El servicio de Intervención del Instituto de Atención Social y Sociosanitara (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, subraya en su informe sobre la polémica adquisición a dedo de un edificio de Antonio Plasencia por 29,1 millones de euros (compra y adaptación interior) en Santa Cruz de Tenerife que ha dado el visto bueno únicamente a que se inicie la tramitación de la compra, pero deja “claro” que en ningún caso el pago, al tiempo que se queja de que le dieron poco tiempo para examinar la documentación, de que esta se halla incompleta e incluso de que no está debidamente justificado por qué no salió a concurso la compra del inmueble.
Es más, el día 27 ese órgano fiscalizador se había negado por escrito a emitir su informe para el consejo rector del IASS convocado para esa fecha porque se trataba de un asunto “de un alto grado de complejidad” que “debería haber sido no solo tramitado, sino remitido a esta unidad con la suficiente antelación para su debido estudio, imposible de abarcar en el escaso plazo con el que se ha contado”, tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.
Esa negativa obligó a la presidenta del IASS, Juana María Reyes (CC), a aplazar hasta el día siguiente la aprobación del inicio de la compraventa, y a convocar por tanto una nueva reunión del consejo rector urgente.
En esta ocasión, un día después (28 de diciembre de 2018), el interventor sí envió informe, pero reiterando en este sus quejas del escrito anterior, pues no entendió esas prisas si se trata “sin duda del gasto más importante afrontado en los últimos años” por el organismo público del Cabildo y además un proceso que para “ser enjuiciado en su totalidad sería necesario contar con información que hoy en día no obra en el expediente”.
Lo cierto es que el dictamen del funcionario Lorenzo Ramírez Rivero que se envió al consejo rector del IASS el 28 de diciembre no es ni mucho menos un cheque en blanco a la compra de ese edificio de 13 plantas en Cabo Llanos, propiedad de Carlacand, SL, de la familia de Plasencia.
El interventor sostiene que las razones para que la compra fuera directa y no por pública concurrencia “deberían haber quedado mejor explicitadas en el expediente incoado”, pues, según el técnico, las explicaciones al respecto “se limitan” a las afirmaciones que hace la presidenta del IASS, Juana María Reyes, y dos informes técnicos “sin acompañar documentación al respecto”.
Un procedimiento a dedo insuficientemente justificado
Aunque la legislación permite en algunos supuestos la compra directa, la realidad es que el interventor no ve suficientemente justificado el motivo por el que se acude a las excepciones legales, en lugar de a la regla, que es el concurso público, pues el organismo sociosanitario alega que buscó durante 2017 y 2018 un inmueble y no lo encontró hasta que apareció, no se sabe bien si porque se enteró el promotor o porque el IASS se lo dijo, la oferta de Plasencia (23 millones por el inmueble más 6,1 para convertirlo en geriátrico, con la reforma de su interior).
En esta línea, llama la atención al interventor que “poco o nada se dice en el expediente sobre el estado de la edificación del actual Hospital Febles Campos, ni sobre si dicho estado permitiría o no demorar en el tiempo la adquisición de una ubicación alternativa, aspecto sin duda relevante para justificar una compra” directa a Plasencia.
El IASS ha explicado este procedimiento a dedo por la necesidad de reubicar a los pacientes de dicho centro sociosanitario, ya obsoleto (y el de Ofra), para el que existe desde 2017 un proyecto de demolición y construcción de otro geriátrico en su lugar, pero que no puede ser ejecutado hasta no contar con un inmueble alternativo para reubicar a los internos.
El interventor constata además que en el momento del acuerdo para iniciar la compra todavía no podía acreditarse de modo formal las modificaciones presupuestarias necesarias mediante las que el Cabildo va a transferir al IASS 13,3 millones de euros, ya que el organismo autónomo no disponía entonces sino de parte de los fondos con los que se iba a financiar esa adquisición.
El técnico se cuida de no dar un cheque en blanco
Por todo ello, el funcionario se cuida de matizar hasta dónde debe entenderse su visto bueno condicionado: “Debe quedar claro que el sentido del presente informe en ningún caso puede condicionar las actuaciones posteriores que pudieran ser realizadas por parte de la Intervención, encaminadas a la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales, ni en modo alguno se puede extender a una fase contable diferente de la de la autorización del gasto, en concreto a la disposición o compromiso a favor de la empresa Carlacand, SL, para la cual habrá de acreditarse previamente la situación legal de la propiedad, su adecuación a la finalidad para la que se prevé adquirir esta, la obtención de la pertinente licencia urbanística y el resto de requisitos legales aplicables al efecto”.
El acuerdo tomado por el IASS el día de los inocentes ha generado una gran polémica política y social, al tratarse de un empresario condenado por partida doble en el caso Las Teresitas (por el que el Ayuntamiento santacrucero le reclamará, una vez la sentencia sea firme, 52 millones más intereses desde 2001) y el caso Áridos de Güímar (por el que deberá pagar una cantidad similar a cambio de no ingresar en la cárcel, para restaurar los gigantescos hoyos de las extracciones ilegales de arena en el barranco de Badajoz).
La compraventa del inmueble para el IASS ya solo la defiende CC, tras desmarcarse PSOE y PP, aunque la apoyaron en el consejo rector (y además en el Consejo de Gobierno insular los socialistas), mientras que Podemos se abstuvo.