Lluvia de críticas a la ocurrencia de Coalición Canaria de construir vivienda en suelo rústico: “Es una burrada”

Los reproches no han tardado en llegar. La propuesta de Coalición Canaria (CC), desde el Gobierno regional, de construir viviendas protegidas en suelo rústico para paliar la emergencia habitacional en las Islas ha chocado contra un muro incluso dentro de su propia formación. El partido ha edulcorado la iniciativa con el paso de los días. Pero ha abierto la veda de una incesante lluvia de críticas al igual que hizo cuando aprobó la Ley del Suelo en el primer mandato de Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo isleño.

La ocurrencia fue anunciada por primera vez por el director del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, quien no hizo distinción entre la tipología de las casas a edificar y dijo que lo acordado en La Palma, donde las políticas de reconstrucción tras la erupción volcánica permitirán la urbanización de bienes inmuebles en suelo rústico, debe ser exportado al resto del Archipiélago. Luego Clavijo dijo que solo serían de viviendas de protección oficial (VPO). Luego Nueva Canarias y el PSOE esbozaron reprimendas. Incluso CC en Fuerteventura cree que es una idea “improvisada” y “repentina”.

Para los expertos consultados, la proposición es un paso más hacia la liberalización del suelo rústico de Canarias. Pero a muchos de ellos no les sorprende. Víctor Jiménez Barrado es doctor en Geografía por la Universidad de Extremadura (UE) y actualmente es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En 2017 publicó una investigación académica titulada Desregulación urbanística del suelo rústico en España. Cantabria y Extremadura como casos de estudio. Asevera que lo que ocurre en las Islas ha pasado en otras comunidades autónomas.

“Es una política que va muy acorde con las ideas neoliberales y que está en sintonía con lo que ellos entienden por el suelo rústico, un trastero en el que cabe todo, vacío de significado y de contenido, cuando es justo lo contrario. En él está el patrimonio natural y cultural de Canarias”, reflexiona Jiménez. Para el geógrafo, este discurso mezcla los conceptos de valor y precio. Por un lado, “a ojos urbanísticos”, el suelo rústico es el más barato. “Pero eso no quiere decir que no tenga un valor importante”, en especial en Canarias, una región con altos porcentajes de espacios protegidos.

Jiménez ha estudiado en profundidad la proliferación de casas ilegales en suelo rústico y la flexibilización del mismo. Y a pesar de que muchas de estas actuaciones urbanísticas han nacido a raíz de reclasificaciones y pelotazos urbanísticos, lo que pretende hacer el Gobierno canario ahora es “abrir una puerta” y que la edificación se “consolide” para una cuestión que, en principio, es coyuntural (la crisis habitacional). El experto cree que precisamente “eso que buscan” lo podrían hacer de otra manera, con otros mecanismos, como los recogidos en la Ley Canaria de Ordenación Territorial o los proyectos de interés insular. Pero que lo que están intentando hacer es “pasar de lo extraordinario y puntual a abrir una brecha que permita que esto sea la tónica general”. Y es en ese contexto en el que podría haber cabida para “nuevos desarrollos, sean del tipo que sean”.

La catedrática de Geografía Física de la ULPGC, Emma Pérez Chacón, puntualiza que la clave de este asunto está en saber realmente cuánto porcentaje de suelo urbanizable no ha sido ejecutado en las Islas. Porque el axioma del presidente del ICAVI fue ese: no hay más, así que toca machacar el rústico. No obstante, los datos lo desmienten.

El Sistema de Información Urbana (SIU) es un instrumento del Ministerio de Transportes, Vivienda y Movilidad que facilita el conocimiento de la realidad urbanística y de las previsiones de los planeamientos de todas las regiones de España, permitiendo hacer comparaciones entre ellas. Precisa que en Canarias el suelo no urbanizable representa el 92,1%, el consolidado un 4,1% y el no consolidado un 0,5%. También recoge cuáles son las áreas de desarrollo y la edificabilidad prevista en cada municipio a fecha de 2023.

