“La sobrecarga de trabajo es insoportable”: sin recursos públicos para atender la salud mental en Canarias

La hija menor de Camila Piña, de doce años, recibió ayuda psicológica por primera vez en 2022 después de que su colegio recomendara su tratamiento. En Las Palmas de Gran Canaria fue atendida tres veces en año y medio. Y luego, cuando su familia se mudó a Vecindario, fue vista por otro especialista, pero en solo una ocasión. Hasta este verano, solo había asistido a cuatro sesiones en tres años. Su madre, de 33 años, dice que la llamaban por teléfono desde el Servicio Canario de Salud (SCS) para cancelar las citas por falta de recursos. En algunas ocasiones, asegura, no recibió ninguna explicación. Su hija continúa sin diagnóstico. Ella asevera que no ha podido solicitar ayudas por la ausencia de ese informe.

La carencia de recursos en la sanidad pública continúa debilitando la atención en salud mental en Canarias. El Archipiélago ha pasado de tener 138 psicólogos públicos en 2020 a contar con 205 en 2024, según los últimos datos obtenidos por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia. Hay cuatro en El Hierro, doce en Fuerteventura, 78 en Gran Canaria, catorce en La Palma, 24 en Lanzarote, 72 en Tenerife y solo uno en La Gomera.

Las Islas solo han sumado 67 especialistas desde la crisis sanitaria del coronavirus, cuando la salud mental dejó de ser tabú y comenzó a protagonizar debates también en los parlamentos. Se habló de ella como “la pandemia silenciosa”. Se aprobó el Plan de Salud Mental de las Islas para el periodo entre 2019-2023. Se afirmó por parte del Gobierno de Canarias (y de todos los ejecutivos) que atajar el incremento desbocado de los trastornos mentales, especialmente entre la población joven, era una “prioridad”. Pero un lustro más tarde, la realidad es tozuda.

Psicólogos y psiquiatras del SCS que han accedido a hablar bajo anonimato describen el sistema como un modelo de parches en el que solo tienen capacidad para “apagar fuegos”. La situación es tan crítica que la jefa del Servicio Infanto-Juvenil del Hospital Insular, en Gran Canaria, dimitió recientemente por el déficit crónico de personal: en octubre de este año, en una plantilla teórica de 27 facultativos, había doce bajas sin cubrir, de las cuales ocho se debieron a abandonos definitivos del servicio por la sobrecarga de trabajo.

Los especialistas denuncian la carencia crónica de psicólogos clínicos PIR (Psicólogo Interno Residente), para los que hay “puestos sin cubrir” tras la jubilación de profesionales; cuestionan la distribución de los refuerzos del servicio que, a juicio de algunos, han ido a parar a “recursos de nueva creación y no a dispositivos preexistentes saturados”; y recuerdan que la psicoterapia requiere de frecuencia habitual para tener éxito, una meta utópica con la estructura actual.

“Para nosotros no funciona hacer una primera consulta y desligarnos del paciente durante un tiempo. Yo tengo que verlo con cierta frecuencia e intensidad para que pueda ser eficaz, si no, lo que estoy haciendo es un mal trabajo porque evidentemente no le estoy ayudando, y se puede cronificar, se puede cristalizar lo que le pasa, evolucionar negativamente. Ese es el problema al que nos enfrentamos”, explica una fuente.

Todo eso ocurre en una comunidad que registra el tercer porcentaje más alto de consumo de antidepresivos en España (9,47%), solo por detrás de Galicia (10,56%) y Asturias (11,16%), y en la que casi el 16% de su población presenta algún tipo de cuadro depresivo, el quinto porcentaje más alto del país, de acuerdo con la Encuesta de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La prevalencia de trastornos mentales en Canarias es del 29,5%, un valor muy superior en comparación con el conjunto del Estado (17,9%), según cifras de Atención Primaria. Después de la pandemia, las solicitudes de atención se han multiplicado por cuatro, pasando de veinte interconsultas al mes a veinte por semana, detalla una especialista.

Que la ratio en el Archipiélago sea de nueve psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes no ayuda precisamente a revertir esos datos. Lo recomendable es que haya al menos 12 por cada 100.000, según estudios. Y eso teniendo en cuenta solo a los clínicos, es decir, los que han cursado el PIR. Pero apenas se convocan plazas: en 2025 se ofertaron diez en las Islas, según el Consejo General de la Psicología en España. En 2026 también serán solo diez. En total, España ha convocado 280 plazas para el año que viene. Pero habría que elevar ese registro a 431 durante tres años para poder cubrir la demanda, según una reciente investigación publicada en la revista Human Resources for Health.

La gran mayoría de contrataciones en los últimos años, al menos en el SCS, ha sido de personal laboral mediante el programa específico de salud mental en atención primaria o, ahora, para cubrir las bajas en el Servicio de Infanto-Juvenil del Hospital Insular. La Sociedad Española de Psicología Clínica ha denunciado estas últimas incorporaciones, calificándolas de “ilegales”, y ha cargado contra el Ejecutivo canario al considerar que así “pretende tapar sus deficiencias en gestión y desatención (…) contratando a personal no cualificado”.

Una de las fuentes consultadas comparte ese razonamiento: “Ha habido de forma crónica una falta de previsión de las plazas PIR necesarias para cubrir la demanda asistencial. [Estamos hablando de] un facultativo especialista con la misma categoría profesional que un médico, con todos los beneficios que eso trae para los pacientes y la calidad de la asistencia. Hay puestos sin cubrir porque no hay psicólogos clínicos. Y desde mi punto de vista, la única forma de solucionarlo es aumentar las plazas PIR y formar a suficientes especialistas para poder cubrir la demanda”.

