Concentración en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas: “La condena al fiscal general es un golpe judicial”

Dos centenares de personas se dieron cita este sábado, Día de la Constitución, ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para protestar por la condena al fiscal general del Estado al considerar que supone “un golpe judicial que vulnera el Estado de Derecho” por lo que insisten en el lema de la convocatoria: “Ni acatamos ni respetamos esta condena”. 

Una gigantesca bandera republicana extendica sobre el pavimento, acompañadas de otras de Canarias con las siete estrellas verdes y una tercera de Palestina, presidieron el acto. En él se dieron cita veteranos dirigentes y militantes de formaciones políticas como el PSOE o Nueva Canarias, así como representantes sindicales y de entidades sociales y ciudadanas sin que se registrara ningún incidente y ante la presencia discreta de tan solo dos unidades de la Policía Nacional.

Quince días después de que la Sala Segunda del Supremo hiciera público el sentido del fallo, aún no se conoce la sentencia, es decir, los fundamentos que han conducido al tribunal a condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una pena 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, a la inhabilitación especial para el cargo por de dos años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Además, el fallo incluyó una indemnización como responsabilidad Alberto González Amador a 10.000 euros “por daños morales”. 

Esa demora ha alimentado aún más la indignación entre los convocantes de esta concentración, lo que se evidenció no solo en el manifiesto, sino también en los corrillos posteriores a su lectura. Fue la histórica dirigente sindical, funcionaria de Justicia retirada y exdiputada de Podemos Meri Pita la encargada de leer el manifiesto. “Un fallo sin hechos ni fundamentos no es sentencia válida: es un acto de voluntad carente de motivación, una conclusión sin razonamiento”, leyó Pita.

Además, desde que se divulgó el fallo hasta la fecha, han aflorado una serie de “anomalías” que los concentrados destacaron, como que tres de los cinco magistrados que votaron la condena —Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo— cobraran del Colegio de la Abogacía de Madrid, acusación popular en el proceso, mientras deliberaban. 

“Pero la relación entre estos magistrados y las acusaciones es más profunda”, recuerda el manifiesto: Antonio del Moral codirigió durante años las tesis doctorales de dos abogados de las acusaciones y el 18 de noviembre, durante el curso del ICAM, el magistrado Andrés Martínez Arrieta —presidente de la Sala y ponente— declaró ante testigos: “Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”. Esta frase, a juicio de los convocantes de esta concentración, “revela información protegida por el secreto de deliberación del artículo 233 de la LOPJ: que las deliberaciones ya tenían estructura decisoria y el sentido del fallo era condenatorio. El magistrado que condenó por ”revelación de datos reservados“ reveló públicamente secretos de deliberación. Por eso ha sido querellado por el mismo delito” por Los Comuns.

Para los organizadores de la concentración de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, se trata de una evidencia de lawfare, es decir, uso instrumental del Derecho como arma política, para desplazar al fiscal general mediante un proceso viciado. “Un fallo sin sentencia que emplea términos que no aparecen en el tipo penal. Magistrados que cobran de las acusaciones durante las deliberaciones. Magistrados que dirigen tesis de los acusadores y reciben premios de las acusaciones. Un presidente de tribunal que revela secretos de deliberación. Y todo ello sin que exista, quince días después, la sentencia que debe justificar la condena”.

Los manifestantes exigieron la publicación inmediata de la sentencia completa: “Queremos conocer los hechos probados y los fundamentos jurídicos que sustentan la condena. Queremos saber por qué el fallo emplea ”datos reservados“ cuando el artículo 417.1 del Código Penal exige ”secretos“ o ”informaciones que no deban ser divulgadas“. Queremos saber qué norma establecía el deber de reserva sobre la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid del 14 de marzo de 2024, pues el tipo penal exige que la información ”no deba ser divulgada“ por norma previa”.

Además, exigen “la recusación de los cinco magistrados que votaron la condena por pérdida de imparcialidad objetiva y revelación pública de secretos de deliberación”, así como la repetición del juicio con un tribunal diferente, “como corresponde cuando la imparcialidad queda comprometida”.

A su entender, “lo que está en juego no es solo la condena del fiscal general. Está en juego la supervivencia del Estado de Derecho”.