La Asociación de Periodistas de Tenerife aboga por una ley audiovisual canaria “con el mayor consenso”

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) manifestó este domingo que entiende la necesidad de aprobar una ley de ordenación del servicio de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma “para evitar la probable parálisis que se avecina”, pero añade que, en vista de “los últimos acontecimientos que han trascendido desde la Radiotelevisión Canaria (RTVC)”, “no parece el camino adecuado acometerla sin escuchar a todos y sin el consenso necesario”.

Se refiere la APT a la tramitación en el Parlamento canario de la nueva Ley de RTVC, que ha establecido la figura del administrador único como máxima autoridad en el ente público y que depende directamente de la Presidencia del Gobierno canario. Los cambios en la estructura del ente público, que incluso eliminan el consejo de informativos, han llevado en los últimos meses a la dimisión tanto del director de informativos, como del jefe de producción, de la directora adjunta de informativos e, incluso, de la administradora general nombrada por el propio Gobierno canario al comienzo de la legislatura.

Ante el proyecto de ley, tanto PSOE como NC presentaron enmiendas a la totalidad, que fueron descartadas por los grupos que apoyan o forman el Gobierno canario.

La APT considera que, en primer lugar, se debería tomar buena nota de las objeciones del Consejo Consultivo al proyecto del Gobierno. Por eso mismo, la organización entiende que la imagen que se trasladó a la ciudadanía en el pleno del Parlamento de la pasada semana “no resulta la más adecuada, ya que debe prevalecer la existencia de órganos de control o fiscalización que funcionen y evitar concentrar el poder de decisión en la figura del Administrador Único”.

La APT entiende que se debe aprovechar el trámite parlamentario de la norma para seguir buscando el consenso, que “ahora parece muy lejano”, aspecto que “preocupa mucho” en el seno de la la Asociación. “En todo este proceso, se debe escuchar y atender las demandas de los profesionales de la casa”, insiste.

“La ley, necesariamente debe ser enmendada”, expone la APT, ya que tal y como se ha presentado, “despierta una controversia que la lastraría en el futuro”. Los servicios informativos no deben salir del núcleo de lo público, “alejando cualquier tentación de externalizarlos”. Es deseable que la radio y la televisión públicas de Canarias sigan siendo un referente informativo serio y creíble, subraya la Asociación.

Se debe ofrecer a la opinión pública programación y contenidos de calidad, así como un periodismo riguroso alejando de intereses partidistas, remarca. En otras palabras, hacer una tele y una radio para todos los canarios.

Por último, la APT señala que hay que insistir en la necesidad de un consejo rector que vigile la pluralidad en los contenidos, no solo de los informativos sino de toda la programación. Y contar con los profesionales para que se siga prestando un servicio público inspirado en el respeto, la eficiencia, la pluralidad y alejado de la precarización del empleo. En definitiva, debe prevalecer la buena gestión de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), sin comprometer el servicio público que el ente ofrece basado en la independencia de los profesionales.