El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide un informe para analizar si el municipio debe declararse tensionado

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), ha dictado una instrucción por la que solicita a la empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales un informe para analizar si el municipio, en su conjunto o en una zona, debe declararse zona de mercado residencial tensionada.

Bermúdez extiende la instrucción a que se detalle en las conclusiones, en el caso que se cumplan las condiciones recogidas en la ley correspondiente, el pronunciamiento sobre la conveniencia de solicitar al Gobierno de Canarias el inicio de los trámites necesarios para la obtención de tal declaración. Asimismo, añade el alcalde que, en tal caso, debe especificarse su posible impacto sobre el mercado inmobiliario “y cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante”.

Sin embargo, el propio Bermúdez ha adelantado que, de cumplir los requisitos de zona tensionada, habría que analizar cuáles serían las consecuencias de aplicar la ley de vivienda, porque, según él, “no está tan claro” que todas sean positivas. Además, adelantó que “no parece, a bote pronto, que ese informe vaya a decir a las claras que haya que declarar una zona como tensionada”.

Su propio partido, tanto en el Gobierno regional como en el Cabildo de Tenerife, donde en ambos casos gobierna con el PP, se ha posicionado en contra de la ley y de cualquier posibilidad de regular los precios de los alquileres. Estas administraciones han defendido que la solución para el problema habitacional que afecta a las islas, y en concreto a Tenerife, no es la declaración de zona tensionada, sino el decreto de medidas urgentes que aprobó recientemente el Parlamento regional, y también la futura ley de alquiler turístico, en la que ya trabaja el Ejecutivo.

Cabe recordar que la solicitud de declaración de zona tensionada deber ser formulada en última instancia por el Gobierno de Canarias y debe acompañarse de un plan específico que contemple medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios detectados previamente en la zona para la que se solicita la declaración. El Gobierno canario ha rechazado la ley estatal de vivienda desde que nació, e incluso anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional, algo que finalmente no ocurrió porque al Ejecutivo canario se le acabó el plazo para hacerlo al pensar que “agosto era un mes inhábil”. Además, el PP ha afirmado en diversas ocasiones que en las comunidades en las que gobierna (entre ellas Canarias) no aplicará la ley de vivienda.

Bermúdez, que gobierna precisamente con el apoyo del PP, ha explicado que la pertinencia de este encargo e instrucción, cuyo coste no ha desvelado, viene motivada por la necesidad de “elaborar una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentados”, la existencia de un “especial riesgo de abastecimiento insuficiente de viviendas para la población residente”.

Ello se produce, según recoge la ley de vivienda, si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Otro factor es que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al del índice de precios de consumo de la Comunidad Autónoma.

En la ley se contempla, entre las consecuencias más reseñables de esta declaración, la posibilidad de regular el precio de los alquileres de viviendas, que deberán situarse en un rango previamente establecido en función de parámetros como el año de construcción, la superficie y la ubicación.

Esta horquilla habrá de tomarse como referencia para establecer la cuantía de los nuevos contratos de alquiler cuando la vivienda sea propiedad de las personas calificadas por la Ley como grandes tenedores y para las viviendas que se alquilen por primera vez en cinco años.

Adeje y La Orotava

El anuncio de encargo de un estudio llega solo un día después de que el Ayuntamiento de Adeje, en el sur de la isla y uno de los más turísticos de Canarias, haya anunciado que votará en el próximo pleno una moción sobre si instar al Gobierno canario a que encargue los estudios necesarios para, según los datos que este aporte, declarar el municipio tensionado. Ese sería, según informó el propio Ayuntamiento de Adeje, gobernado por el PSOE, el primer paso de un plan “más ambicioso” en el que también se contempla la construcción de más viviendas, la búsqueda de suelo para construir y “multiplicar las casas” en la zona de Armeñime.

Previamente, el Ayuntamiento de La Orotava (dirigido también por CC) aprobó el pasado noviembre en un pleno iniciar los trámites para valorar si declararse zona tensionada, cosa que aún no ha ocurrido.

El Gobierno canario lo apuesta todo a la construcción

Mientras tanto, el Gobierno canario, tras el anuncio de Adeje, declaró este martes que, en lugar de la declaración de zonas tensionadas, apuesta (como solución al problema habitacional en las islas) por el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, así como por la futura ley de alquiler turístico, aún en preparación.

Cabe recordar que el decreto de medidas urgentes no contempla ninguna mención a las más de 200.000 viviendas vacías que existen en las Islas, ni ninguna medida para evitar que las nuevas construcciones que pretende fomentar el decreto acaben en manos de grandes tenedores, destinadas a alquiler vacacional o se vendan a no residentes. La oposición al Gobierno y expertos en materia de vivienda, por su parte, han criticado que el decreto ley solo se haya consensuado con las patronales de la construcción y temen que acabe beneficiando a los constructores y no solucionando el problema del acceso a la vivienda, además de que, tal y como está planteado, no ofrece soluciones a corto plazo.

El decreto se centra, a grandes rasgos, en construir más viviendas bajo la premisa de que si hay más oferta bajarán los precios, pero no se recogen medidas para garantizar que las nuevas construcciones lleguen a quienes las necesitan y no se destinen a aumentar las plazas turísticas. Además, para aumentar esas construcciones se prevé poner más suelo a disposición de las constructoras, incluso suelo destinado a equipamientos municipales (como colegios, centros sanitarios o jardines, por ejemplo) e incluso se planteó la posibilidad de recalificar suelo rústico bajo el paraguas de la “emergencia”, una idea que fue tachada por la oposición y expertos de “burrada” para favorecer los “pelotazos” y que finalmente no se incluyó en el decreto.

Respecto a la futura ley del alquiler turístico de viviendas, el propio Gobierno canario ha declarado que “no trata tanto de limitar el número [de pisos vacacionales] como de ordenar su ubicación y compatibilidad”. Pero no precisa aún cómo pretende hacerlo. El escrito simplemente habla de que debe establecerse una ordenación urbanística “cimentada” sobre indicadores de sostenibilidad (que no son detallados) y límites de cambio aceptables (de un alquiler de larga duración a uno turístico) en función de “la reserva de suelo para uso residencial” y el “nivel de presión humana o turística”.

El Cabildo de Tenerife, en contra de topar los alquileres

Tras el anuncio de Adeje, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del PP, ha pedido este miércoles “prudencia” para decidir si un municipio debe declararse zona tensionada en materia de vivienda porque, en su opinión, topar los precios del alquiler puede provocar el efecto contrario y contribuir a su incremento.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha dicho que Adeje tendrá el “apoyo” del Cabildo pero ha afirmado también que no constan solicitudes de Adeje para adherirse al programa insular Activa Vivienda.