Veinte años después de la ley, Aragón mantiene abandonadas la mayoría de sus vías pecuarias

Veinte años después de que Aragón se dotara de una ley propia para proteger y ordenar sus vías pecuarias, el balance que trazan organizaciones ecologistas y buena parte de los grupos parlamentarios es contundente: la mayor parte de las históricas cabañeras continúa sin clasificar, sin deslindar y sin una protección efectiva sobre el terreno. Pese a tratarse de bienes de dominio público y de un patrimonio clave para la ganadería extensiva, la biodiversidad y la memoria histórica del territorio, la política pública sobre vías pecuarias sigue siendo marginal y fragmentaria.

La Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón reconoció estas rutas tradicionales como parte de la Red de Vías Pecuarias de la comunidad y estableció la obligación de su defensa, conservación y mejora. Dos décadas después, muchos de los instrumentos previstos en la norma apenas se han utilizado. El resultado es una red de miles de kilómetros de caminos ganaderos degradados, ocupados o directamente desaparecidos en la práctica, especialmente en zonas rurales sometidas a abandono o a una fuerte presión de usos incompatibles.

La última llamada de atención ha llegado desde la confederación estatal de Ecologistas en Acción, que con la participación de decenas de colectivos de todo el país aprobó a principios de diciembre, en su asamblea celebrada en Vigo, una resolución en la que reclama al Gobierno de Aragón la creación de un servicio técnico propio y especializado en vías pecuarias, separado del actual Servicio de Gestión Forestal y dotado de recursos humanos y materiales suficientes. La organización considera que la adscripción actual ha contribuido a que estas infraestructuras queden relegadas frente a otras prioridades administrativas.

El pronunciamiento ecologista se apoya en el balance realizado con motivo del 20 aniversario de la ley aragonesa, cuyos resultados califican de “muy preocupantes”. Según los datos recopilados por Ecologistas en Acción Aragón, en torno a 300 municipios aragoneses, cerca del 40% del total, siguen pendientes de clasificar oficialmente sus vías pecuarias, un trámite básico que permite reconocer su trazado y su carácter público. Al ritmo actual, denuncian, el avance es de apenas ocho municipios por legislatura, lo que prolonga durante décadas una situación de inseguridad jurídica.

Aún más grave es la situación del deslinde y el amojonamiento, los procedimientos que fijan los límites físicos de las vías y las protegen frente a ocupaciones o usurpaciones. Solo alrededor del 3% de las vías ya clasificadas ha sido deslindado y señalizado desde la entrada en vigor de la ley. En la práctica, esto significa que la inmensa mayoría de las cabañeras carece de una delimitación clara sobre el terreno, lo que facilita su invasión progresiva por cultivos, vallados, infraestructuras o edificaciones.

La ley de 2005 incorporó además la figura de las Vías Pecuarias de Especial Interés, pensada para aquellos tramos con un valor ambiental, cultural o estratégico singular. Sin embargo, en veinte años el Gobierno de Aragón no ha declarado ni un solo metro bajo esta categoría, a pesar de que la propia norma la concibe como una herramienta para priorizar la protección y recuperación de los itinerarios más valiosos. Para Ecologistas en Acción, esta inacción refleja la ausencia de una política específica y planificada.

Otro de los indicadores del abandono institucional es el funcionamiento del Consejo Aragonés de Vías Pecuarias, el órgano consultivo y participativo previsto en la ley. Desde su creación solo ha sido convocado una vez, en 2015. La organización ecologista denuncia también una política de autorizaciones que vacía de contenido la protección legal: el 97,4% de las solicitudes de ocupación temporal de vías pecuarias son autorizadas, muchas de ellas para usos que no cumplen el carácter excepcional y temporal que exige la normativa. A ello se suma, según denuncian, el incumplimiento de la obligación legal de destinar los ingresos procedentes de sanciones, ocupaciones y aprovechamientos a la conservación y mejora de las propias vías.

