La plantilla del hotel Annapurna de Arona irá a la huelga indefinida por impago de salarios a partir del 3 de marzo

Protesta de los trabajadores del hotel Annapurna, en Arona

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El propietario del hotel Annapurna, en Las Galletas (Arona, sur de la isla de Tenerife), adeuda unos 500.000 euros en sueldos a su plantilla y, según señaló Manuel Marrero, diputado de Podemos Canarias, “se dedica a contratar personal ofreciendo salarios más altos que el resto de empresas, pero luego no paga y además los despide sin abonarles el finiquito”, aseguró la misma fuente.

El sindicato CCOO, que este viernes se ha pronunciado acerca de ese conflicto laboral, ha dicho que con esas irregularidades la empresa está “incumpliendo todas las normas laborales establecidas tanto en el convenio provincial de hostelería como en el Estatuto de los Trabajadores”.

Además, asegura haber presentado, junto al comité de empresa, un conflicto colectivo que, tras haber pasado sin acuerdo por el Tribunal Laboral Canario (TLC), está en el Juzgado de lo Social a la espera de que tenga lugar un juicio, cuya fecha, según dice CCOO, se ha suspendido hasta en dos ocasiones debido a la empresa, este con el objetivo de retrasar lo máximo posible su celebración, indicó la central sindical.

Los trabajadores afectados del hotel Annapurna, que, según Podemos rondan los 300, ya han llevado a cabo otras protestas frente al establecimiento. No obstante, a partir del 3 de marzo iniciarán una huelga indefinida con el propósito de poner fin a la vulneración grave de sus derechos laborales.

Para ese mismo día, se ha convocado una concentración, a la que no solo están llamados a acudir los trabajadores en activo, sino todas las familias que se han visto afectadas por el impago de las nóminas y las liquidaciones por parte de la propiedad gestora de ese hotel.

Según la formación morada, el mismo dueño de ese hotel también administra otros cuantos establecimientos hoteleros en la isla, así como uno en Fuerteventura, donde fue denunciado por el sindicato CNT ante la Inspección de Trabajo, el Juzgado de lo Social, Hacienda, la Seguridad Social y Turismo.

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