En el último informe, el SIU señala que el Archipiélago tiene previsto construir 46,69 kilómetros cuadrados de áreas residenciales, según el planeamiento, pero solo ha ejecutado el 31,7%. De hecho, el documento precisa aún más y apunta que las Islas tan solo han desarrollado el 29,4% de las viviendas previstas de construcción, un total de 364.207. Dentro de la Comunidad Autónoma hay localidades que salen mejor paradas que otras. Por ejemplo: La Matanza de Acentejo (81,6%), Yaiza (75,4%) y San Miguel de Abona (69,4%) lideran la ejecución de los bienes inmuebles proyectados en sus respectivos planes generales de ordenación. Mientras que lugares como Ingenio (11,3%), Santa Cruz de Tenerife (10,6%), Santa Brígida (7,4%) y Teguise (3,7%) aún tienen mucho que recorrer.

Las cifras sugieren, entonces, que el planeamiento actual de Canarias prevé importantes cantidades de suelo para incorporar al tejido urbano. Que no parece necesario tirar del rústico. Los ecologistas se oponen a ello.

“Hacerlo sería incidir en un modelo de desarrollo obsoleto que está causando el colapso de esta tierra. Hasta ahora, no se habían preocupado sino en facilitar el desarrollo del turismo y olvidado los problemas sociales. De ahí el encarecimiento de la vivienda y la escasez de oferta”, opina Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN). “Y ahora, lo que es una consecuencia de sus acciones, tratan de resolverlo a costa del patrimonio de todos los canarios. Es absolutamente rechazable”, apostilla.

Villalba recuerda que el suelo rústico del Archipiélago conserva “la vegetación original” de la autonomía y, al mismo tiempo, “puede tener utilidad agrícola”, a pesar de no haber sido aprovechado en su totalidad hasta entonces. Destaca el “impacto paisajístico” que tendría la medida y las motivaciones que podría haber detrás. Pone el ejemplo de Adeje. Allí, el Ayuntamiento ha declarado de interés público de primer orden el desarrollo de 16 planes urbanísticos para engordar el Patrimonio Público de Suelo (PPS), entre ellos el del Puertito de Adeje (Cuna del Alma), como respuesta a la crisis de vivienda. La declaración permitiría el “tratamiento” de especies protegidas, como la famosa viborina triste, “susceptible” de aparecer en más puntos de la comarca.

“La construcción de viviendas siempre irá detrás del crecimiento poblacional que estamos experimentando”, sugiere Villalba. “Los políticos están deseando construir más carreteras, más trenes, más urbanizaciones turísticas… Pero el problema es que las Islas no creen. La superficie no aumenta cada año. Es como si tuviéramos un coche muy deprisa en la carretera y, en vez de frenar, ampliáramos las vías y quitáramos los obstáculos para que no choque. Pero eso no puede ser. Hay que parar”.

En la misma línea argumenta María Ángeles Nieto, bióloga en Ecologistas en Acción. “Una cosa es que en La Palma se haya aprobado por necesidad [lo de construir en suelo rústico]. Pero que eso se extienda al resto de Canarias me parece una burrada”. La experta remarca que la pandemia de coronavirus y sucesivas crisis de suministros han revelado la dependencia externa del Archipiélago. Y que por eso es tan relevante “tener una reserva de suelo propia” para echar mano de ella en cuanto salte la voz de alarma. De lo contrario, tan solo serviría para la “especulación urbanística”.

Por su parte, Ángel Lobo, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna (ULL) y especialista en planificación y gestión territorial, afirma que solucionar la emergencia habitacional en Canarias es “muy complicado”, por lo que no vería con malos ojos la construcción de VPO en suelo rústico, aunque reconoce que la Comunidad Autónoma “tampoco es el lugar más adecuado para llevar a cabo estas operaciones”. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó el verano pasado que las Islas cuentan con 211.000 viviendas vacías. Pero Lobo aclara que sacar todas esas casas al mercado no es tan sencillo. De hecho, lo pone en evidencia el plan que ideó el Gobierno de Canarias para hacerlo entre 2022 y 203: solo uno fue puesto en alquiler social.

El experto cree que el suelo urbano de las ciudades canarias “se puede aprovechar todavía mucho más”, elevando la altura de los edificios y poniendo en práctica lo que los arquitectos llaman “esponjamiento”, esto es, cuando un barrio crece en densidad, pero respeta la escala. Eso sí, concluye que “no hay una solución mágica” y que del problema de la vivienda en el Archipiélago “tan solo estamos viendo la punta del iceberg”.