El PSC exige que se cumplan los servicios mínimos

La portavoz parlamentaria del PSC en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Gloria Gutiérrez, insta al consejero de Empleo del Ejecutivo regional a que “garantice los servicios mínimos establecidos legalmente durante el desarrollo de la huelga prevista por los trabajadores de Videoreport Canarias, empresa que suministra los servicios informativos al ente público”.

La diputada socialista recuerda en un comunicado que el Decreto 405/2007, en su artículo 18, establece que “corresponde a la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo, determinar los servicios mínimos en caso de huelga, sin perjuicio de las competencias de otros órganos para su señalamiento en el caso de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma”.

“Somos conscientes de los incumplimientos reiterados de la Ley de Radiodifusión y Televisión por este Gobierno, extremo que ha sido criticado por el PSC-PSOE en reiteradas ocasiones, e insistimos en que éste no es nuestro modelo, pero exigimos que se cumpla la legalidad vigente”, expresa la diputada socialista.

Así, Gutiérrez exige que RTVC garantice el derecho a la huelga de estos profesionales, así como que vigile esa prestación de servicios mínimos. También exige que no se produzcan más irregularidades e ilegalidades en el ente público y, en este caso, en lo que atañe a la contratación de personal, “para burlar derechos constitucionales, como el de la huelga, y la prestación de servicio público en relación al derecho a la información”.

La representante socialista, quien recuerda que son 288 los trabajadores de la empresa que se ven afectados por esta situación, anuncia que el PSC-PSOE presentará en la Cámara una serie de iniciativas encaminadas a esclarecer los incumplimientos del pliego de condiciones en relación con el personal, suscrito entre el ente público y Videoreport.

“Ante esta situación de caos e irregularidad, el director del ente público y Paulino Rivero continúan mirando hacia otro lado”, denuncia.

Gutiérrez considera “obvio” que el Gobierno de Rivero y Soria “no es capaz de garantizar los servicios informativos ni siquiera con los 18 millones de euros anuales que maneja Videoreport Canarias”, al tiempo que recuerda que son 150 millones de euros de Presupuesto en ocho años.

Por último, hace hincapié en que uno de los motivos que han conducido a este conflicto laboral es la pretensión de Videoreport Canarias de que con el personal contratado para realizar los servicios informativos cumpliendo el pliego de condiciones, estos trabajadores realicen funciones para otras empresas privadas por el mismo salario, “con lo cual, se inyecta dinero público a esas entidades sin ningún tipo de control y con la absoluta connivencia del director general y del presidente del Gobierno”.

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