El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordado la firma de un convenio para la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la capital tinerfeña, con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros.
Según ha detallado el Ejecutivo regional en una nota este jueves, el acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública, concretamente 37 en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que coordina Antonio Ortega, encargado de su gestión y adjudicación conforme a la normativa vigente.
El convenio articula una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.
Según establece el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., asumirá la promoción y ejecución de las obras, así como la aportación del suelo y los costes de urbanización. Finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.
Por su parte, el Cabildo insular participa en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de una actuación de gran envergadura y reforzando la cooperación entre administraciones.
Según especifíca el Gobierno de Canarias, todas las viviendas que se construyan en el marco de este acuerdo tendrán la consideración de viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente.
Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.
Las promociones se desarrollarán conforme a los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, atendiendo a estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.