El PSOE de Canarias denuncia que el nuevo decreto de Dependencia “pone en riesgo” el derecho y apunta a la externalización

El PSOE de Canarias considera que el nuevo decreto de Dependencia que pretende aprobar el Gobierno de Canarias sigue presentando “graves deficiencias”, que ponen en riesgo garantías y derechos de las personas en situación de dependencia y suponen “una seria amenaza de externalización de todos los servicios del sistema”.

La vicesecretaria portavoz socialista, Elena Máñez, lamenta que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, “no siga las recomendaciones efectuadas por los colegios profesionales y trabajadores y trabajadoras de la consejería y del tercer sector, y mantenga aspectos lesivos del nuevo decreto que va a regular el procedimiento para acceder al sistema de Dependencia”.

“Llama la atención que quien fue presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife y actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sustituya el informe social por un informe del entorno que no cuenta con la misma validez científica y contravenga todas las recomendaciones y reivindicaciones del colectivo de profesionales de trabajo social. Tampoco tiene en cuenta las recomendaciones del Consejo Territorial en cuanto a los requisitos que debe contener el Informe de Salud”, ha señalado.

A juicio de Elena Máñez, resulta especialmente grave que se extinga el derecho si en tres meses no se recibe el servicio. Recuerda que en estos momentos hay 7.522 personas que tienen resolución, según los datos del Imserso del mes de julio, pero no han podido hacer efectivo su derecho, en la mayoría de los casos por la falta de plazas y no por causas imputables al solicitante.

“Estas 7.522 personas sería expulsadas del sistema lo que supone una situación grave de indefensión y vulnera el derecho de las personas a que se haga efectivo su derecho”, afirma la dirigente socialista y diputada regional, criticando además que se eliminan garantías para las personas solicitantes como la supervisión de las valoraciones por la Comisión Técnica y se permite la valoración por profesionales ajenos a la consejería sin contar con las garantías de formación exigibles.

Recuerda la portavoz socialista que la pasada legislatura el Pacto de las Flores demostró que, “reforzando el personal”, se podía mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. En cambio, el actual gobierno CC-PP, en vez de reforzar con personal la Dirección General de Dependencia, “lo que pretende es externalizar la gestión”.

“En los seis primeros meses de 2024 la consejería ha empeorado la gestión”, sostiene Elena Máñez, apoyándose en los datos oficiales, que indican que en este tiempo se han tramitado 1.933 PIA y 1.687 prestaciones menos que en el primer semestre de 2023, entonces con bajo la gestión del Pacto de las Flores.

“Desde el Partido Socialista queremos también trasladar el apoyo a todo el personal que trabaja en la Dirección General de Dependencia ante las situaciones que vienen denunciando de boicot a sus representantes sindicales por denunciar la estrategia de control que lleva imponiéndose desde hace meses, y a las trabajadoras y trabajadores que denuncian incidencias”.

“Valoramos la profesionalidad y compromiso de todo el personal que trabaja en dependencia y le pedimos a la consejera que haga lo mismo y deje de poner bajo sospecha permanente a su personal, generando el peor clima laboral que se recuerda en los últimos 17 años”, ha añadido.

Para Elena Máñez, en definitiva, el nuevo modelo que propone el Gobierno de Canarias “elimina garantías para las personas solicitantes a favor de un procedimiento que lo único que pretende es reducir números a costa de los derechos de las personas en situación de dependencia”, ha dicho.