Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife insiste en que el centro de mayores El Drago del Marqués puede ser legalizado

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado a la propietaria de la residencia de mayores El Drago del Marqués que presentará una propuesta para su legalización, informó este jueves la empresa, que ha pedido una resolución oficial por escrito avalada por el servicio jurídico.

En un comunicado, la empresa propietaria y gestora de la residencia de mayores El Drago del Marqués de Santa Cruz de Tenerife informa de que ha mantenido una reunión con Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, a la que ha asistido también el IASS del Cabildo de Tenerife, para abordar el problema creado en la residencia tras la decisión de la Justicia de declarar nulas las licencias municipales por las que viene funcionando desde 2009. 

El Ayuntamiento ha comunicado a la empresa que tiene un proyecto que permitiría legalizar la residencia, que se ha comprometido a facilitar en los próximos días, puesto que la empresa gestora no tiene conocimiento de este. 

Según ha manifestado la empresa en la reunión, se deben abordar dos asuntos principales, y el primero es el problema fundamental de la nulidad de la licencia, que es efectiva desde el mismo momento en el que el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

El Ayuntamiento dice que este asunto podría ser salvable y la empresa le ha pedido todas las garantías jurídicas, por la propia seguridad de sus trabajadores y residentes. 

En este sentido, la empresa ha pedido al Ayuntamiento que, si tiene tan claro que su propuesta es posible en el más estricto cumplimiento de la legalidad, le entregue por escrito una resolución oficial, avalada por el servicio jurídico, que diga que la residencia, a pesar de la sentencia, no debe cerrarse. 

El segundo asunto es la supuesta legalización del edificio para cumplir lo marcado por la Justicia, algo que la empresa estaría encantada de hacer. 

La sentencia establece que la residencia debería tener menos de la mitad de la edificabilidad actual (de 6.000 a 3.000 metros cuadrados, aproximadamente), que la altura de plantas debería rebajarse de seis a tres, que el retranqueo debería pasar de tres a siete metros, sin olvidar que el uso de la parcela no es el de residencia geriátrica, entre otras cuestiones, añade. 

Además, la propia sentencia del TSJC dice textualmente que procede a la nulidad de la licencia “porque autoriza obras contrarias al planeamiento y, por tanto, ilegalizables”. 

Con todos estos datos, los expertos jurídicos y técnicos que han asesorado a la compañía no han encontrado una solución que respete lo establecido en la sentencia, afirma.

Según la empresa, “nos encantaría ser tan optimistas como el Ayuntamiento sobre la posibilidad de cumplimiento de esta sentencia, pero debemos respetar la ley y proteger a nuestros trabajadores y residentes, y eso pasa por tener licencia, como en cualquier otra actividad”. 

En este contexto, la residencia sigue trabajando en la reubicación de sus usuarios, tanto privados como concertados, para que esta pueda hacerse en las mejores condiciones. Esta es la línea en la que están trabajando también tanto el IASS como el Servicio Canario de Salud, que están ya adoptando las medidas necesarias en esta dirección. 

La empresa muestra su agradecimiento al personal de la residencia por su compromiso y profesionalidad en estos momentos “tan duros” y también a los residentes y sus familias, para las que esta situación es muy complicada. 

La empresa vuelve a manifestar que estaría “encantada” de poder seguir operando esta residencia, pero siempre dentro de la legalidad.