Las Palmas de Gran Canaria recibirá un refuerzo presupuestario para combatir la pobreza
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dispondrá de un refuerzo presupuestario del Gobierno regional en los Presupuestos de 2017 para que pueda combatir la pobreza y la exclusión social en el municipio.
Así lo señala el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, después de que se lo anunciara la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Cristina Valido, en una reunión que mantuvo en fechas recientes con los ediles de política social de los cuatro municipios más poblados de las Islas.
Ortega asegura que, a pesar de que no les ha trasladado la cifra exacta que corresponderá a cada consistorio, si sabe que la capital grancanaria, al tratarse de la ciudad más poblada del Archipiélago, se beneficiará de forma notable de los 11 millones de euros que se destinarán para las Islas, una cantidad cuya justificación se prolongará hasta el mes de julio de 2018.
De esa partida, cinco millones servirán para reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, y otros 6 millones a Familia e Infancia, así como a las personas sin hogar.
El edil capitalino apunta que se empieza a recoger “los frutos del trabajo realizado en los últimos meses por parte del área social de los cuatro grandes municipios de Canarias que, a pesar de tener diferente color político, han empujado en la misma dirección para que el Gobierno regional recoja en sus cuentas un aumento presupuestario y medidas para mejorar la política social”.
Los cuatro municipios más poblados de Canarias también han acordado una revisión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con la idea de que se transforme en una renta de inserción y un compromiso de aumentar su dotación.
Ortega asegura que el Ejecutivo regional se ha comprometido a cambiar los criterios del Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, para que el reparto sea más equitativo.
Asimismo, el concejal de Cohesión Social también se reunió esta semana con la directora general regional de Dependencia, María del Carmen Marrero, a quien trasladó la posibilidad de que el Ejecutivo asuma parte de los gastos en la atención del servicio de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos a las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia.
Otro de los asuntos que se trató en la reunión consistió en la reclamación por parte de los municipios de la creación de una nueva ficha financiera y estructura en la Ley de dependencia para contar con más medios humanos y materiales en la aplicación de la norma.
