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El síndrome Manolín en Coalición Canaria

El alcalde de Firgas y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ambos de Coalición Canaria

Coalición Canaria es experta en enchufismo al más puro estilo bananero. Es un partido montado desde el poder y se ha podido mantener en él durante estas tres décadas gracias a que ha podido conservar la capacidad para mantener amamantada a una amplia tropa asalariada con fondos públicos. Estos treinta años dan para un amplio relato de casos de auténticos ineptos y abrazafarolas cuyos méritos han sido únicamente la militancia y el sostenimiento del pesebre.

No hace muchas semanas publicábamos aquí cómo la inmensa mayoría  de la ejecutiva de Coalición Canaria de Gran Canaria está colocada en puestos de libre designación del Gobierno de la mano de su vicepresidente y secretario general del partido en la isla, Pablo Rodríguez, quizás el ejemplo más palmario de que cualquier indocumentado puede llegar a los más altos puestos de esta autonomía.

Junto a él ocupan cargos decisivos personas que no durarían ni quince segundos en una empresa privada, como la viceconsejera de Medio Ambiente, colocada por el presidente Clavijo en un puesto clave por el único mérito de haber sido concejala con él en La Laguna y de mantenerse en política pese a haber sido detenida por la Policía Local al pretender darse a la fuga cuando la mandaron parar por conducir ebria en dirección prohibida. Blanca Pérez no ha dado un palo al agua en estos más de dos años de gestión del medio ambiente de Canarias, uno de los más sensibles del país, y las consecuencias las terminaremos pagando más pronto que tarde.

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Primer fracaso del conchabo Torres-Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el secretario general del PSOE de Canarias,Ángel Víctor Torres

Desde que fue elegido por las bases nuevo secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres echó gofio en todos los engranajes del partido para que la maquinaria se frenara un poco en lo que él se hacía con el control. O con el descontrol. Porque, efectivamente, el PSOE de Canarias había entrado en una suerte de sinrazón, de desgobierno o quizás de disparate, desde que José Miguel Pérez dijera aquello de “ahí se quedan ustedes con sus miserias”. Pérez dejó un partido descabezado, supuestamente dirigido por una lideresa virtual que -para mayor confusión- obtuvo unos buenísimos (e inesperados) resultados electorales, que firmó un pacto imposible con Coalición Canaria y que acabó mordiendo el polvo de la traición de su socio tras meses de desplantes y humillaciones intolerables. Fueron tiempos de sálvese quien pueda que aprovecharon todas las facciones conocidas y desconocidas dentro del PSOE para sus correspondientes navajazos y para una suerte de reposicionamientos que solo se entendieron cuando se abrieron las urnas de aquellas primarias que en verano ganó el aruquense Ángel Víctor Torres.

En medio de aquel caos, Torres prefirió inyectar pachorra, tanta que los acontecimientos y su propia incapacidad para analizarlos lo desbordaron casi de inmediato. Donde había urgencias trató de inyectar prudencia; donde había incendios, quiso ejercer de bombero. Pero se equivocó en todos los frentes, y acontecimientos como el congreso insular de Tenerife y sus resultados no hicieron otra cosa que demostrarle lo equivocado que estaba. Pero ya era tarde para algunas cosas.

Una de ellas fue la pésima gestión que ha hecho Torres de la grave crisis en la Radiotelevisión Pública de Canarias (RTVC). Todas y cada una de las decisiones que había tomado su propio partido, incluso líderes y lideresas de su cuerda, fueron completamente abolidas y desautorizadas de un plumazo. La petición clamorosa de dimisión (o destitución en su defecto) del presidente del consejo rector del ente, Santiago Negrín, se sustituyó sorprendentemente por una prórroga a su gestión con la lamentable excusa de cubrir primero ese órgano de gestión con la elección de las dos vocalías que habían quedado vacantes precisamente por la dimisión de sus dos titulares tras graves discrepancias con la gestión de Negrín.

