La contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife llega a la Fiscalía por presunta malversación y prevaricación
La polémica contratación de Juan Luis Guerra y Orishas en el último Carnaval chicharrero, a tan solo 76 días de las elecciones locales y con un coste que se disparó por encima del medio millón de euros, ya está en manos de la delegación provincial de la Fiscalía Anticorrupción. Ramón Trujillo, concejal de Podemos-IU, presentó este martes una denuncia en las dependencias del Ministerio Público en la que solicita la apertura de diligencias preliminares de investigación por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
La denuncia de Podemos-IU pide a la Fiscalía que investigue los movimientos de la cuenta bancaria donde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresó los 501.194 euros del contrato, cuyo titular es Alfredo Moré Silva, el particular que actuó de intermediario con los artistas. En el escrito presentado en Anticorrupción, Ramón Trujillo solicita que “se libre oficio” a la entidad financiera con el objetivo de “conocer cuál fue el destino final del dinero y cómo fue repartido y si, realmente, fue invertido en su totalidad en la celebración del concierto y sus gastos o si, por el contrario, se utilizó para pagar otros presuntos compromisos económicos con Radio Club Canarias SA en período preelectoral”. También expone la necesidad de reclamar al Organismo Autónomo de Fiestas y a la Sociedad de Desarrollo “la relación de facturas” vinculadas al concierto, por si se “gastó otra cantidad” que no se conozca.
Las dudas que rodean a la cuantía abonada se sustentan en algunas anomalías detectadas en el expediente, como la discrepancia de precios entre el pliego técnico, que valora la contratación de Juan Luis Guerra en 339.021 euros, y el de cláusulas administrativas, que fija un precio de 427.837 euros. También hay sospechas alrededor del coste del concierto de Orishas, el grupo que subió al escenario del Carnaval como telonero del artista dominicano, cuya cuantía total superó los 73.000 euros. Cuatro meses antes, el trío cubano actuó en un festival de Fuerteventura, contratado por el Ayuntamiento de Tuineje, por 30.000 euros menos.
La empresa Radio Club Canarias SA figura como beneficiaria inicial del contrato por razones de exclusividad, según consta en el pliego de prescripciones técnicas de la adjudicación, pero la entidad desaparece del expediente en el resto de documentos del procedimiento en favor de Alfredo Moré, un particular con escaso recorrido en el ámbito de la representación musical. El cambio de titularidad no ha sido justificado por los antiguos gestores del Organismo Autónomo de Fiestas, de Coalición Canaria, que han achacado las irregularidades destapadas, como la discrepancia de precios, a un supuesto “error humano”.
Podemos-IU recuerda que la exclusividad en la representación de los artistas “nunca fue acreditada”, a pesar de que era un requisito “indispensable para permitir la adjudicación mediante un procedimiento urgente negociado sin publicidad”. Los únicos documentos que constan en el expediente en este sentido son dos cartas remitidas por el propio Alfredo Moré en las que informa de que posee tal condición, sin ningún aval de los artistas.
Los denunciantes sostienen que se desprenden “indicios racionales de un delito de prevaricación” por contratar con Alfredo Moré “como si tuviera la exclusividad de la representación de los artistas, que realmente no tenía, no teniendo, por tanto, capacidad para recibir el dinero que el Ayuntamiento le abonó”.
El escrito insiste en que “se confeccionó deprisa y corriendo un expediente administrativo para contratar con el señor Moré con un desprecio absoluta a las normas protectoras y garantistas que han de regir la gestión de los fondos públicos”. Podemos-IU va más allá y recuerda que “se incumplió el pliego de cláusulas administrativas particulares, pues nunca se acreditó la solvencia económica ni técnica exigida”.
El pliego de cláusulas administrativas exigía que el beneficiario de la adjudicación acreditase “un volumen anual de negocios o bien un volumen en el ámbito al que se refiere el contrato por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en los pliegos”. Las declaraciones de la Renta aportadas por Alfredo Moré muestran que el intermediario se encontraba lejos de poder cumplir con las exigencias financieras, ya que en los tres ejercicios anteriores su facturación total rondó los 150.000 euros, frente al más de medio millón de euros que recibió con motivo de las actuaciones de Juan Luis Guerra y de Orishas.
El nombre de la empresa Radio Club Canarias vuelve a aparecer en el expediente por medio de un carta firmada por Lourdes Santana, apoderada de la entidad y directora de la SER en las islas, en un escrito presentado como “certificación de solvencia económica” en donde informa que Alfredo Moré ha realizado la contratación de determinados artistas para el la sociedad del grupo Prisa en los últimos años por un valor de “195.000 euros”. Un documento que, en opinión de los denunciantes, “no acredita” las exigencias de los pliegos porque “no señala las cantidades que cobró” por dichas gestiones.
Otra de las exigencias que se incumplen en la contratación es la obligación que tenía el intermediario de presentar “el justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento”. Un documento del que tampoco hay rastro en el expediente administrativo. Para Podemos-IU, tampoco queda justificada la solvencia técnica, que Alfredo Moré tenía que acreditar mediante la aportación de “una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato de, como máximo, los tres últimos años”.
El escrito que ya obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción incide en que Alfredo Moré “era un perfecto desconocido que salió de la nada, al parecer, en sustitución de Radio Club Canarias SA, al que se le pagaron, nada más y nada menos, que 501.194 euros, sin que conste ningún pliego de prescripciones técnicas que fundamente dicha cantidad ni cuál es el desglose de la misma”.
Adelanto del dinero
Adelanto del dineroOtro de los aspectos en los que se sustenta la denuncia por presunta prevaricación y malversación es el adelanto de la mitad del dinero del contrato, que el Ayuntamiento capitalino llevó a cabo el mismo día en el que se firmó el acuerdo y “sin la presentación previa de las facturas de gastos que eran exigibles, es decir, se le abonó el dinero público sin ninguna garantía a un perfecto desconocido , sin solvencia económica ni técnica acreditada”.
El mismo en que se tramitó la mayor parte del expediente, un frenético jueves 14 de febrero de 2019, el Organismo Autónomo de Fiestas ordenó el adelanto de los primeros 250.000 euros del contrato a la cuenta bancaria aportada por el propio Alfredo Moré. Una decisión que se llevó a cabo a pesar de que el pliego de cláusulas administrativas establecía la necesidad de presentar, como condición previa al pago, las facturas por los gastos de los vuelos, hoteles, seguros de viaje y dietas de los artistas. Documentos que tampoco se encuentran en las dependencias municipales.
El rastro del dinero es la llave que los denunciantes ponen sobre la mesa para abrir el camino de la presunta malversación de fondos públicos. Podemos-IU considera que no existe “prueba alguna de que efectivamente las cantidades abonadas por el Ayuntamiento” a Alfredo Moré “hayan sido realmente invertidas en la contratación de los citados artistas y los correspondientes gastos”.
La formación política recuerda que “lo único cierto es que los artistas actuaron y que el Ayuntamiento abonó al señor Moré Silva la cantidad de 501.194 euros, pero nada se sabe de lo que cobró cada uno, ni a cuanto ascendieron los gastos reales”. La denuncia explica que, tras la reforma legislativa de 2015, la malversación ha quedado configurada “como un delito de administración desleal del patrimonio público (…) que exige a las autoridades y funcionarios un comportamiento ejemplar respecto de lo que es de todos”.
Además de la acción judicial promovida por Podemos-IU, el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, donde ahora gobierna el PSOE, ha dado luz verde a la apertura de un expediente de información reservada para investigar de forma interna las irregularidades que salpican al expediente.
