Trabajadores de Aduanas del Puerto de La Luz denuncian que están expuestos a la contaminación de los astilleros
“Lo del lunes fue la gota que colmó el vaso. La nube de polvo era brutal”. Quien así habla es un técnico de Inspección de Sanidad que trabaja en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de la Luz y de Las Palmas, dependiente del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y encargado de la realización de controles de entrada a la Unión Europea de animales vivos y productos de origen animal procedentes de terceros países. Los trabajadores de este centro llevan años denunciando que están expuestos a los efectos nocivos de las partículas procedentes de las labores de decapado y limpieza de los cascos de los barcos mediante el chorreo de arena a presión, así como de su pintura, en los astilleros ubicados a apenas 150 metros de la nave donde operan.
Según cuentan los empleados del PIF, un cambio “inesperado” en la dirección del viento provocó que el pasado lunes esas particulas metálicas dispersadas llegaran con mayor intensidad al centro. Los restos de pintura sobre los vehículos estacionados en la calle Unión Castle Line, donde se localiza el centro, evidencian las consecuencias de la proximidad de las instalaciones de Astican, empresa con la que, aseguran, han establecido una especie de protocolo para que sus operarios “pulan” los coches afectados por los restos de la imprimación de los buques.
Las denuncias de los trabajadores ante la Inspección de Trabajo se han sucedido con cierta regularidad en los últimos años. En varios de estos escritos, a los que ha tenido acceso Canarias Ahora, se advierte a la Delegación del Gobierno de España en las Islas de que, en los procedimientos de limpieza de chorro a presión, la arena se fragmenta en su impacto contra el casco en partículas muy finas, “liberándose al ambiente en forma de polvo de sílice cristalina”. Una de las denuncias, firmada por un representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), precisa que parte de este polvo está formado por partículas de las denominadas “de fracción respirable”, que no son perceptibles a simple vista, pero que “penetran hasta los alvéolos pulmonares, pudiendo causar daños graves en el sistema respiratorio”.
A ello hay que añadir, según el mismo escrito, la presencia de metales procedentes de la materia prima o de la imprimación del barco (cobre, zinc, dióxido de titania...), que implican “una posibilidad real de exposición” a “atmósferas potencialmente tóxicas”, y la contaminación acústica por los ruidos de las máquinas de trabajo, que pueden producir “lesiones de difícil localización, pero que en el futuro pueden comprometer la salud de los trabajadores”.
En años precedentes, el personal ha solicitado el traslado de las instalaciones hacia un emplazamiento alejado de los astilleros. El pasado mes de julio, en otro escrito llegaron a pedir el cierre inmediato del centro hasta contar con una garantía real de que pueden desarrollar su “crucial actividad laboral sin menoscabo” de su salud.
Desde la Delegación del Gobierno remarcan que, ante los requerimientos de la Inspección de Trabajo, han acometido una serie de actuaciones en el PIF del Puerto de La Luz, que se concretan en la medición de los niveles de ruido y la calidad de aire, las inspecciones periódicas y la ejecución de obras para la mejora del sistema del aire acondicionado. La Administración central asegura que en esos estudios no han detectado riesgo alguno para la salud de los trabajadores y que los niveles de contaminación ambiental y acústica están por debajo de los límites máximos permitidos, por lo que descarta un traslado de las instalaciones.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a la que también han llegado denuncias por este motivo, coincide con la Delegación del Gobierno y remite al mismo informe de la Administración central que concluye que no existe riesgo en materia de salud laboral para el personal del PIF.
Los representantes de los trabajadores puntualizan, en cambio, que esos estudios se realizaron cuando no había barcos en los astilleros o en periodos de actividad baja, critican la “red de abandonos” al personal del PIF tras años de “desidia institucional” y exigen una “completa y correcta evaluación de riesgos” y soluciones para proteger a profesionales que están expuestos cada día “más de seis horas” frente a la dársena de los astilleros. Sostienen, además, que el hecho de que Astican cumpla con los protocolos medioambientales sobre sus propios trabajadores no debe frenar a la Administración para actuar sobre los centros de trabajo próximos que sufren las consecuencias de sus trabajos.
