Podemos lleva al Comisionado de Transparencia la ocultación del gasto publicitario del Cabildo de Tenerife

El grupo insular de Podemos ha presentado una queja ante el Comisionado de Transparencia de Canarias contra el gobierno de CC-PSOE en el Cabildo de Tenerife por su “negativa reiterada” a facilitar a la formación morada y a difundir en la web insular el gasto detallado realizado durante este mandato en publicidad y en medios de comunicación con cargo a los presupuestos de la institución insular. Esto, denuncia la formación, “supone una vulneración flagrante de la legislación canaria y estatal sobre transparencia así como del propio reglamento de la institución insular”.

Podemos ha requerido la adopción de medidas para que ese gasto deje de ser secreto y se difunda en el portal de transparencia del Cabildo “de una manera clara, estructurada y entendible”, como marca la legislación. También ha solicitado que se valore si el voto de CC, PSOE y PP en contra de ese mandato legal incurre en algún ilícito penal, así como el inicio de un expediente disciplinario y sancionador por incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia.

“No estamos hablando de un pequeño despiste”, alerta el consejero de Podemos Julio Concepción, “sino de una ilegalidad grave cometida de forma consciente y reiterada que vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública y que, entre otras cosas, impide que la ciudadanía tinerfeña pueda valorar si el gasto publicitario del Cabildo responde a cuestiones de interés general o si, como nos tememos, se está usando dinero público para influir políticamente en medios de comunicación, lograr un trato de favor, coartar la objetividad y la imparcialidad mediática y, como fin último, influir en la opinión pública y en la intención de voto”.

Concepción incide en que “cuando aireamos este tipo de ilegalidades y tejemanejes oscurantistas que tiran por tierra el discurso pro transparencia que vende Carlos Alonso, tanto él como su gobierno suelen mostrarse airados y ofendidos”. Pero en este caso, matiza, “ni siquiera niegan la ilegalidad que están cometiendo, sino que la admiten refugiándose tras un rosario de excusas para tratar de justificarse”.

Concepción apunta que, como consta en la reclamación presentada el pasado viernes ante el Comisionado de Transparencia, Podemos lleva desde 2015 intentando que el gobierno de CC-PSOE facilite y difunda en el Portal de Transparencia del Cabildo el gasto publicitario en medios de comunicación. “Lo hemos solicitado vía registro insular, en plenos y en comisiones, y siempre nos topamos con las mismas excusas ocultistas: limitación de medios humanos y técnicos para reunir y difundir toda la información”. Eso sí, añade el consejero, “llevan años asegurando que están trabajando en ello y que tienen intención de subsanar esa ilegalidad; curiosamente, han tardado apenas un año en crear el canal público de televisión de Carlos Alonso, con todos los medios humanos y la complejidad técnica que eso conlleva”.

Resalta además que “no estamos hablando de una administración con un presupuesto modesto que dificulte habilitar recursos para cumplir el mandato legal de publicidad activa del gasto publicitario, sino de una de las administraciones locales con más presupuesto del Estado al manejar alrededor de 1.000 millones de euros al año”.

El consejero de Podemos señala que “Carlos Alonso financia con cargo a ese presupuesto un abultado equipo de información y propaganda escrita, fotográfica, infográfica y en vídeo para medios de comunicación y gestión de redes sociales, pero trata de hacernos creer que en esta institución no hay capacidad para reunir y difundir una partida de gasto estratégica en términos de opinión pública”.

Y en el caso de Tenerife, agrega, la transparencia de ese gasto “cobra una importancia vital para el interés general ante situaciones de fragilidad económica como la que están evidenciando las empresas comunicativas de la Isla tras el cierre de un periódico, de una emisora de radio y de un canal de televisión en apenas un mes”.

“Las empresas de comunicación difícilmente pueden ser libres si tienen encima la guillotina del cierre por dificultades económicas y si los ingresos publicitarios institucionales de que dependen se manejan de forma arbitraria desde las sombras, sin rendir cuentas a la ciudadanía, a la oposición ni a nadie”. “Incumplir las leyes es propio de radicales que imponen su propia conveniencia por encima del ordenamiento jurídico en el que se asientan las democracias”, ha concluido el consejero de Podemos.