Las familias canarias afrontan una 'vuelta al cole’ de hasta 500 euros por menor y exigen acabar con los “copagos” con más inversión educativa

Las familias canarias vuelven a afrontar una 'vuelta al cole' que no deja de encarecerse. El presidente de Confapa Canarias (federación de ampas), Pedro Gil, señala que han calculado que este año se han incrementado los gastos escolares en 55 euros y que supone hasta 500 euros por menor. A los gastos de libros, le suma el material escolar que siguen exigiendo los centros y los equipamientos como uniformes.

Una reivindicación que realiza es que los libros subvencionados para el alumnado que lo requiere llegue a principios de cursos, ya que suele llegar a finales del primer trimestre y estos niños y niñas deben tirar de fotocopias que realiza el profesorado. Así mismo, apunta que otra reivindicación que llevan haciendo las ampas de las Islas desde hace años es que se acabe con el copago. La mayoría de centros sigue exigiendo una lista de material (sin tener en cuenta las rentas familiares, explica) que incluye “el paquete de 500 folios por niño, a algunos les exigen incluso que lleven el papel higiénico o 20 euros para material”, subraya Gil.

Los representantes de las familias canarias se reunieron este mes de agosto con el consejero de Educación, Poli Suárez, donde se expusieron las principales preocupaciones como la atención al alumnado NEAE, los comedores escolares, la renovación de instalaciones, la conciliación de la vida familiar y escolar y el copago educativo, entre otras cuestiones. Entonces, se acordó crear una mesa de trabajo con carácter bimensual.

La necesidad de mejorar las infraestructuras

Con la vuelta a las clases y el cambio climático, una de las preocupaciones es cómo afectarán las olas de calor en un contexto en el que Canarias cuenta con infraestructuras educativas obsoletas. Pedro Gil recuerda que ahora se cuenta con un protocolo, pero lo considera insuficiente. “Hay cuestiones absurdas”, señala este padre, que indica que se puede dar el caso en el que una familia que tiene un alumno en la planta alta del centro y otro en la baja y tiene que ir a recoger a uno sí y otro no…

Así mismo, en ese protocolo echa de menos algo que considera “básico” y es que se proporcione agua al alumnado en época de calor. “Cosas tan básicas como que se de en olas de calor agua a los niños, no hay una partida para el agua”, incide Gil, que recuerda que en cualquier puesto de trabajo hay una prevención de riesgos laborales que cumplir.

Gil es además el presidente del AMPA de un colegio de Costa Teguise que es el que más barracones tiene de toda Canarias. “Lo Lógico es que los niños tengan que estudiar en unas condiciones dignas y seguras”, apunta.

Explica que este no es un tema que achaque a esta consejería ya que lleva enquistado muchos años y echa la culpa a “la falta de inversión que ha habido ya que otra vez seguimos sin llegar al 5% del PIB en Educación en Canarias”, resume.

La solución para su centro, por ejemplo, va para ocho años vista e incide en que “las infraestructuras son un capítulo aparte que se debe abordar de una vez por todas”, incide.

Alumnado con necesidades específicas

Las familias registraron el pasado mes de julio en el Parlamento un documento en el que se recogen las propuestas y reivindicaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) o con necesidades específicas de apoyo educativo, para el cumplimiento del derecho a una educación inclusiva y de calidad que consagra la LOMLOE.

Entre las 20 propuestas que han presentado, se encuentra la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros educativos, la reclamación del derecho de las familias a elegir el centro educativo para sus hijos y recibir apoyo pedagógico y del lenguaje (logopeda) en el propio centro educativo.

También proponen que se considere como prioritario la intervención terapéutica inmediata del alumnado derivado a la PT del centro educativo, fomentar y propiciar el conocimiento entre las familias de los derechos y deberes que les asiste el estado de derecho, fortalecer los canales de comunicación entre las familias y las distintas administraciones y mejorar las plantillas de docentes especializados, así como dotarles de más medios.