La huelga suspende 89 vistas, señalamientos y diligencias en las Islas
La huelga de jueces y magistrados ha provocado la suspensión a lo largo de la jornada de un total de 89 vistas, señalamientos y diligencias en todo el Archipiélago, según los datos que ofrece el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado el seguimiento en Canarias en un 51,2% frente al 65% que ofrece el comité de huelga de jueces y magistrados.
Con los datos del CGPJ, Canarias se sitúa como la cuarta comunidad en mayor asistencia a la huelga, sólo precedida de Aragón (65,3%), Murcia (62,6%) y Extremadura (56,9%).
Según el TSJC, de los 205 jueces y magistrados titulares ejercientes en la Comunidad Autónoma que no se encuentran en situación de enfermedad o en comisión de servicios,105 (un 51,2%) no han acudido este miércoles a su destino por expreso seguimiento de la huelga convocada.
En la provincia de Las Palmas, el paro afectó a más del 65% de los magistrados, a tenor de los datos recopilados de ambos comités de huelga. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife la cifra alcanzó casi el 61%. El resultado fue la paralización casi total de la actividad judicial en ambas capitales canarias.
La portavoz del comité de huelga en Las Palmas, Elena Corral, insiste en que ahora el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio ofrecerán cifras sobre la cantidad de jueces y magistrados sustitutos y titulares “que no están en condiciones de hacer huelga” por la posible debilidad de su siguiente nombramiento.
Corral, manifestó este miércoles que existen “amenazas de sanciones encubiertas” porque, afirmó, “toda España ha visto a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial amenazar con sanciones, negar el derecho de huelga y pedir cuentas al Ministerio de Justicia. Lo que no puede ser es que 4.500 jueces en España sean los que tienen que resolver los millones de litigios”.
En cuanto a la polémica suscitada por si la magistratura podía ir o no a la huelga de manera legal, puesto que el Consejo General del Poder Judicial manifiesta que no hay “marco legislativo que lo regule”, la representante de los huelguistas dijo que simplemente hay que dirigirse al artículo 28 de la Constitución, porque, explicó, a esta carrera no le ocurre como a la militar que sí tiene prohibición expresa de ejercer este derecho.
Corral aseguró que a esta huelga “teníamos que haber ido hace 20 años” aunque el problema es que “somos responsables, conservadores y se sacrifica la vida personal y el ocio para solucionar los problemas de los ciudadanos. Pero ya, aunque estén a destajo, no es suficiente con 4.500 jueces en España porque no pueden sacar el trabajo ni en tiempo ni con calidad”, dijo.
En cuanto a la efectividad del derecho a la tutela efectiva durante la jornada de paro, Corral expuso que no tiene sentido el cuestionamiento “porque se han suspendido más actuaciones con la huelga de funcionarios que con ésta. Y hemos fijado unos servicios mínimos que si los hubiera designado una autoridad externa los hubiéramos recurrido como abusivos”.
La actividad judicial no se verá más afectada que “un sábado, un domingo, que durante el mes de vacaciones judiciales o con la huelga de funcionarios de Justicia”, aseguró.
Quejas
“Lo que perturba el derecho a la tutela judicial efectiva es que el poder ejecutivo que tiene que presentar los presupuestos no destina a la Justicia ni la media de lo que se destina en Europa. En España tendríamos que superar esta media por la situación flotante que ni siquiera se considera. Deberíamos estar a la cabeza de Europa pero la realidad es que por detrás sólo tenemos a Armenia, Azerbaiyán y poco más”, concluyó.
El objetivo principal de la huelga es denunciar la falta de medios humanos y materiales para la agilización de los trámites judiciales, exigiendo la reforma urgente de la oficina judicial, así como que se mantenga en manos de los jueces la competencia de señalar juicios, la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías y una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Justicia.
Igualmente, los jueces reclaman el rediseño de los módulos de trabajo, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la modificación del sistema de sustituciones medias para conciliar la vida familiar y laboral, y la adecuación quinquenal de la Ley de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal.
