El PSOE denuncia que el Gobierno ''obliga'' a 17.000 personas volver a valorar su estado de discapacidad
Unos 17.000 expedientes de personas con discapacidad tendrán que volver a ser valorados a pesar de poseer una certificación de minusvalía, según ha denunciado este jueves el grupo socialista canario en el Cabildo de Tenerife.
Tanto el portavoz del grupo socialista, José Antonio Valbuena, y la consejera insular del PSC-PSOE, Clara Segura, han acusado al Gobierno regional de querer volver a valorar las solicitudes para “rebajar” el grado de discapacidad de los afectados y reducir así los servicios a los que tienen derecho.
“Una persona que tiene una certificación de minusvalía, desde que se la diagnostican no se le puede obligar a volver a valorar, a menos que esa persona lo decida”, declaró Segura, quien apostilla que en comunidades autónomas como Andalucía se empiezan a dar las ayudas con esa certificación y que desde el Gobierno de Canarias lo que se está haciendo es “obligar a esa persona a valorar otra vez, cuando no tiene por qué”.
Así también se expresó José Antonio Valbuena, quien pidió al Cabildo de Tenerife “que no sea cómplice de los intereses ocultos de Paulino Rivero para no aplicar la Ley de Dependencia”, insistiendo en que hay “paralizadas 17.000 solicitudes que ya tienen un grado de minusvalía reconocido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.
Según Valbuena, esto es así “porque se les quiere volver a evaluar para reducir la minusvalía y por tanto reducir las prestaciones a las que tienen derecho”.
Además, acusan a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, de “engañar a la población” al afirmar en sede parlamentaria que ningún canario ha recibido las ayudas por esta Ley “cuando a principios de mes reconoció que ya 800 personas cobraban las prestaciones”.
Mejoras para la Ley de Dependencia
Los consejeros socialistas han insistido en que el Gobierno regional “boicotea” la Ley de Dependencia y que se jacta de afirmar que el Plan Sectorial de Discapacidad que ha puesto en marcha “ya cubre los servicios que oferta la Ley de Dependencia, cuando no es así”.
En este sentido explicaron que dicho Plan Sectorial deja fuera de las ayudas de la Comunidad Autónoma a los discapacitados físicos o sensoriales, a menores de edad y a mayores de 65 años.
Así las cosas, consideran que “no hay voluntad política” para aplicar esta Ley, a tenor de que “han sido las movilizaciones de los colectivos las que han hecho caminar” esta Ley.
Al respecto, consideran que la Ley del Gobierno canario debería incluir como mejoras, la aceptación de los discapacitados físicos o sensoriales, a menores de edad y a mayores de 65 años, así como contemplar su transporte y traslado y que los convenios se firmen de forma plurianual para que los colectivos que aplican la Ley no tengan que pedir créditos.
