El PP exige una revisión urgente de la Ley de Dependencia
Los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Canarias, La Rioja y Castilla y León, todos ellos del PP, han exigido este lunesuna revisión urgente de la aplicación y el procedimiento de la Ley de Dependencia, así como que el Ejecutivo abone los más de 100 millones de euros que adeuda a las autonomías en esta materia.
Así lo ha explicado el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en nombre de los responsables autonómicos que han acudido a este foro que retoma el compromiso adquirido en León el pasado mes de marzo entre los mismos consejeros para lograr una mejor coordinación entre el Estado y las Administraciones autonómicas a la hora de aplicar la Ley de Dependencia.
Según el documento conjunto aprobado hoy, el objetivo de esta reunión, tras el primer “voto de confianza” que se le dio a la ministra Mercedes Cabrera, pasa por que el Gobierno asegure la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el país y garantice, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera del sistema.
Los seis gobiernos autonómicos exigen al Ejecutivo que dote al sistema de atención a la dependencia de una financiación “suficiente y asegurada en el tiempo” por parte del Estado; el pago “inmediato” de los más de 100 millones de euros que éste debe a las citadas comunidades, y un marco regulador que concrete la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación.
También reclaman mayores mecanismos de coordinación entre las Administraciones implicadas en la aplicación de esta Ley, y que se anticipe la revisión prevista en el texto normativo -para finales de 2009- para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites administrativos.
Asimismo, se pide la inclusión en el sistema de valoración y los baremos de algunas discapacidades y enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental para que también puedan acceder al sistema de dependencia.
Los citados gobiernos autonómicos exigen, al mismo tiempo, que se trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades financieras del sistema de atención a la dependencia, con el objetivo de dotar a las comunidades de fondos “suficientes” para el desarrollo de la Ley, en vigor desde el 1 de enero de 2007.
Cotino ha lamentado hoy que, seis meses después del citado foro autonómico de León, el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes “no solo no haya avanzado en el desarrollo de la aplicación de la Ley, sino que ha dejado de cumplir sus compromisos”.
En este sentido, ha insistido en que la “insuficiente” financiación estatal a las autonomías “hace peligrar la aplicación real y eficaz de la Ley”.
En cuanto al capítulo previsto para esta materia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, los consejeros critican que su dotación sea también “claramente insuficiente” y “el resultado del incumplimiento de los pagos que en materia de dependencia debería haber realizado el Estado a las comunidades en los años anteriores”.
Esa situación “obliga” a las personas dependientes y a las Administraciones autonómicas a “soportar más del 80% del coste de los servicios” y a que “los ciudadanos aporten más que el propio Gobierno central en el pago de los servicios residenciales”.
