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Dos familias luchan para identificar los restos de dos mujeres desaparecidas hace más de 30 años en Granada

Investigación de la Guardia Civil en una imagen de archivo

Álvaro López

22 de diciembre de 2025 21:58 h

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Las familias de Dolores García y Francisca Reche llevan más de tres décadas viviendo en la incertidumbre. Ambas desaparecieron en el norte de la provincia de Granada en 1983 y 1994 respectivamente sin que se supiese de ellas durante muchos años. Hasta que, en diciembre de 2023, la casualidad hizo que un pastor encontrase unos restos humanos compatibles con las descripciones físicas de Dolores, de apenas 10 años, y Francisca, que tenía 65 cuando se le perdió el rastro. Algo que devolvió esperanza a dos familias, desconocidas entre sí, pero desde entonces están unidas por la desgracia de la pérdida y, quizás, por el destino final de ambas desaparecidas. Sin embargo, pese al paso del tiempo, nadie les ha confirmado aún, pese a que se han tomado muestras de ADN a los familiares, si los restos corresponden a ambas personas.

Esta es la lucha, tras el duelo por la pérdida asumida tras más de 30 y 40 años sin rastro de ellas respectivamente, en la que están embarcadas las familias. Pues ni siquiera supieron del hallazgo casual de los restos por fuentes oficiales -los encontró el citado pastor, pero se requirió de la ayuda para su extracción de un equipo de espeleólogos y de la Guardia Civil por hallarse en una cueva-, sino que supieron de ellos a través de la prensa. Un silencio institucional que persiste, pese a la constante petición de información que han hecho en estos dos años y a someterse a unas pruebas de ADN la pasada primavera de la que aún no han tenido noticias.

Mientras la Guardia Civil se limita a explicar que los restos fueron analizados junto con las pruebas genéticas extraídas, pero evitan pronunciarse sobre los resultados o sobre las dudas que mantienen las familias por el silencio al que se están viendo sometidas, fuentes próximas a la investigación aseguran a este medio que las pruebas no salieron bien y que no arrojaron “resultados concluyentes”. Una cuestión que sorprende a los allegados de Dolores y Francisca porque nadie les ha informado al respecto, aunque las citadas fuentes afirman que se han puesto en contacto con ellos para solicitarle una nueva prueba.

Dos años desde el hallazgo

No obstante, las dudas persisten en todo lo relacionado con estas desapariciones y el cotejo de los restos óseos. Sobre los mismos, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla y cuyo registro digital está alojado en el Instituto Nacional de Toxicología, según explican desde la Guardia Civil, también parece haberse pedido el rastro. Desde ambas instituciones guardan silencio ante las preguntas de este medio y lo único concluyente hasta la fecha es que el delegado del Gobierno en Granada, Pedro Fernández, confirmó que, por la tipología de los huesos, coincidían con los de una persona de unos 10 años y otra de unos 65. Lo que invita a pensar que sean los de Dolores, que desapareció en Cúllar Baza en 1983 y los de Francisca, que hizo lo propio en Huéscar en 1994.

Para sus familias, todo está envuelto en un halo de misterio que ahonda en el pesimismo y la desazón que sienten para aclarar qué sucedió con las desapariciones y si podrán dar algún día un descanso digno a los restos, de confirmarse que correspondan con los de ambas mujeres. Mientras, la investigación sigue bajo secreto de sumario en un juzgado de Baza.

A partir de ahí, el tiempo ha pasado sin respuestas. Este mes de diciembre se cumplen ya dos años del hallazgo de los restos y más de ocho meses desde que los familiares directos se sometieron a las pruebas de ADN, sin que ninguna autoridad les haya comunicado oficialmente resultado alguno ni el estado real del procedimiento. Una espera que contrasta con los propios protocolos técnicos: según explican fuentes forenses consultadas por este medio, el cotejo genético de restos óseos puede resolverse en un plazo máximo aproximado de un mes y, en casos considerados urgentes, en apenas unos días. Un dato que refuerza la sensación de anomalía que trasladan ambas familias.

