Arona, el municipio de Tenerife que se resiste a declararse zona tensionda pese a que la situación de la vivienda está “desmadrada”

En el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, se procederá este martes, 12 de marzo, a desahuciar a 90 familias okupas de diversas nacionalidades, entre ellas, refugiados ucranianos, que en estos últimos ocho años, han utilizado dos edificios de la zona Costa del Silencio.

Inmuebles que, como explican, nunca llegaron a terminarse ni por lo tanto explotarse y que los afectados, un total de 210 personas, entre los que hay recién nacidos, niños, embarazadas y mayores, han invertido miles de euros en equipamiento los últimos años, como en placas solares, debido a la falta de agua o electricidad pública, por lo que optaron por incorporar esas placas por las que invirtieron entre 1.000 y 3.000 euros en cada caso y que, ahora, según indican, tendrán que dejar atrás “sin ninguna seguridad”, por lo que piden que por lo menos se les deje más tiempo, un plazo de uno a dos meses, para poder llevarse sus pertenencias.

Su portavoz, Eloy Outerial Miniño, recalcó que las familias dejarán este martes, 12 de marzo, de forma pacífica las viviendas pero lamentó que el documento que informó del desalojo no fuese dirigido “ a nadie en concreto” y que solo se diese dos semanas para preparar la salida de las personas afectadas, sin ninguna alternativa de hospedaje.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Arona no ha encontrado una solución para las 90 familias que serán desahuciadas este martes: “La situación en el sur está desmadrada”. El equipo municipal de Servicios Sociales valoró la opción de brindar un espacio, sobre todo por la situación de vulnerabilidad que presentan algunas personas, entre ellas, mujeres embarazadas, niños y mayores, pero que finalmente ha sido desestimada por poder “sentar un precedente”.

Por eso, por la imposibilidad para afrontar alquileres o compra, debido a los altos precios de la vivienda, en especial, en el sur de Tenerife, la solución que han visto pasa por quedarse, de momento, en playas de la comarca, aunque temen que peligre la tutela de los niños en algunos casos tal y como “han advertido desde el consistorio”, según señalan, y por eso, en su día, la okupación de estos edificios abandonados, fue la única salida.

Desbloqueo del plan parcial de El Mojón

Pese a existir este problema habitacional, el pasado mes de febrero, el pleno del Ayuntamiento de Arona, aprobó el convenio urbanístico que desbloquea el plan parcial de El Mojón, con una superficie de 908.306 metros cuadrados, una tramitación que ha tardado 40 años en culminarse al tratarse de una gran bolsa de suelo ubicada junto a los núcleos turísticos de Los Cristianos y Las Américas, y que en dicho proyecto no entra, hasta el momento, ninguna idea de vivienda pública para dar solución a esta problemática. En este zona solo se incluyen parcelas hoteleras, residenciales, comerciales, docentes, deportivas y educativas.

De un total de 908.306 metros cuadrados de superficie de El Mojón, el consistorio asumirá la propiedad de 332.904 metros cuadrados de suelo (el 36% del ámbito neto del plan parcial), que será cedido de forma gratuita en concepto de aprovechamientos públicos. Esas cesiones incluirán 120.037 metros cuadrados de vías, aparcamientos y peatonales; 115.736 metros cuadrados de zonas ajardinadas; un parque urbano de 52.818 metros cuadrados de superficie y, además, tres parcelas para equipamientos cultural, deportivo y docente cuya superficie total supera los 44.000 metros cuadrados, según el Ayuntamiento.

También, en mayo del pasado año, cuando se firmó dicho convenio urbanístico, ya se habían concretado varios proyectos para la zona, entre los que se incluían dos grandes parques, el futuro Arona Arena y acuerdos con firmas como Lidl o McDonald's. La bolsa de suelo es, de hecho, tan grande como el núcleo de Los Cristianos.

Posible colapso en los accesos a la TF-1

El inicio de estas obras generaría un posible colapso en los accesos a la TF-1, que el propio teniente de alcalde y concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Luis García, declaró, a partir del acuerdo plenario, que “el inicio del desarrollo de este ámbito puede complicar aún más esa situación” y que “por mucha inversión que pueda atraer y mucho empleo que pueda generar, ningún desarrollo urbanístico vale la pena si no repercute en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, y es muy difícil tener un proyecto de vida en un municipio donde pierdes horas en traslados cortos por estar colapsado a determinadas horas, por lo que la mejora de la movilidad es una prioridad absoluta para todo el equipo de gobierno y espero que también para las demás administraciones públicas competentes”.

El Archipiélago es una de las comunidades con mayor subida de precios inmobiliarios, mayor concentración de propietarios extranjeros y menor cantidad de pisos de protección oficial.

Canarias Ahora analizó el pasado año 2023 los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Índice de Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para calcular en qué municipios de las Islas los hogares destinan como mínimo un 30% de sus ingresos al alquiler más los suministros básicos, como el agua y la luz. Según un mapa por municipios, Arona sería el cuarto más afectado, donde ese registro se situó en un 33,71%.

Lomo Negro, un barrio ilegal en el sur de Tenerife

La okupación de estos edificios abandonados en el sur de Tenerife no es la única ilegalidad habitacional que concurre en el municipio de Arona, en los últimos años ha crecido el barrio ilegal del Lomo Negro, al norte del célebre núcleo de El Fraile, muy cerca de la playa y puerto deportivo de Las Galletas, que se levanta desde hace más de un decenio y que pretende consumarse sobre irregularidades, especulación y la crisis de vivienda, y que ahora sirve de ejemplo de cómo se intenta asentar, vía hechos consumados, una reparcelación que no cabe en suelo rústico y en la que se arriesgan familias humildes, pero también de otra índole e inversores conscientes del peligro.

El consistorio precintó la zona, después de que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el pasado mes de diciembre, tras ponerlo en su conocimiento el anterior Gobierno autonómico después de que, en octubre de 2022, el propio Ayuntamiento aronero se dirigiera a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, pero el 2 de diciembre de 2023, esa clausura se rompió.

Mientras tanto, a la espera de que el Ayuntamiento de Arona se pronuncie sobre esta situación, continúan apareciendo anuncios y carteles de venta de parcelas con “escritura pública”, que no matizan el único porcentaje que se adquiere de esa parcela y que el posible comprador se arriesga ( sabiéndolo o no) que va a poseer una propiedad a medias para levantar una construcción, que además, no solo trae consigo la demolición de la misma, sino también una sanción incluida.

Pese a toda esta problemática habitacional (el desbloque de El Mojón, el desahucio masivo que dejará a 90 familias en la calle, el barrio ilegal del Lomo Negro y la escasez de vivienda reconocida por el propio Ayuntamiento) Arona no ha dado por ahora ningún paso para declarase zona tensionada y, con ello, poder aplicar medidas que conlleven un mayor control del mercado inmobiliario.