Rosa Dávila defiende el uso de seguridad privada en el Teide y el PSOE le pide anular la licitación

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes la legalidad de la incorporación de guardas rurales al servicio de vigilancia del Parque Nacional del Teide, siempre bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente. El PSOE, sin embargo, lo tacha de privatización, en línea también con lo expresado por Agentes Forestales y de Medio Ambiente de las administraciones públicas de Canarias, sus sindicatos y los de diversos cuerpos de seguridad del Estado, especialmente los de la Policía Local de municipios como La Orotava. Estos no solo advierten de la privatización de una labor que es pública, sino también de la posible “ilegalidad” de hacerlo, ya que esos nuevos agentes no tienen potestad para poner multas ni cuentan con autoridad.

Dávila ha comparecido en el pleno a petición del grupo Socialista, cuyo portavoz, Aarón Afonso, ha asegurado que las competencias que se atribuyen a los guardas rurales privados corresponden a los agentes de medio ambiente, por lo que ha exigido que se suspenda la licitació, de 3,7 millones de euros, destinada a externalizar los servicios y “privatizar la seguridad”.

“No hipoteque los próximos cinco años de este Cabildo privatizando la seguridad del Parque Nacional, no formalice el contrato, ponga en marcha un programa temporal que incorpore como funcionarios interinos a agentes de medio ambiente”, ha reclamado sin éxito Afonso.

El portavoz de CC, José Miguel Ruano, ha confirmado que el proceso seguirá adelante y ha acusado al representante socialista de plantear “un debate falso”, puesto que la presencia de seguridad privada es habitual en infraestructuras e instituciones públicas y también en otros parques nacionales gestionados por el Estado, sin que ello implique una privatización de las funciones esenciales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió que el debate sobre el futuro del Teide no gira en torno a la privatización, sino que se trata de protegerlo y preservarlo “a toda costa”, una línea de actuación que el actual gobierno insular asegura estar ejecutando y que no hizo el precedente, sostuvo.

Desde que el Cabildo asumió las competencias de gestión, ha actuado con rapidez y ha definido un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) con una hoja de ruta que cambiará el modo de visitarlo, explicó.

Se ha pasado de dos a catorce agentes de medio ambiente, se han incorporado nueve técnicos funcionarios de campo y se va a reforzar la presencia continua de Policía Canaria, Policía Local de La Orotava y el Seprona de la Guardia Civil, ha destacado.

Es en ese contexto en el que se incorporarán 16 guardas rurales de una empresa privada, pero que operarán bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente, un despliegue que va a permitir una vigilancia permanente y el control del espacio las 24 horas del día durante todo el año, indicó la presidenta.

Esos guardas rurales podrán actuar para proteger los recursos naturales frente a actividades ilegales o inapropiadas, asegurar la seguridad de los visitantes, controlar miradores y accesos conflictivos fuera del parque nacional, actuar con rapidez ante emergencias o regular el acceso nocturno y evitar pernoctaciones ilegales, detalló Dávila.

Por eso rechazó las críticas sobre una posible privatización, ya que se refuerza la capacidad operativa bajo control público, de unos agentes de medio ambiente cuyas funciones propias no asumen.

Para ilustrarlo, comparó este modelo con la presencia de empresas de seguridad en aeropuertos o en edificios institucionales como el propio Cabildo.

Dávila, quien recibió el apoyo de los portavoces de CC, PP y Vox, contrapuso este modelo con lo que calificó de “descontrol y abandono” en el pasado mandato.

Usar la bolsa de agentes de medio ambiente

El representante del PSOE, Aarón Afonso, manifestó que su grupo apoyará siempre la protección del Parque Nacional del Teide, pero mostró un rechazo frontal al modelo planteado por el gobierno insular, al considerar que “la privatización es inexplicable” cuando hay una bolsa de agentes de medio ambiente que podrían ser contratados de manera interina, puesto que este personal público es el que cuenta con competencias específicas para esa labor.

Así lo defienden los sindicatos, las asociaciones de agentes medioambientales y los propios agentes de la Policía Local de La Orotava, argumentó.

Denunció que el Cabildo ha optado por externalizar funciones en lugar de reforzar la función pública, cuando existe margen para ampliar la plantilla de agentes de medio ambiente, habilitados legalmente para las tareas de vigilancia y control.