En el caso de Francisca Reche, desaparecida en Huéscar en 1994, fue su nuera, Adela Collados, quien dio la voz de alarma dentro de la propia familia al enterarse del hallazgo de los restos a través de una publicación en redes sociales. “Nadie nos llamó. Ni Guardia Civil ni juzgado. Me enteré por Facebook y fui yo la que tuvo que avisar a la familia”, cuenta. Desde entonces, asegura haber llamado de forma reiterada a Guardia Civil, al juzgado y al Instituto de Medicina Legal sin obtener respuesta. “Yo no pedía información confidencial, sólo saber si es mi suegra o no”, resume.

Décadas de angustia

La familia de Francisca trasladó sus muestras genéticas la pasada primavera, después de que se les asegurara que el proceso podría resolverse en poco tiempo. Ocho meses después, no han recibido ninguna comunicación formal. “El hermetismo es total. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni para decir que las pruebas van retrasadas”, explica Collados, que describe el desgaste emocional que supone una espera que parecía haber quedado atrás tras décadas de ausencia de noticias. “Esta incertidumbre es peor que antes. Ahora necesitamos saberlo para poder cerrar este capítulo y darle sepultura con los suyos”.

Una vivencia muy similar describe Isabel Rodríguez, prima de Dolores García, la menor desaparecida en Cúllar-Baza en 1983 cuando tenía 10 años. En su caso, el impacto llegó acompañado de una exposición mediática que la familia considera especialmente dolorosa. “Se dio por sentado públicamente que era la niña cuando no había pruebas de ADN”, denuncia. La familia supo del hallazgo a través de los medios y las redes sociales y, tras ese revuelo, se les pidió que se sometieran a pruebas genéticas. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto.

Rodríguez recuerda el daño causado por la difusión de imágenes del cráneo y de una fotografía de Dolores -una imagen tomada en la boda de la propia Isabel y que era prácticamente la única que conservaba la familia- sin confirmación científica. “Esto es un dolor gratuito para personas que llevan cuarenta años con su hermana dada por muerta”, afirma. La familia insiste en que no busca responsabilidades penales ni reabrir investigaciones prescritas, sino una respuesta clara: “Lo único que queremos es saber si es ella, para poder cerrar el capítulo y darle un entierro digno”.

Ambas familias coinciden en otro punto: la ausencia total de acompañamiento institucional. Las llamadas desde Girona o Alicante, donde residen hoy la mayoría de los familiares, no han obtenido respuesta. Tampoco explicaciones sobre posibles incidencias técnicas ni sobre la necesidad de repetir las pruebas. “Si hay que volver a hacer el ADN, que nos lo digan. Pero que nos digan algo”, reclama Adela Collados. En el caso de Dolores García, los allegados aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial en los últimos ocho meses.

Desde la Guardia Civil insisten en que los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla y que su registro digital consta en el Instituto Nacional de Toxicología, pero evitan concretar plazos o resultados. Mientras, fuentes próximas a la investigación apuntan a que los primeros análisis no fueron concluyentes y que tendrán que repetirse, una información que tampoco ha sido trasladada formalmente a las familias. Un vacío que alimenta las dudas y la sensación de abandono.

En pleno diciembre, con fechas especialmente sensibles para quienes arrastran duelos sin cerrar, las dos familias afrontan un nuevo aniversario marcado por la espera. Tras más de treinta y cuarenta años de ausencia, y dos desde que aparecieron unos restos que devolvieron la esperanza, siguen reclamando lo mismo: una respuesta oficial que confirme si esos huesos pertenecen o no a Dolores García y Francisca Reche. Sólo entonces, insisten, podrán poner un punto final a una historia que, por ahora, sigue suspendida en el silencio.

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