La Diputación del Común investigará el desahucio masivo de este martes en Arona
La Diputación del Común ha anunciado este martes que abrirá una actuación de oficio ante el desalojo de un edificio inacabado en el núcleo de Costa del Silencio, en el municipio de Arona, en el que vivían 90 familias y un total de 210 personas, entre ellas quince menores, embarazadas y personas mayores.
El desalojo se ha llevado a cabo a lo largo de toda la jornada sin grandes incidentes y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con agentes de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona, debido a los informes del Ayuntamiento que atestiguan el riesgo de derrumbe del inmueble, que tiene más de 50 años de antigüedad.
A partir de ahora, la Diputación del Común va a solicitar información al Ayuntamiento y al Instituto Canario de la Vivienda sobre las alternativas que barajan para garantizar los derechos de las personas desalojadas dado que, hasta el momento, no cuentan con un lugar en el que vivir.
Muchos de los afectados, que no cuentan con ninguna otra opción que no fuera el edificio Chasna y su casi medio centenar de viviendas, se han quejado de la falta de respuestas por parte de las instituciones y de las elevadas listas de espera para obtener una vivienda pública, y temen tener que dormir en la calle.
En el inmueble se han podido leer pancartas como “alcaldesa, sí hay solución, no seas parte de la corrupción”, “no vivienda VV stop vacacional”, “lo único que queremos es un hogar para nuestros hijos” o “el precio del alquiler nos ahoga, ayuda”.
El PSOE de Tenerife ha pedido al grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife que ponga recursos públicos insulares a disposición del Ayuntamiento para acoger a los afectados.
La consejera socialista Marián Franquet ha recordado que, en situaciones análogas, la corporación insular ha habilitado los recursos necesarios de diferentes áreas, y no únicamente de Acción Social, como el campamento de Las Raíces, pabellones deportivos o viviendas disponibles en espacios como el Centro de Alto Rendimiento de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife.
Ha puesto como ejemplo lo que pasó en los incendios del pasado verano en la isla o por la crisis migratoria en la pandemia por COVID-19.
“En este caso, el desalojo de un número tan elevado de personas es plenamente equiparable a situaciones de emergencia social y humanitaria, sin olvidar que, en casos como el reciente incendio de un edificio en Valencia, se buscaron plazas hoteleras para atender a esas personas”, ha señalado.
Franquet ha explicado también que esas doscientas personas se enfrentan a un mercado como el del sur de Tenerife “en el que no hay vivienda en alquiler a precios asequibles, llevando, además, el estigma de posibles situaciones irregulares, lo que supone un obstáculo añadido al problema”.
Asimismo ha expresado su preocupación por la quincena de menores desalojados, al tiempo que alertó de que la intervención pública “podría llevar a que, como solución, fueran institucionalizados y, por tanto, separados de sus familias por la mera carencia de recursos económicos”.
El Ayuntamiento no encuentra una solución
La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, afirmó este lunes que no habían encontrado desde el ayuntamiento ninguna solución para estas familias y declaró que no habilitaría ningún pabellón, como ocurre cuando hay una emergencia, para no “sentar un precedente”.
Además, afirmó que no hay plazas turísticas disponibles. “No hay plazas, porque estamos en plena temporada turística de invierno, temporada alta”, por lo que hasta finales de marzo “estamos prácticamente a un 100% de ocupación en todos los alojamientos turísticos”.
“Tenemos poblados chabolistas, urbanizaciones de caravanas y remolques, muchísima gente viviendo en coches, cuevas y casetas. La situación en el sur de Tenerife está desmadrada, sobre todo en el municipio de Arona”, reconoció Martín. Arona, sin embargo, no dado ningún paso para declararse zona tensionada en el mercado inmobiliario. Además, se proyecta la construcción de una nueva ciudad, junto al núcleo turístico de Los Cristianos, y en él hay previstos proyectos hoteleros, de ocio, comerciales y aparcamientos, pero ninguna vivienda pública.
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