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Un mal día para Clavijo

Grúa de la concesionaria en San Cristóbal de La Laguna cuando Fernando Clavijo era alcalde

Un mal día lo tiene cualquiera, pero el que debió pasar este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no lo podía tener otro más que él. Porque ha sido él mismo el que se ha metido en los dos líos que tuvieron este 4 de diciembre acontecimientos decisivos que pueden colocarlo en situaciones políticas y judiciales bastantes comprometedoras.

En los juzgados de La Laguna se daban cita un imputado (ahora investigado) y dos testigos. El primero es, nada más y nada menos, que Antonio Pérez-Godiño, resplandeciente portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y experto en blasones de honorabilidad y buenas costumbres. Acudía por haber sido el concejal -fíjate tú qué cosas- que en agosto de 2014 estampó su firma en la prórroga del contrato del servicio municipal de grúas, una de las tres decisiones que están siendo investigadas (o algo así) en un juzgado de La Laguna a la espera de la remisión de la causa entera al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si fuera menester, dada la condición de aforado del actual presidente regional, a la sazón alcalde de la ciudad de Los Adelantados.

Godiño (con perdón) se negó a contestar a los abogados de los denunciantes, es decir, a los abogados de los partidos de la oposición municipal, lo cual ya refleja una clara voluntad de colaboración con la justicia y un afán por la transparencia. Muy en sintonía con la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento para analizar este asunto y cerrada como cierra Coalición Canaria este tipo de conchabos: todo se hizo por el bien del pueblo, riqui-raca-simbombaca-hurrá-hurrá-hurrá, Clavijo, Clavijo y nadie más.

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Una piedra (de traquita) en el zapato

Mario Cabrera, diputado en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria

Cuenta la leyenda que fue el marqués de las Dunas de Corralejo, Domingo González Arroyo, el que los bautizó como “las ardillas”. El eterno cacique luego reconvertido en carismático líder democrático del Partido Popular hasta que Águeda Montelongo lo recluyó a una formación política residual, se refería así de despectivamente a los miembros de Asamblea Majorera: como una plaga difícil de controlar contra la que solo cabía la aniquilación. La plaga no solo ha sobrevivido al marqués sino también a la mujer que lo sucedió al frente del PP, reducida casi a la clandestinidad tras el advenimiento del post-sorianismo, otra plaga que tuvo sus correspondientes secuelas en Fuerteventura. Pero ésa es otra historia.

El caso es que, como decíamos, las ardillas crecieron y se multiplicaron, y lograron conformar en torno a un puñado de personas una alternativa política que con el paso de los años llegó a tener mando en plaza hasta el punto de llegar a desplazar a la autoridad (militar por supuesto) con mando en plaza.

Su lucha fue la de un pueblo que se rebelaba contra el olvido y la marginación, contra el caciquismo y la falta de oportunidades. Contra la condena a ser la última isla en incorporarse al desarrollo económico. Se llamó Asamblea Majorera desde el principio porque desde el principio adoptó el modelo asambleario que luego quedó eclipsado por los oropeles del poder de la mano de Coalición Canaria. Eso y algunos casos muy dolorosos de corrupción alimentados por la primera explosión desarrollista desinflaron pasiones y alimentaron la decepción.

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Resetear La Laguna

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), junto al alcalde, José Alberto Díaz / Ayuntamiento de La Laguna

Hace muchos años que el Ayuntamiento de La Laguna entró en barrena. Habría que remontarse a los años en los que ocupó su alcaldía la veterana Ana Oramas, hoy decisiva diputada en Madrid, que se marchó antes de terminar su segundo mandato dejando un agujero económico de 70 millones de euros producto de una pésima gestión en la que se inauguró la mala práctica de confundir gastos corrientes con inversiones electoralistas y actos institucionales con desayunos y chuletadas a mayor gloria de Coalición Canaria. Entonces asomaba la cabeza con la ambición necesaria un concejal de nombre Fernando Clavijo que desde el primer momento empezó a apuntar maneras como perfecto ejecutor de las prácticas clientelares -situadas en el punto inmediatamente anterior al delito- que han permitido a su partido mantenerse en el poder tantos años y en tantos y tantos municipios sin tocar banquillo. De momento.