Ante ese vacío de personal, la “sobrecarga de trabajo se ha vuelto insoportable”, indican. Una especialista sostiene que comienza a haber “una dificultad enorme para atraer a profesionales” y que, al menos en el Servicio de Infanto-Juvenil, “ha habido un éxodo masivo de trabajadores” que se han marchado, bien al servicio de adultos, o bien a la sanidad privada por la “falta de reconocimiento” y el “incremento de la demanda”.

Precisan que, sin psicólogos ni psiquiatras públicos, los pacientes caen en un “limbo de intervenciones” que puede provocar que sus patologías se agraven bajo un modelo “médico” que eterniza su seguimiento. Los profesionales de las unidades de salud mental se ven obligados a dividir sus consultas en dos tipos: nuevas (pacientes atendidos por primera vez) y sucesivas (revisiones). Lo “normal” es recibir a dos pacientes nuevos al día y el resto sucesivas. “Se hace así para evitar un aumento de la lista de espera”, señalan.

Pero eso solo tiene sentido cuando el tratamiento es farmacológico, puntualizan. “Te veo hoy, te evalúo, te pongo una mediación y te cito en unas semanas o meses a ver qué tal te ha ido”. En psicología clínica, no obstante, tendría que ser diametralmente opuesto, matizan las fuentes. El tratamiento ocurre “dentro” de la sesión. El problema es que “si el psicólogo tiene ocho pacientes nuevos a la semana y treinta nuevos cada mes, se va a dar la situación de que te vea cada 2-3 meses. Eso, solamente poniendo más psicólogos, no va a cambiar. Hay que modificar el modelo de organización del trabajo”, remachan.

A los profesionales les preocupa (y mucho) las pocas revisiones que pueden hacer de sus pacientes. Reconocen que al priorizar la atención de nuevos usuarios “para ver si son graves o no” se les han “colado casos”, como el de una chica que ya había sido valorada, estaba esperando una sucesiva y finalmente se suicidó, indica una fuente. En 2024 se quitaron la vida 226 personas en Canarias. Es el primer año en el que cae el número de suicidios en el Archipiélago tras cinco consecutivos (2019-2023) en los que se batieron récords.

Los psicólogos piden reforzar la prevención, que se difunda cómo actuar ante una crisis suicida y “crear un modelo de sociedad en el que la vida merezca la pena ser vivida”. También creen que la demanda en atención en salud mental bajaría si “existieran más espacios de comunidad, se respetaran los derechos laborales o viviéramos en una situación normalizada”. Apuntan que eso combatiría una tendencia compartida por todas las fuentes consultadas: la ‘psicopatologización’ de la vida. Esto es, convertir experiencias humanas normales (como tristeza, estrés e inseguridad) en trastornos mentales diagnosticables.

La carencia de recursos es palpable también en los resultados de investigaciones científicas. Un estudio publicado en noviembre en la revista BMC Health Services Research exploró la percepción de 51 profesionales de la salud (enfermeros, psiquiatras, psicólogos…) que trabajan en el Hospital Juan Carlos I sobre la calidad de la atención asistencial, concretamente desde la perspectiva de los derechos humanos, en el servicio de hospitalización de media y larga estancia de la red de salud mental de Gran Canaria.

La investigación encontró que uno de los factores que determina la calidad de la atención es la escasez de personal específico para intervenir en situaciones de crisis, como ocurre en otros países, y la sobrecarga laboral, provocando que los trabajadores recurran a estrategias más autoritarias, como el aislamiento o la contención mecánica, ante la imposibilidad de realizar acompañamientos o desescaladas verbales sin que el tiempo suponga una limitación. También halló que esa ausencia de tiempo impide explorar las necesidades y preferencias de los pacientes en profundidad. Y que la falta de medios limita la capacidad de ofrecer una atención participativa que permita a los pacientes tomar sus propias decisiones sobre sus procesos de recuperación. Eso refuerza una cultura de paternalismo y sobreprotección. Y cambiarla es difícil pero no imposible, reconoce Cira Febles, autora del estudio y enfermera especialista en salud mental adscrita al Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria.

“[Hay que] explorar las necesidades tanto de los profesionales como de las personas atendidas creando espacios reflexivos y participativos, invertir en la formación continuada obligatoria, la mejora del clima laboral (de forma que todo los miembros del equipo se sientan partícipes), mejorar la coordinación entre los servicios (agendas que no permitan consultas a contrarreloj) y, por otro lado, entender que para la recuperación de las personas es imprescindible incluirlas en su propio proceso”, reflexiona Febles en una entrevista.

La enfermera señala que “las líneas estratégicas en salud mental a nivel nacional y de la Comunidad Autónoma están alineadas con estos principios”. Pero insiste en que contar con los recursos necesarios tambien es imprescindible para transformar la atención.

“Es necesario un cambio profundo en las prácticas, la cultura asistencial, la sociedad y que las administraciones también lo consideren como una prioridad, proporcionando los recursos y el apoyo necesario para transformar la atención en salud mental hacia un modelo más inclusivo y centrado en los derechos de los personas con problemas de salud mental”, concluye Febles.

Este periódico elaboró un cuestionario dirigido a la Consejería de Sanidad sobre su gestión en materia de salud mental en Canarias, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no ha habido respuesta. La consejera del área, Esther Monzón, de Coalición Canaria, dijo hace unas semanas en sede parlamentaria que la salud mental “ha sido una de las prioridades” del Gobierno regional y que este “lo demostró” creando la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. También admitió que “pese a las mejoras incorporadas, queda muchísimo trabajo por hacer en un área que cada día demanda más recursos”.