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Cuatro asociaciones cuestionan la ley para proteger los árboles en Canarias: de “mínimos”, sin participación y con multas “débiles”

Tala en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

Álvaro Morales

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La nueva Ley de Protección del Arbolado Urbano y del Arbolado de Especial Protección de Canarias supone un avance, pero al menos cuatro asociaciones de Santa Cruz de Tenerife la consideran simplemente “de mínimos”, alertan de sus consecuencias si no se añaden o corrigen algunas cuestiones y critican también el régimen sancionador, “prácticamente inexistente o poco efectivo”. 

Se trata de las entidades Los árboles hablan, Iniciativas 10, AAVV Urban Centro el Perenquén y la de El Toscal de las Tribulaciones, que coinciden en resaltar el avance que supone este texto normativo, pero también avisan de los efectos de sus carencias o vacíos en aras de proteger el rico patrimonio vegetal, de zonas verdes y árboles de las Islas. 

El Parlamento de Canarias respaldó esta normativa el pasado 10 de diciembre. Estas entidades consideran “una buena noticia que se apruebe una Ley a partir de una ILP que llevaba en trámite desde el año 2019”, por lo que agradecen el esfuerzo de los impulsores de la iniciativa -y, en especial, al representante de la plataforma, Domingo Afonso-, que recogieron 18.000 firmas con el objetivo de proteger los árboles urbanos, sobre todo por “su implicación, su trabajo, su conciencia medioambiental y su amor por los árboles”. 

Asimismo, subrayan el trabajo de los ponentes de los grupos parlamentarios, “en especial de la diputada del PSOE Alicia Vanoostende”, pero consideran que el texto se ha quedado demasiado corto y censuran, sobre todo, que no se tuvieran en cuenta en su tramitación algunas de las mociones que se propusieron “para enriquecerla, sometiéndola a una poda drástica”.

Tala en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, censuran que, en lo que respecta a una adecuada gestión del arbolado, “sólo se incluya el inventario obligatorio, que los ayuntamientos tienen que elaborar en los dos años posteriores a la aprobación de la ley”. Según remarcan, “se queda fuera el refuerzo de servicios técnicos, la formación obligatoria de éstos y medidas concretas que garanticen el mantenimiento a largo plazo de los árboles”.

“Esta falta de mantenimiento del arbolado por parte de las empresas de Parques y Jardines -sostienen- es la que ocasiona la mayoría de las talas de los árboles, lo que llevamos denunciando desde hace años: riego inadecuado, no se les trata cuando están enfermos, alcorques sin las adecuadas dimensiones y con cemento o asfalto cubriendo la superficie, carencia de abono, sustrato incorrecto, colocación de elementos que dañan los árboles (tornillos, clavos, bridas, luces, cuadros eléctricos para actos festivos), carencia de dispositivos o de vegetación que impidan a los perros orinar en los troncos y otros”.

Sobre las obras públicas o actos se quejan de que, en la actualidad, en las actuaciones de las administraciones “no se incluye al arbolado existente, se dice que está enfermo, se propone la tala y su sustitución por nuevos ejemplares”. En este punto, aluden en concreto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que pretende actuar así “con las jacarandas de la calle Puerto Escondido”. 

Además, alertan de que, en otros casos, “se valla la zona de obras, se les deja sin riego, sin protección de las raíces, se dañan las ramas, se echa cemento en los alcorques durante los trabajos y se talan después. Esto ha ocurrido en las obras del Parque Viera y Clavijo y en la remodelación del polideportivo municipal”, denuncian. 

Grandes aglomeraciones

Asimismo, señalan que, ante fiestas multitudinarias, como el Carnaval, “no se protege adecuadamente a los árboles de la zona del cuadrilátero y en los alcorques acaban miles de litros de orina humana, basura y productos tóxicos de limpieza que dañan a los árboles”.

Otro aspecto que critican es que, en lo tocante a la participación ciudadana, haya “desaparecido del preámbulo de la ley la creación de Consejos Municipales del Arbolado Urbano que incluyera a asociaciones ciudadanas, paisajistas y científicas especializadas en diseños y proyectos de arbolado urbano”. 

Además, consideran que “no se desarrolla el régimen sancionador y se ha dejado en manos de los ayuntamientos la potestad de establecer los tipos y multas mediante ordenanza”.

Estas asociaciones son especialmente activas en la capital tinerfeña y, por eso, alertan de que “en Santa Cruz no existe una ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, aunque el concejal de Parques y Jardines, según noticias publicadas en prensa, se comprometió a aprobarla a finales de 2024”. “Si bien sí existe un Catálogo de Árboles Singulares del Municipio que incluye 85 ejemplares, la normativa de protección sigue sin aplicarse. Como ejemplo de malas prácticas, está la poda drástica a la que se sometió a un ejemplar de árbol de la lluvia situado en un jardín del colegio de la Pureza”, detallan.

Por todo, subrayan que “desde los colectivos y asociaciones implicadas en la defensa de los árboles urbanos seguiremos exigiendo el cumplimiento de las leyes que los protegen, el desarrollo de la normativa municipal y la adecuada gestión y mantenimiento de los árboles de Santa Cruz de Tenerife”. 

Según recuerdan, “nuestros árboles aportan innumerables beneficios al medio ambiente y a la salud: producen oxígeno, filtran la contaminación, aportan sombra y humedad, disminuyen la temperatura y apantallan el ruido, por lo que merecen respeto y cuidados, pues gracias a ellos disfrutamos de una ciudad habitable. Esperamos que, tras la aprobación de esta ley, los árboles urbanos de las Islas estén más protegidos de podas drásticas y talas indiscriminadas”, que en los últimos años han denunciado con bastante asiduidad en lo que respecta a la capital de Tenerife.

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