Los 70 millones que dejó Ana Oramas de deuda ya ha alcanzado los 100, según ha reconocido recientemente su actual alcalde, José Alberto Díaz, y los chanchullos de Fernando Clavijo y sus compañeros de correrías vuelven a tocar a la puerta de los tribunales de justicia mientras la oposición -mayoritaria- se muestra incapaz de romper el bloqueo que mantienen tres concejales del PSOE atenazados por la hipoteca que la dirección socialista local tiene firmada con Coalición Canaria en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Allí, desde hace ya muchos años, funciona una oficina de colocación dirigida por el líder del PSOE lagunero, Pedro Ramos, el hombre de Pedro Sánchez en Tenerife. Afilia brazos de palo al ritmo que promociona personal en el HUC y, con la ayuda de su compadre José Luis Martín, mantiene a raya cualquier amenaza de moción de censura contra el alcalde nacionalista. Ambos, Martín y Ramos, se conjuraron hace años contra su propio partido creando un movimiento vecinal, Masca, financiado por Coalición Canaria con el único fin de impedir el triunfo del candidato socialista, Santiago Pérez, cosa que consiguieron. Masca se disolvió y José Luis Martín vio cumplida su venganza contra Pérez, que lo había metido un poco antes en el lote de concejales socialistas que coadyuvaron al pelotazo en la playa de Las Teresitas. Es Mónica Martín, su hija, la vicealcaldesa de la ciudad y ni con agua caliente está dispuesta a abandonar ese puesto de privilegio desde el que ha conseguido sobrevivir al anterior secretario general, Javier Abreu, expedientado y con orden de expulsión del PSOE, y a Zebenzuí González, el concejal de los WhatsApps machistas, ya expulsado pero con su acta de concejal intacta a la espera de que Coalición Canaria lo recoloque en algún puesto (público o privado) desde el que se compre su voto de sostén al escuálido y desprestigiado grupo de gobierno.

Ese tapón promovido por los tres concejales socialistas permitió que la comisión de investigación del caso grúas ( del que ha informado ampliamente este periódico) acabara en chirigota, con el Partido Popular de cómplice circunstancial anunciando al mundo que tampoco en aquel asunto había nada reprochable. Tuvo que ser de nuevo la oposición la que llevara el escándalo a los juzgados de La Laguna, donde una jueza se apresuró a archivar el caso sin practicar las más esenciales diligencias. En un auto más que contundente, la Audiencia Provincial no solo la ha obligado a reabrirlo, sino que ha hecho una descripción tan descarnada del comportamiento de unos concejales y un alcalde, que hasta los más conspicuos defensores de Fernando Clavijo han empezado a ponerlo en remojo y a lanzarle muy sutiles recaditos al fiscal jefe de Canarias para que esté atento y haga lo que pueda cuando el caso llegue al palacio de San Agustín.

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El PSOE elige: mamporrero de CC

Programa 'El Foco' de la Televisión Canaria

Nadie sabe señalar con precisión el nombre de la persona que está asesorando a la Ejecutiva Regional del PSOE en materia de radiotelevisión pública. O en qué preciso momento dejaron de ser de interés los informes de Manuel Fajardo (ponente de la ley 13/2014 de Radiotelevisión Canaria), Julio Pérez (el abogado más pacífico a este lado del río Pecos) o María Lorenzo, la vocal del consejo rector del ente público propuesta por el PSOE. Porque ninguno de esos tres asesores propuso jamás el acuerdo que la Ejecutiva de los socialistas canarios adoptó este lunes: abstenerse en la votación parlamentaria del miércoles en la que se decidirá la destitución o la continuidad de Santsiago Negrín, presidente de RTVC. Todos esos asesores, expertos en leyes, en política y en la dinámica disparatada de Negrín, han recomendado desde el principio no permitir que continuara ni un segundo más al frente de esta corporación pública por los efectos catastróficos que puede producir.

