El exalcalde y ocho exconcejales socialistas de Icod pactan una sentencia de conformidad
El Juzgado de lo Penal Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado, a través de una sentencia de conformidad dictada este viernes, al exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta y a otros ocho exconcejales del grupo municipal socialista entre 2003 y 2007 (con gobierno del PSOE en ese municipio del norte de Tenerife) por delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística. Los nueve acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular mediante el que se declararon culpables para evitar un juicio que iba a durar más de tres meses y en el que estaba prevista la declaración de cerca de 100 testigos.
Ninguno de los condenados entrará en la cárcel, al ser las penas privativas de libertad inferiores a dos años, pero los nueve acusados han sido castigados con inhabilitación especial, lo que les impedirá ocupar un cargo público de elección directa. El exconcejal Maximino Fuentes también se ha declarado responsable de un delito contra la ordenación del territorio y tendrá que derribar una edificación ilegal de dos plantas.
El juez Marcos Díaz condena a Juan José Dorta a un año de prisión y 12 años de inhabilitación especial para cargo público de elección directa, sin que la sentencia afecte a los puestos desempeñados por oposición. No hay que olvidar que el exalcalde de Icod de los Vinos es maestro de profesión. La misma pena recae sobre otros seis exconcejales que formaron parte del Gobierno local entre 2003 y 2007, en el que el PSOE tenía mayoría absoluta: Ramón Jesús Socas, Ana María Pérez, Bernardo Martín, Jesús Manuel Rolo, Luciano López y José Alberto Ruiz.
El castigo más elevado afecta al exconcejal Maximino Fuentes, que al año de cárcel y 12 años de inhabilitación especial suma cuatro meses más de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por el que tendrá que derribar una edificación ilegal de dos plantas. La exedil Carmen Casilda deberá afrontar la condena más baja: seis años de inhabilitación por prevaricación continuada. La sentencia es firme y no cabe recurso.
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