Perdona al hombre que le acuchilló en un bar en Ingenio
El hombre que fue acuchillado el 10 de agosto de 2007 en un bar de Las Puntillas, en Ingenio, por el presunto agresor Lorenzo Afonso Cruz rehusó este martes solicitar la indemnización de 10.800 euros que pide en su nombre al acusado la Fiscalía por haberle perdonado y por saber que éste no tiene dinero para pagarla.
Así lo manifestó en la vista oral del juicio celebrado este martes en la Sección Sexta de Audiencia de Las Palmas el agredido, Ramón Jiménez Sánchez, quien, en su declaración como testigo, aseguró conocer desde la infancia al acusado, con quien había vuelto a contactar poco tiempo antes de que ocurrieran los hechos, después de un período de diez o quince años que estuvieron sin verse.
Tanto el acusado, cuya defensa pide su libre absolución, como la víctima explicaron que el 10 de agosto de 2007 se encontraron en un bar de la zona de Las Puntillas del municipio grancanario de Ingenio, que solían frecuentar a menudo, ya que era el lugar de reunión habitual de muchos conocidos.
En concreto, el acusado comenzó su declaración afirmando que no recordaba nada de lo ocurrido ese día porque había consumido alcohol y ansiolíticos, si bien posteriormente manifestó que estuvo en el bar, al que llegó sólo, y que luego entró Ramón, el agredido, con Isidro Valido, el primo del presunto agresor, con quienes tomó copas en la barra.
“Al ratito tuvimos el problema, pero no recuerdo haber cogido el cuchillo, nunca en la vida he tenido ni un sí ni un no con Ramón”, dijo el acusado, a quien el fiscal recordó que en su declaración del 11 de agosto de 2007 afirmó que sí recordaba haber cogido un cuchillo, una contradicción que Lorenzo Afonso Cruz achacó a los nervios del momento y a que entonces “estaba fatal” porque “todo acaba de ocurrir”.
Tampoco la víctima supo explicar cuál fue el motivo que dio lugar a la reacción violenta del acusado y primero negó que mediara entre ellos discusión o pelea alguna, para afirmar luego que sí existió una discusión, aunque dijo que no recordaba por qué se suscitó.
Lo que sí relató con claridad Ramón Jiménez Sánchez es que, cuando estaba recogiendo sus cosas para marcharse del bar, después de haber consumido tres o cuatro copas de whisky, vio que se le acercaba un cuchillo por el costado izquierdo y cogió una banqueta para protegerse.
Sin embargo, agregó, Lorenzo apartó la banqueta con una mano y le clavó el cuchillo con la otra, haciendo ademán de volver a hacerlo una segunda vez, según le aseguraron las personas que presenciaron los hechos.
“Vi que salía mucha sangre y dije, ya me mató. Un hombre me llevó hasta el coche y me acercó hasta el ambulatorio y por el camino ya perdí la vista. Me han dicho que me amenazó de muerte, pero yo no lo recuerdo”, aseguró la víctima.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros seis meses de prisión por un delito de resistencia, ya que, según su escrito de conclusiones provisionales, el procesado se resistió a ser detenido por un agente de la Guardia Civil, al que golpeó.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Además, la Fiscalía pide que se prohíba al acusado acercarse en un radio de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con Ramón Jiménez Sánchez por un período de diez años.
El Ministerio Fiscal destaca en su escrito que las lesiones muy graves sufridas por la víctima “pudieron haberle causado la muerte si no hubiese mediado atención médica” y quirúrgica de urgencia. Sus lesiones tardaron en curar 134 días, de los que 21 estuvo ingresado en el hospital y a las secuelas de esta agresión también se sumó un trastorno depresivo reactivo leve.