Y no se trata solo del fabuloso y controvertido concurso de informativos, importante por su cuantía (144 millones de euros en ocho años) y por las empresas potencialmente interesadas (Videoreport-Inforcasa; Socater-Prisa-Editorial Prensa Canaria). E importante por el descaro con el que el Gobierno ha manejado a Negrín para que lo promoviera a toda costa, incluso por encima de los informes jurídicos propios y de la Ley de RTVC. Pero no, no se trata solo de ese concurso. Se trata de la perversión con la que el Gobierno de Fernando Clavijo ha mangoneado RTVC desde que entró en vigor una ley inicialmente pensada precisamente para alejar del Ejecutivo el control de los medios públicos.

Desde diciembre de 2015 empezaron a encenderse las primeras alarmas por la aberrante deriva que tomaba la gestión del presidente de RTVC. Dos de sus consejeras, una de ellas nombrada a propuesta de Coalición Canaria, el mismo partido que designó y mantiene a Negrín, se echaron a correr para no ser corresponsables de aquellos desvaríos. El PSOE, que entonces gobernaba con CC, empezó enseguida a hablar de modificar la ley para renovar el consejo, y poco a poco fueron subiendo en intensidad las voces críticas.

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El desconcertante PSOE de Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias.

El manual de política para principiantes dice claramente que cuando un político lo hace bien pero su acción (su relato, por emplear el término más vanguardista) no llega a la ciudadanía es que tiene un problema de comunicación. La experiencia dice lo contrario: cuando la acción de un político no llega es que no tiene acción, o siendo benévolos, su acción no es atractiva, está fuera del mercado o se ha quedado caduca. Puede que a Ángel Víctor Torres, nuevo secretario general del PSOE de Canarias, le esté pasando algo parecido a esto: no es que no tenga relato, ni que se le haya quedado viejo, es quizás que por un exceso de prudencia ni siquiera se haya atrevido a tomar una decisión que dé lugar a un relato transformable en noticia. O dicho de otro modo: Torres no es noticia por acción, por su acción, sino noticia por su inacción.

Este aruquense de 51 años es secretario general del Partido Socialista Canario desde julio pasado, cuando ganó unas primarias frente a Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar, y ya desde entonces se negó a actuar hasta tener configurada una Comisión Ejecutiva, que no fue elegida hasta septiembre. Un primer síntoma de la parsimonia con la que se toma las cosas. El segundo síntoma vino a continuación, cuando tardó más de un mes en decidir qué hacer con el buque insignia de cualquier partido regional, su grupo parlamentario, que removió mediante una escabechina que inmediatamente le estalló en la cara: se proclamó presidente del grupo parlamentario sin ser diputado y purgó al equipo de su contrincante en las primarias, Patricia Hernández, que pasó de ser la candidata socialista que ganó las elecciones de 2015 a presidenta del grupo y, acto seguido, diputada de a pie. El manual básico de política también dice que debes dejar una escapatoria a tu contrincante para que no se sienta humillado, y en eso también ha fallado Ángel Víctor Torres y su equipo de jóvenes sobradamente vengativos. Las primeras consecuencias ya las debe estar notando en la imprudente división que sufre ese grupo parlamentario, y las va a notar mucho más a partir de este domingo si, como preconizan los gurús del socialismo, gana las primarias tinerfeñas el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, cabeza visible del poder municipal del Sur de la isla y candidato de cabecera de la defenestrada Patricia Hernández.

En un giro teatral inverosímil, Martín, Patricia, Rodríguez Fraga y los suyos de ellos se han convertido en oposición de lo que ellos mismos opusieron, y si antes fueron los ejecutores de los críticos en La Laguna hasta el punto de expedientar y sustituir a su secretario general en la firma del pacto con Coalición Canaria, ahora anuncian una drástica moción de censura contra el alcalde Díaz en cuanto se cierren las casas del pueblo tras la votación.

