Cerca de un centenar de vecinos de Mesa del Mar se han reunido este lunes frente al ayuntamiento de Tacoronte para protestar contra el proyecto de instalación de una desaladora en su localidad, una decisión que no comparten por los posibles efectos medioambientales que puede provocar la instalación, especialmente para el fondo marino.
A pesar de la lluvia y de tratarse de un día laboral, los residentes en la zona se han congregado a primera hora de la mañana en la Plaza del Cristo del municipio con carteles, cacerolas y pitos para hacer ruido mientras dentro del consistorio tenía lugar el pleno.
El coordinador de la Plataforma por la Defensa del Litoral de Tacoronte, Alfonso Ferrer, ha indicado que los vecinos no fueron avisados con antelación de la instalación de la desaladora a través de un proceso de exposición pública, motivo por el cual han decidido organizarse y manifestarse para hacer cambiar de parecer al equipo de gobierno local.
“Los motivos son sobre todo medioambientales. Hay un pueblo de pescadores a 50 metros de donde pretenden poner la desaladora y está demostrado que los daños en el medio acuático serían irreversibles, para una economía que ya de por sí es bastante complicada. No ha habido reuniones para explicar los riesgos o las alternativas, porque creemos que hay otras opciones mejores”, ha explicado Ferrer.
A lo que ha añadido que en la actualidad de los 11 edificios que se encuentran en Mesa del Mar, 10 de ellos reciben agua a través de galerías, lo que demuestra a sus ojos que la desaladora “no es una necesidad” y que va a “crear un malestar en la ciudadanía”.
Desde el Ayuntamiento de Tacoronte han anunciado en un comunicado la puesta en marcha de “un proceso de valoración de alternativas” de tal manera que se “garantice el abastecimiento de agua en la ciudad” con un “mayor consenso” frente a las directrices que defiende en la actualidad la compañía Teidagua.
De esta manera, el consistorio ha decidido mantener paralizadas las obras iniciadas a principios del mes de diciembre hasta que se obtengan “todos los informes necesarios que demuestren su viabilidad” y que se valore su ejecución “frente a otras acciones que puedan ser igual de eficaces”.