El STEC denuncia el desmantelamiento de la escuela pública
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) insistió este lunes en su denuncia a la reducción de gasto en Educación anunciada con motivo de la crisis por el Gobierno Autónomo, que se “escuda en la crisis” para “seguir desmantelando la escuela pública”.
Y es que “el nivel de inversión en la educación pública en Canarias ha pasado de ser de los primeros a nivel estatal y en un lugar más que aceptable a nivel europeo para convertirse en estos momentos en ocupante de los vagones de cola”, por lo que la reducción de gasto, anunciada para el año que viene, no es nueva, según sostiene el sindicato en un comunicado.
De acuerdo a sus tesis, el STEC-IC afirma que no sólo ahora, sino ya desde años anteriores, “los recortes en todos los niveles de la educación no universitaria han sido progresivos y han ido en aumento”.
Además, sale al paso de las declaraciones en las que subraya que “el Gobierno afirma que el recorte presupuestario en Educación no afectará a la calidad educativa”, preguntándose “a quién pretende engañar el Gobierno” con sus afirmaciones.
Por todo ello, el STEC-IC reitera que “considera inaceptable que el Gobierno y su Consejería de Educación se escuden en la crisis para, sencillamente, continuar haciendo lo que en los últimos años han hecho sin crisis económica por medio: abandonar el servicio público de la educación, privatizar la educación destinando fondos públicos a concertar centros privados y desatender paulatinamente el aprendizaje del alumnado y la calidad del sistema público”.
Y, frente a los últimos anuncios de recorte de gasto, mantiene que, “en la actual situación de crisis, hay otras salidas diferentes a las del estrangulamiento de los servicios públicos esenciales para toda la población, como es el caso de la Sanidad y de la Educación”, en los que asegura que “es una desfachatez seguir destinando dinero público para privatizar”.
Su conclusión, por todo lo expuesto, es que, “frente a esta política devastadora del Gobierno de Canarias y de su Administración, sólo cabe la unidad de todos los agentes implicados en el ámbito educativo y de todos los afectados en la defensa contundente de los servicios públicos y de su calidad”.
