IU lleva a la Fiscalía el apoyo a la ilegal Mi Tierra TV por el Ayuntamiento que dirige el popular Manuel Domínguez

Muchos políticos locales, a través de las administraciones públicas en las que gobiernan, siguen en la isla de Tenerife contribuyendo a la actividad mercantil privada de un medio de comunicación audiovisual que es “ilegal, xenófobo, sectario y discriminatorio”, según han descrito de forma reiterada varios de los partidos denunciantes de esta situación. Se trata de la televisión local Mi Tierra TV, que dirige Pepe López y que factura los servicios prestados a través de la sociedad limitada Praudte.

Si el 23 de agosto pasado fue la formación política Unidos Se Puede la que informó de que trasladaba a la Fiscalía Anticorrupción pagos a esa cadena televisiva ilegal realizados por el Ayuntamiento de La Laguna en la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, a esta denuncia ahora se une otra de la misma categoría, y es la que este lunes ha anunciado el concejal y portavoz de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el municipio de Los Realejos, Jonás Hernández. IUC prevé entregar a la Fiscalía esta misma semana una documentación que justifica pagos a esa tele local desde ese Ayuntamiento norteño.

En Los Realejos gobierna con mayoría absoluta (en los dos últimos mandatos) el PP, con Manuel Domínguez como alcalde, cargo que compagina, entre otros, con el de consejero y portavoz de su grupo en el Cabildo insular y el de secretario general de su partido en Tenerife.

Según ha trasladado este lunes a los medios de comunicación locales IUC, el Ayuntamiento de Los Realejos, bajo el mandato del PP y con Domínguez como principal responsable en esa Corporación norteña, ha contribuido a financiar la televisión ilegal más cuestionada en la isla de Tenerife, con señal en la comarca norte y de nombre Mi Tierra TV. 

Atendiendo a la información que ha ofrecido IUC y siempre según se detalla en un informe de Intervención en ese Ayuntamiento que obra en manos de este periódico digital, el PP autorizó de 2014 a 2016 nada más y nada menos que pagos en diferentes conceptos a la empresa Praudte, SL, la conexión a Mi Tierra TV (y la misma a través de la que se abonaron varias facturas desde la Administración local lagunera), por un valor de 33.288 euros y con transferencias de cantidades en esos tres años: 12.000 euros en 2014 (ya con Domínguez con alcalde y mayoría absoluta en Los Realejos); 11.588 en 2015, y 9.700 en 2016. La suma de estas cifras da el total de 33.288 euros, al que ya se ha hecho referencia. 

IUC destaca en su nota de denuncia sobre esos abonos a un medio de comunicación ilegal (entre otros calificativos utilizados para definir a esa tele local por los partidos en la oposición que han llevado a la Fiscalía este caso) que “el PP ha continuado avalando pagos que suman más de 33.000 euros, muchos de ellos por conceptos difícilmente justificables” y además a “una televisión local caracterizada por su situación irregular y por sus discursos violentos y xenófobos”.

La misma formación política avanza que “pedirá al Gobierno central en el Congreso de los Diputados la implicación urgente del fiscal general del Estado en la denuncia de los supuestos delitos de odio de esa emisora de televisión”, así como el cumplimiento de medidas para “ordenar el cierre definitivo” de tal medio audiovisual.

Como ya se ha mencionado, IUC en Los Realejos trasladará a la Fiscalía Anticorrupción el listado de facturas emitidas por una empresa vinculada a Mi Tierra TV, Praudte, SL, y abonadas por ese Ayuntamiento para que así sean incorporadas a las diligencias abiertas por la realización de publicidad institucional en ese medio televisivo.

Jonás Hernández, concejal y portavoz de IU en el municipio norteño, asegura que “es su obligación trasladar a la Fiscalía esos datos, así como su visión de los hechos, por si pudieran constituir alguna irregularidad o haya en ellos indicios de delito”, y añade: “Es posible que a partir de esta información vuelva a recibir la correspondiente relación de insultos y amenazas veladas, algo que me preocupa por mi familia y por mi gente, pero esta es mi obligación, siempre actuando desde el máximo respeto y educación”.

El concejal Hernández cree que esos abonos son “graves” por tres motivos esenciales:

A) “Por el volumen de la cuantía, ya que, curiosamente, ningún otro medio de comunicación recibe esas cantidades tan importantes”. Hernández se pregunta “por qué Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos, avala que se paguen esas cantidades a una televisión que transmite continuamente mensajes de odio, violentos, racistas y homófobos”.

B) “Por la situación irregular de la citada emisora, que transmite sin la preceptiva licencia administrativa y que ha sido precintada y multada”.

y C) “Por algunos conceptos que se reflejan en los pagos, pues el Ayuntamiento ha abonado facturas por el simple hecho de informar o difundir actos de las fiestas u otros. Hernández se pregunta si al resto de medios de comunicación que difunden e informan sobre nuestras fiestas también se les paga desde el Ayuntamiento”.

Desde 2014, IUC Realejos había informado de los pagos que el Ayuntamiento había venido realizando a esta emisora, entonces por un volumen 6.850 euros. Tras haber solicitado toda la información, IUC ahora lamenta que esos desembolsos hayan seguido aumentado, con el abono de un total de 33.288 euros en el periodo 2014-2016.

Hernández subraya que, “gracias a un escrito presentado por IUC en Los Realejos, en el que advertía de tales irregularidades, los pagos correspondientes al año 2017 se encuentran paralizados”. El mismo concejal incide en que, “más allá de la supuesta ilegalidad de esos pagos, lo que lamenta profundamente es que un alcalde gaste dinero público en una emisora instalada en el odio, el insulto y la violencia”.

Tras la denuncia realizada por la Asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados ante la Fiscalía Anticorrupción por este mismo asunto, instancia que abrió diligencias en mayo de 2017, y tras constatar el comportamiento del Ayuntamiento de Los Realejos a este respecto, IUC ha decidido trasladar toda esta información a la Fiscalía, cuestión que realizará durante esta misma semana.

A esta medida se une que IU ya ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Gobierno central, en las que pide la implicación del fiscal general del Estado ante la denuncia de los supuestos delitos de odio, tal y como se ha actuado con otros sonados casos en las redes sociales, estos de menor gravedad.

También se interpelará al Gobierno de Mariano Rajoy sobre las medidas que este va a tomar para garantizar que las instituciones públicas no financien empresas de comunicación que “incitan al odio e indirectamente a cometer actos violentos contra determinadas personas”.

Sobre el detalle de estas cuestiones, dará cuenta el coordinador de IU en Canarias, Ramón Trujillo, en los primeros días de septiembre.