Suárez Gil tenía cuatro licencias de armas distintas
El empresario de Las Palmas de Gran Canaria José Miguel Suárez Gil, detenido por un presunto caso de violencia de género hacia su mujer, la abogada Josefina Navarrete, disponía de cuatro licencias de armas aunque se encontró material ilegal en su domicilio como por ejemplo silenciadores, según fuentes consultadas por Europa Press.
Tras los hechos, agentes del Cuerpo Nacional de Policía le intervinieron un total de 21 armas de fuego en su domicilio, en concreto, seis armas cortas, cuatro escopetas de caza y once fusiles de diversos calibres, además de gran cantidad de munición de diferentes calibres.
Suárez Gil, de 66 años de edad, disponía de licencia D, E, F y L. La licencia D es la que se emplea para caza mayor y la concesión de la misma depende de los jefes de zona de la Guardia Civil. En cuanto a la vigencia de la misma está fijada en 5 años, debiendo ser visadas bienal y anualmente para los mayores de 60 años y 70 años, respectivamente.
En cuanto a la E, se trata de una licencia también para caza pero menor. Su concesión la realizan los delegados o subdelegados de Gobierno y el periodo de vigencia también está situado en 5 años, debiendo ser visadas bienal y anualmente para los mayores de 60 años y 70 años, respectivamente.
Respecto a la licencia F, es para socios de las federaciones deportivas, se emplean en tiro olímpico. Su autorización corresponde al subdirector general de Operaciones de delegación de la Guardia Civil y su vigencia es de 3 años.
En lo que a la L se refiere, se trata de una licencia que se concede a particulares aunque no pueden ser empleadas para hacer fuego. Dicha licencia la autoriza el director o subdirector general de la Guardia Civil en la delegación correspondiente y la vigencia es indefinida.
Cargos
Suárez Gil se encuentra actualmente en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de que así lo decretara el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, al imputarle los delitos de amenazas, detención ilegal y tenencia ilícita de armas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.
