La Fiscalía investiga si el obispo de Tenerife cometió un delito de odio con sus palabras sobre la homosexualidad

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha incoado diligencias de investigación para determinar si el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, cometió un delito de odio cuando declaró en la televisión pública de las islas (RTVC) que la homosexualidad era un “pecado mortal” y la equiparó al alcoholismo. Así lo ha adelantado este martes la Cadena SER, que añade que la apertura de estas diligencias no conllevará necesariamente una denuncia y, por tanto, un procedimiento penal, pero sí permitirá que la fiscal pueda ordenar la práctica de cuantas diligencias sean pertinentes, incluido tomar declaración a Álvarez, para dilucidar si los hechos son constitutivos de delito o no.

El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha explicado que el asunto ha llegado al Ministerio Público a raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que puso en conocimiento de la Fiscalía de Tenerife esas palabras. Ha precisado, además, que la Fiscalía de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una diligencias informativas para estudiar el contenido de esa entrevista y lo que dijo en ella el obispo de la Diócesis Nivariense, diligencias que incluirán una citación a Bernardo Álvarez para que comparezca y se explique.

Bernardo Álvarez pidió perdón tras sus declaraciones una vez que recibió una avalancha de críticas, no solo en las islas, sino en todo el país, por parte de personas de muy distintos ámbitos, desde políticos, hasta el mundo de la cultura.

Este obispo no es ajeno a la polémica y ya en 2008 insinuó, hablando sobre pederastia, que a veces había “provocaciones” sexuales de los niños de 13 años. Para justificarse, afirmó después que “esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece” y que mediría mucho sus palabras “cuando se traten temas tan sensibles”, cosa que no ha hecho.

En otra ocasión, hace ya 14 años, Álvarez dijo que la homosexualidad “perjudica a las personas y a la sociedad”. También confesó, asimilándola a las agresiones sexuales, que “la persona practica la homosexualidad como puede practicar el abuso de menores”. Días después matizó las respuestas que quedaron plasmadas en el extinto periódico La Opinión, “no había pretendido justificar, en ningún caso, el abuso a menores, que es siempre absolutamente reprobable, moralmente es un pecado gravísimo y jurídicamente, un delito. De ninguna manera, he comparado, ni querido comparar, ni comparo, la homosexualidad con el abuso a menores”.

El obispo que se coló en el protocolo de vacunación

Pero es que además, esta persona, en febrero de 2021, se saltó el orden establecido para la vacunación en el protocolo de Sanidad.

El obispo había recibido la primera dosis cuando no le correspondía, junto a los sacerdotes mayores de la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza. A través de una nota de prensa, el Obispado Nivariense añadía que “Álvarez estaba incluido en el listado enviado a las autoridades sanitarias al mantener su domicilio en ese lugar, en concreto en un apartamento adjunto, y con cuyos residentes tiene frecuentes contactos y comparte algunos servicios que se prestan”. No obstante, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, hizo público, en la Comisión de control para explicar el plan de vacunación contra la COVID-19, un informe que echaba por tierra esas declaraciones.