Los sindicatos piden liderazgo claro y cohesionado en Educación para hacer frente a la desescalada tras la dimisión de Guerra

Las respuestas de los sindicatos de los profesionales de la educación no se han hecho esperar tras el anuncio de la dimisión de la consejera de Educación, María José Guerra, este viernes. El Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) ha pedido que se forme un equipo “cohesionado” y centrado en la búsqueda de acuerdos, mientras que Comisiones Obreras (CCOO) pide un relevo “ágil” que ponga en funcionamiento medidas higiénicas para reiniciar las clases “en las mejores condiciones”.

STEC-IC ha reclamado la formación de un nuevo equipo al frente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que esté “cohesionado” y centrado en la búsqueda de acuerdos.

En este sentido, el sindicato ha señalado que esta dimisión es el reflejo de una “profunda crisis interna” que estaba padeciendo la Consejería “en un momento crucial” que requiere de un equipo centrado en gestionar la actual situación de crisis sanitaria y el correspondiente proceso de desescalada.

“La Administración ahora saliente no ha ofrecido a los centros y a la comunidad educativa unas instrucciones claras y uniformes que, salvaguardando la autonomía de los centros educativos, guíen de forma segura y clara sobre el desarrollo de lo que resta del actual curso y, lo que casi es ya más importante, sobre cómo se desarrollará el comienzo del próximo curso 2020-2021”, dice el STEC-IC.

Además, añadió que “para mayor desconcierto”, el pasado viernes a las 15.00 horas, la Consejería remitió a todos los centros educativos de Canarias una serie de “inconexos” documentos con “vagas” recomendaciones en los que se proponía la vuelta a las aulas de determinado alumnado para este lunes.

“En los mismos y aludiendo a inexistentes consensos con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, se añadía además, inopinadamente, al alumnado de 6º de Educación Primaria dentro de aquellos llamados a incorporarse voluntariamente a los centros a partir de hoy mismo”, señala el sindicato.

Ante esta situación, la organización sindical ha apuntado que la Consejería de Educación, “amparándose erróneamente en la autonomía de los centros educativos”, ha intentado descargar la toma de “importantes y delicadas decisiones”, así como toda la gestión de la desescalada, en los equipos directivos de los centros educativos, “convertidos de un plumazo en expertos en Prevención de Riesgos Laborales, cuestión que muchos equipos directivos han rechazado rotundamente”.

“Los centros educativos, más allá de respetar sus particularidades y autonomía, deben contar con un protocolo claro y sin ambigüedades que guíe el tránsito hacia la nueva normalidad educativa y, muy especialmente, la paulatina reanudación de la actividad educativa presencial con todas las garantías de seguridad necesarias”, aseveró STEC-IC.

De igual modo, ha apuntado que los centros precisan equipamientos de seguridad, recursos e instrucciones elaboradas por técnicos competentes en materia de seguridad y riesgos laborales sobre los protocolos a seguir en múltiples temas tales como agrupamientos del alumnado, ratios, equipamiento del personal de limpieza, docentes, alumnado, desarrollo de convivencia, medidas de flexibilización, certificación de la desinfección de los centros.

CCOO, que había pedido cambios al frente de la Consejería al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, después de que Educación dejara en manos de los equipos directivos de cada centros educativo las decisiones sobre la vuelta a las clases, dice ahora que “el tránsito en la Consejería debe ser lo más rápido posible” y pide a Torres que nombre a un nuevo responsable del área que defienda “el carácter educativo de la escuela por encima del asistencial”.

Respecto a las instrucciones para la desescalada, el secretario general de enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, dice, en declaraciones a la agencia Efe, que “la administración educativa no puede descargar su responsabilidad y debe tomar las riendas” con instrucciones claras y concretas, y con garantías de salud para toda la comunidad educativa.

Barroso pide inversiones para atajar las desigualdades entre alumnos y adaptar mejor las condiciones laborales a una educación a distancia o mixta. Reclama también que se fijen horarios, medidas de seguridad y de salud laboral y medios y formación específica para que el profesorado pueda desarrollar “esta nueva forma de enseñar”, ha demandado.

Además, el líder de CCOO dice que hay que reforzar el servicio de prevención laboral de la Consejería, que solo cuenta con cinco técnicos cuando la Inspección de Trabajo, con un mínimo de siete más.

Ante la posibilidad de volver a las aulas este curso en los cursos que suponen un cambio de etapa, Barroso ha demandado “condiciones higiénicas certificadas” y que sea voluntario para docentes y estudiantes.

Los padres y madres de alumnos piden un cambio de rumbo

Por su parte, la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias (Confapa Canarias) espera que la dimisión de la consejera regional de Educación, María José Guerra, implique “un cambio de rumbo” en lo que considera una “nefasta” gestión de la desescalada.

Confapa, que había pedido el relevo de Guerra y de su equipo, exigirá a los nuevos responsables educativos de Canarias que arbitren las medidas de seguridad necesarias para garantizar el retorno a sus puestos de trabajo de los docentes, de forma que se garantice el derecho a la educación de los alumnos, sobre todo de los que promocionan, y la necesidad de conciliación de sus padres.

La Confederación de padres y madres de alumnos dice que una vuelta segura a las aulas se podría articular “con una bajada de ratios” que favoreciera a “las familias más necesitadas”. La vuelta a las clases “permitiría a muchos padres no tener que elegir entre trabajar o cuidar de sus hijos, una situación a la que se enfrentan tanto familias monoparentales como otras muchas que dependen de un ERTE o de un posible contrato”, ha aseverado su vicepresidente, Sergio De la FE.

Confapa considera también que la posibilidad de conceder aprobados generales supone una “descarga de responsabilidades” por parte de las autoridades educativas y alerta del “nuevo retroceso en materia de desigualdad” que puede estar acarreando esta mala gestión de la desescalada educativa en una comunidad como la canaria.

“Desconocemos qué va a pasar en el verano y en el curso que viene. Todos se han lavado las manos por cobardía”, ha apostillado De la Fe, quien ha reclamado que durante el verano se puedan usar los centros educativos para que puedan desarrollarse los llamados campus, que permitirían a las familias flexibilizar sus obligaciones laborales.