de Educación y Ciencia, pero las Islas siguen manteniendo un gran nivel de fracaso escolar y de abandono temprano.
Hacia una nueva ley canaria
Y todos los grupos parlamentarios lo saben, pues aprobaron el 19 de diciembre de 2012 un dictamen sobre la situación de la educación en Canarias que supone un acuerdo de mínimos para iniciar el pacto social y político en esta materia, con una financiación sostenible en el sistema y con el objetivo de reducir el abandono y el fracaso escolar.
Un dictamen elaborado por una comisión de estudio por la que pasaron 49 comparecientes de ambas universidades, el Consejo Escolar de Canarias, patronales, sindicatos y especialistas en educación de adultos, idiomas, música, matemáticas y otras disciplinas.
Ese 19 de diciembre, el presidente del Parlamento, Antonio Castro, aseguró que “no es frecuente que se produzcan hitos y acuerdos de esta entidad con la importancia que tiene la educación”.
Y es cierto, como se puede comprobar si se confronta ese pacto canario con lo que sucede a nivel nacional.
Precisamente, y si la conflictividad que existe en el Estado no empaña los acuerdos en Canarias, la Cámara regional puede dar en la presente legislatura un paso de gigante hacia la educación del siglo XXI.
A partir de ahora se cuenta con un diagnóstico de la educación en Canarias que debe servir para saber cómo reducir o mejorar lo que aparece como negativo y dar futuro a los estudiantes.
