La Policía veta a 30 juristas visitar Barranco Seco
El jefe superior de Policía de Canarias, Valentín Solano, ha impedido a 25 jueces y cinco fiscales de toda España que participan en el Foro sobre Derechos Humanos e Inmigración que se inauguró este miércoles en Meloneras una visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó en el acto la coordinadora del curso, la magistrada Carmen Simón.
Fuentes oficiales han confirmado a CANARIAS AHORA que la decisión fue comunicada a los organizadores a través de la delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, que a su vez se hacía eco de las palabras del jefe superior de Policía, que en su contestación oficial denegaba la visita “tras haber informado a la superioridad”.
Nadie ha podido concretar a este periódico cuál es exactamente esa “superioridad” a la que ha aludido el jefe superior, que tiene por encima en el escalafón policial al director adjunto operativo y al director general de la Policía, Eugenio Pino e Ignacio Cosidó, respectivamente.
El Foro de Derechos Humanos e Inmigración inaugurado este miércoles en el hotel Costa Meloneras está organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. En su última edición se celebró en la sede madrileña del órgano de gobierno de los jueces. Su vocal Inmaculada Montalbán asistió al acto inaugural en compañía del consejero canario de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola.
Una medida discriminatoria
Hernández Spínola expresó este miércoles su rechazo a la decisión del Gobierno estatal de retirar la asistencia sanitaria pública y gratuita a los inmigrantes sin papeles que viven en España. Una medida que consideró “claramente discriminatoria que atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ni tan siquiera reportará un ahorro significativo para las arcas públicas”.
El consejero, en su intervención, hizo alusión a la resolución del Tribunal Constitucional que respalda que el derecho a la salud está por encima de los recortes y medidas de ajuste impuestas por el Ejecutivo del Estado y, en tal sentido, señaló que el Gobierno “debería respetar y restituir un derecho que no debió ser arrebatado a las personas, en este caso, inmigrantes”.
Una sociedad como la española, especificó Hernández Spínola, que tanto ha sufrido los dramas que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, “no quiere convivir con esta medida que, de manera tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa”.
Asimismo, se refirió a la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Ministerio de Justicia y que si finalmente es aprobada por el Parlamento español podrá ser objeto de sanción penal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados. Una situación difícil, dijo el consejero, “para aquellas personas que quieren ayudar y se encuentran con la paradoja de que su actuación puede ser tildada de ilícito penal”.
“Los numerosos cambios y reformas en que está inmersa la Justicia también afectarán a la Ley de Extranjería”, apuntó Hernández Spínola, “y determinarán que el Estado pueda expulsar a una persona a la que se le haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente con un permiso de residencia de larga duración”.
El responsable de Justicia del Gobierno canario expuso durante el acto de apertura del curso que España ha pasado, en muy poco tiempo, de ser un país de emigración a convertirse en destino preferente de los flujos migratorios como resultado del crecimiento económico y las expectativas de empleo asociadas al mismo. Ahora, matizó, “con la evolución y el agravamiento de la crisis económica, la llegada de inmigrantes se ha reducido drásticamente y, en cambio, ha vuelto a producirse la salida de muchos ciudadanos que tienen que buscar en otros países las oportunidades que lamentablemente no encuentran en el suyo”.
Por tal motivo, consideró que “es de justicia” reconocer la aportación decisiva de los inmigrantes al crecimiento económico del país en las dos últimas décadas. “Han trabajado atendiendo necesidades del mercado laboral y han contribuido, mediante sus cotizaciones e impuestos, al mantenimiento y mejora de nuestro Estado de Bienestar”, afirmó el consejero, que lamentó que “ahora se ven afectados de manera muy intensa por la gravedad de la crisis y también por ineficaces y restrictivas políticas del Gobierno de la nación”.
La colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial mediante la creación de este foro de estudios sobre la inmigración permitirá que durante tres días sean objeto de debate, análisis y reflexión los derechos humanos en los fenómenos transfronterizos, el tráfico y la explotación de mujeres migrantes, la visión de la interculturalidad y la diversidad, la realidad en los centros de internamiento de extranjeros, las consecuencias de la exclusión social y la migración como derecho humano.
