Trece familias reclaman más de 2 millones al SCS por presunta mala praxis en el Servicio de Cirugía Cardíaca del HUC
La Asociación de Afectados por el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) presentará el próximo lunes trece demandas de responsabilidad patrimonial, en las que reclamará más de dos millones de euros a la administración, por una presunta negligencia o mala praxis en este servicio durante 2004 y 2005.
El presidente de esta asociación, Nicolás Sosa, y el asesor jurídico, José Luis Langa, anunciaron en rueda de prensa la presentación de estas demandas de responsabilidad patrimonial en las que reclaman, además de la compensación económica, la más alta de ellas de 600.000 euros, que la administración investigue lo sucedido durante esos dos años en ese servicio.
Sosa explicó que la asociación, formada por quince familias, se constituyó tras tener conocimiento por los medios de comunicación del resultado de una auditoría encargada por el hospital sobre el índice de mortalidad registrado en el servicio de cirugía cardíaca y en la que se afirmaba que estaba por encima de la media nacional.
A partir de ese momento, explicó Nicolás Sosa, comenzaron a surgir las dudas, en especial por las importantes secuelas que a él le quedaron tras ser intervenido en ese servicio.
Recordó que era un ingeniero del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y ahora es un pensionista, y era un deportista de elite en la modalidad de la apnea “y ahora soy un minusválido”.
El abogado de la asociación explicó que se han reunido con el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, José Trasobares, quién les ha garantizado que si tras la investigación que se debe abrir por la presentación de las demandas de responsabilidad patrimonial, se estima que hay pruebas que las confirmen, la administración asumirá su responsabilidad.
Langa consideró que hay bases suficientes que avalen la presentación de estas demandas, y señaló que en el caso de que fueran rechazadas la asociación comenzaría la fase judicial por la vía contencioso-administrativa y en principio no por la penal.
Preguntado acerca de esta elección judicial, Langa explicó que los afectados consideran que no se ha producido dolo, puesto que estiman que no ha habido intención en el daño sino una presunta negligencia o mala praxis.
No obstante, apuntó que están pendientes de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía tras la demanda puesta ante el Colegio de Médicos por el médico Ignacio Díaz de Tuesta, que denunció el funcionamiento de este servicio.
Langa afirmó que han pedido la auditoría realizada y el Consorcio Sanitario de Tenerife se la ha negado con el argumento de que estaba incluida en el expediente de la instrucción penal iniciada por la Fiscalía.
El abogado insistió en que los afectados no ponen en duda la buena actuación del Hospital Universitario de Canarias sino las presuntas irregularidades cometidas durante un determinado tiempo en ese servicio.
El presidente de la asociación indicó que los afectados se preguntan qué fue lo que ocurrió y reprochó a los que defienden que la media de mortalidad registrada en ese servicio es incluso de excelencia sino tener en cuenta los datos de la auditoría, cuya solvencia fue garantizada por la Sociedad Española de Cirugía Cardiaca.
Además, criticó “el baile de cifras” que se han ofrecido, lo que les lleva a pensar que ha habido algo “no explicado del todo”.
Insistió en que los afectados quieren que se aclare qué fue lo que ocurrió en una respuesta “clara y contundente”.
