La asociación ecologista Salvar La Tejita ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Adeje por autorizar la traslocación de la viborina triste, una especie protegida, para impulsar el proyecto turístico Cuna del Alma. Los fundamentos de la demanda, a los que ha tenido acceso este periódico, subrayan que la decisión de reubicar esta especie es nula, al haberse dictado por un órgano ''manifiestamente incompetente'' y ''prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido''. En esta línea, Salvar La Tejita ha pedido la suspensión cautelar de las obras que avanzan en el Puertito de Adeje para construir 420 villas de lujo.
En noviembre de 2022, la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización cautelar de Cuna del Alma porque los trabajos suponían una ''amenaza inminente de daño ambiental'' sobre la flora silvestre protegida. El Servicio de Biodiversidad del Gobierno regional, la Agencia de Protección del Medio Natural y científicos voluntarios desplazados a la zona pudieron constatar la presencia de una población de viborina triste (Echium triste) en los terrenos afectados por el proyecto. Además, la Consejería informó entonces de que existía también un reconocimiento formal de la propia empresa sobre la presencia de esta planta ''y la interferencia de las obras con la misma''.
Esta especie cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Aun así, la promotora, Segunda Casa Adeje S.L., propiedad del empresario belga Filip Hoste, solicitó reubicarla. Entonces, Transición Ecológica emitió un informe negativo en el que recordaba que son muy pocas las salvedades que permiten esta intervención, y la construcción de 420 villas de lujo no estaba entre ellas.
Las excepcionalidades solo se aplicarían por efectos perjudiciales para la salud, cuando haya una amenaza para la seguridad de las personas a causa de la planta, para prevenir perjuicios importantes para cultivos, ganado, bosques, pesca o calidad de las aguas, por razones imperiosas de interés público de primer orden o por causas de investigación o educación.
El actual Ejecutivo autonómico, con Coalición Canaria y el Partido Popular al frente, dejó caducar este expediente en verano de 2023. En febrero de 2024, el Gobierno de Canarias se consideró incompetente para decidir si la población de viborina triste localizada en el Puertito de Adeje debía ser trasplantada o no. Entonces, el Ejecutivo dejó la decisión en manos del Cabildo de Tenerife.
Finalmente, el Ayuntamiento de Adeje se atribuyó la competencia sobre esta materia y autorizó a la promotora la traslocación de la viborina triste, dejando así la puerta abierta a la reanudación de las obras.
El Ayuntamiento, liderado desde hace más de 30 años por el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, contaba con la aprobación de su órgano ambiental, que dio luz verde a una serie de medidas centradas en recoger las semillas de la planta y dispersarlas en otros puntos del territorio de similares características. Entonces, el presidente del órgano ambiental era aún Rosendo López, un biólogo que dimitió de ese cargo después de conocerse que, a la vez que lo ostentaba, asesoraba a la empresa impulsora de Cuna del Alma.
La viborina, en riesgo
La Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, incluye en su anexo IV a la Echium tristedentro de la categoría de Protección Especial, reservada a aquellas especies silvestres que sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de Canarias en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza. Esta misma norma recoge en su artículo 57.1 la prohibición de arrancar estas especies, cortarlas, recogerlas, mutilarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza.
Estas prohibiciones podrán quedar sin efecto ''previa autorización administrativa de la comunidad autónoma o de la Administración General del Estado'', señala la Ley, recogida en la demanda, ''por razones imperiosas de interés público de primer orden''.
Según la demanda de Salvar La Tejita, presentada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, aun en el supuesto caso de que el Ayuntamiento fuera competente, habría incumplido los deberes que le impone la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Al autorizar su reubicación, la corporación municipal habría puesto en riesgo el estado de conservación ''de toda una subpoblación de esta especie en su hábitat natural'', ya que ''las estructuras fibrosas de la planta se destruyen en un tasplante'', advierten los ecologistas.
Asimismo, insisten en que esta competencia, ejecutada hasta ahora por las áreas de Medio Ambiente de los cabildos o del Gobierno autonómico, se ha implementado por primera vez en un municipio, ''sembrando un peligroso precedente''.
La traslocación de la viborina triste ha abierto un nuevo frente judicial por Cuna del Alma. Ya en diciembre de 2024, la plataforma Salvar La Tejita informó de que la Fiscalía de Medio Ambiente había admitido a trámite la denuncia interpuesta por la reanudación de las obras. La asociación ecologista trasladó la ''gravedad e irreversibilidad'' de los daños provocados por los trabajos, advirtiendo de la posible trascendencia penal de los hechos.
Convocada una protesta
La plataforma Salvar El Puertito ha convocado este sábado 14 de junio una concentración contra el proyecto. La protesta tendrá lugar a las 12.00 horas a las puertas del hotel Baobab de Costa Adeje, propiedad del promotor de Cuna del Alma, Filip Hoste. ''Ese día informaremos a sus clientes sobre la venta de pisos de lujo de un proyecto ilegal. Explicaremos qué es el Puertito de Adeje, cómo lo están destruyendo y por qué no debemos consumir en negocios que atentan contra el medio ambiente'', informan los organizadores.
La construcción de este complejo turístico continúa, después de que el Gobierno regional dejara caducar no solo el expediente por la amenaza sobre la viborina triste, sino también los que se abrieron en la pasada legislatura por destrozar yacimientos y por empezar los trabajos sin una evaluación de impacto ambiental.
Más de un año después de que caducara el expediente por daños al patrimonio, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico ha propuesto una nueva sanción. La multa planteada es de 229.503 euros, muy inferior a la que se fijó en 2022, que ascendía a 600.000 euros por una infracción ''muy grave''.