Este diagnóstico ha tenido reflejo directo en el Parlamento aragonés antes de su disolución por la convocatoria electoral para el 8 de febrero. El pasado 1 de diciembre, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón aprobó una propuesta presentada por Chunta Aragonesista (CHA) que plantea reactivar de forma decidida la política pública sobre vías pecuarias. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox y Aragón-Teruel Existe y la abstención del PP y del PSOE.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, defendió las cabañeras como “unas infraestructuras que forman una parte esencial de nuestra identidad” y recordó que constituyen “un sistema público de paso ganadero que sirvió con el tiempo para articular la biodiversidad”. Soro denunció el abandono actual de este patrimonio colectivo y apostó por un plan integral que incluya la clasificación y el deslinde pendientes, la creación de un servicio especializado en el Gobierno de Aragón y la reinversión de los ingresos procedentes de sanciones en su mantenimiento y mejora.

Durante el debate parlamentario, los distintos grupos coincidieron en el diagnóstico general, aunque mostraron matices sobre las soluciones. Desde el Partido Popular, José María Giménez señaló las dificultades prácticas de la propuesta y subrayó la reducción de la trashumancia tradicional y la evolución del modelo ganadero. El diputado popular recordó que el Departamento de Medio Ambiente ha invertido más de un millón de euros en la legislatura actual en actuaciones relacionadas con vías pecuarias, y advirtió de la complejidad técnica y jurídica de algunos procesos de deslinde.

El socialista Ángel Peralta puso el acento en el deterioro físico de muchas cabañeras, algunas de las cuales “han dejado de ser vías ganaderas para convertirse en carreteras o caminos asfaltados”. El diputado del PSOE sugirió abrir una vía presupuestaria específica, gestionada por los ayuntamientos, para mejorar su estado y evitar su desaparición definitiva. Desde Vox, Santiago Morón vinculó la conservación de las vías pecuarias con la prevención de incendios forestales, al actuar como corredores abiertos y facilitar el acceso al territorio. Por su parte, Pilar Buj, de Aragón–Teruel Existe, fue especialmente crítica con la ejecución de la ley y reclamó que el Gobierno autonómico no delegue en los municipios una responsabilidad que considera estructural, dado que muchos carecen de medios suficientes.

La normativa vigente en Aragón define las vías pecuarias como rutas tradicionales por donde discurre o ha venido discurriendo el tránsito ganadero y las reconoce como bienes de dominio público. La ley establece procedimientos detallados de clasificación, deslinde y amojonamiento y subraya su función ganadera, ambiental, cultural y territorial. El propio Gobierno de Aragón recoge estos principios en su portal oficial sobre vías pecuarias, donde se señala su papel como corredores ecológicos y elementos vertebradores del medio rural. Sin embargo, la distancia entre el marco legal y su aplicación práctica sigue siendo muy amplia.

Para quienes todavía trabajan con ganadería extensiva, las consecuencias de esta inacción administrativa son cotidianas. Miguel Ángel Bernués, ganadero de ovino en el Prepirineo oscense, explica que la falta de deslinde genera conflictos constantes. “Si una cabañera no está clara sobre el terreno, cualquiera la va ocupando poco a poco. Un año se ara un trozo, otro se pone una valla, y al final el camino desaparece”, relata. Aunque reconoce que la trashumancia larga ha disminuido, insiste en que las vías siguen siendo necesarias para los movimientos de ganado entre términos y zonas de pasto. “Cuando no puedes usar la cabañera, acabas yendo por la carretera con los animales, con el peligro que eso supone”.

Bernués coincide con ecologistas y grupos parlamentarios en que el problema no es solo normativo, sino de gestión. “La ley está bien escrita, pero hace falta gente que se dedique a esto, que vaya al terreno, que deslinde, que amojone y que mantenga. Si no, las cabañeras se pierden aunque sean públicas”, sostiene.

Ecologistas en Acción ya ha trasladado formalmente al consejero de Medio Ambiente y Turismo el acuerdo adoptado en su asamblea confederal y la petición de crear un servicio propio de vías pecuarias con el objetivo de avanzar de forma decidida en su protección y recuperación.