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PSOE y PP, cómplices de Fernando Clavijo

Unidad móvil de la Televisión Canaria

Ángel Víctor Torres y Asier Antona lo niegan, pero los hechos son muy tozudos. El Partido Socialista y el Partido Popular van a permitir a Coalición Canaria un plácido año pre-electoral, cada uno por distintas motivaciones. Asier Antona, atado por los acuerdos nacionales, acaba de dar el aval del PP a la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, mientras el PSOE pone como condición un mayor acento social para hacer lo propio con mucho gusto en cuanto sea preciso. Fernando Clavijo está en la gloria: gobierna Canarias con tan solo 18 diputados de 60 y con menor apoyo electoral que el PSOE y que el PP. En un alarde propagandístico, el presidente empezó a cumplir este viernes con la petición socialista reuniendo en los lujosos salones del hotel Mencey, bajo soberbias lámparas de cristal de roca, a un selecto grupo de empresarios para pedirles que, porfa, si lo tienen a bien, contraten a empleados canarios y suban el sueldo a los que ya tienen en nómina. Esa fórmula mágica ha sido inmediatamente transmitida y aplaudida por los medios afines al régimen y será objeto de más ditirambos en el futuro próximo.

La política social de Fernando Clavijo es eso, pura propaganda, porque a tenor de lo que dicen los presupuestos para 2018, l e sigue importando un pimiento que esta tierra esté a la cabeza en pobreza, en miserables salarios, en las más bajas pensiones y en la cola en la aplicación de la ley de dependencia. Los últimos informes sobre pobreza ni siquiera le han animado a incrementar las partidas para la prestación canaria de inserción porque él cree que basta con pedir a los empresarios que contraten a los canarios en lugar de a los foráneos que llegan mejor formados. Porque la propaganda está impidiendo comprobar lo poco que le interesa también la educación de los canarios: se ha pasado por el arco del triunfo un acuerdo parlamentario del pasado 11 de octubre que le obligaba a alcanzar el 4% del PIB en la materia. Subió dos décimas en lo que él mismo llama los mayores presupuestos de nuestra historia, los que hacen justicia con Canarias. Él, desde luego, no la hace con los canarios.

Fernando Clavijo se siente cómodo con la oposición que le ha tocado padecer. Y la prueba la encontramos cada día en la desidia con la que Torres y Antona están tratando el escándalo de la Radiotelevisión Canaria. Hasta el momento la única denuncia que hay en relación con las irregularidades que se han detectado alrededor del concurso de informativos (144 millones de euros) es la que el presidente de RTVC interpuso hace dos semanas ante la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, alegando que se siente presionado, coaccionado, intimidado, cohibido, por las duras críticas que determinados medios de comunicación -este incluido- han proferido por su atolondrado proceder.

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¿Esto era volver a la legalidad?

Guillermo García-Panasco toma posesión del cargo de Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica en un acto presidido por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

Volver a la legalidad y recuperar la normalidad democrática. Esos fueron los principales argumentos esgrimidos a partir del momento en el que la resolución del conflicto catalán entró en la fase actual de aplicación política de la ley, que es lo que realmente está ocurriendo con la entrada en vigor del  artículo 155 de la Constitución y con las instrucciones del Gobierno que de manera desproporcionada está ejecutando la Fiscalía General del Estado y proveyendo la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La destitución de todo el Govern catalán, la intervención de la autonomía, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, son decisiones políticas amparadas desde luego por el artículo 155 de la Constitución, tan abierto como exigente: ninguna imposición, instrucción o extinción debería exceder los límites mismos de la Carta Magna, lo que algunos juristas han puesto en solfa. Con esas medidas -era de suponer, o al menos eso es lo que se nos tiene prometido- habría de restablecerse el orden constitucional, el funcionamiento normal y adecuado de las instituciones.

Las elecciones, por su parte, se imponían como una vía democrática -de eso no hay duda- destinada a despejar una situación enquistada como consecuencia del empeño de una mayoría parlamentaria por conducir a Catalunya a una república independiente. De acuerdo, todo aparentemente encajeble en los preceptos legales.

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¡Oh, la Fiscalía!

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza

Primero. La Fiscalía no prevarica, ni por acción ni por omisión. Esto es muy importante que quede fijado para poder entender todo lo que viene a continuación. Prevaricar, según el ordenamiento jurídico español, requiere dictar una resolución injusta a sabiendas, y los fiscales españoles no resuelven: sugieren, informan, dictaminan… pero no resuelven, no deciden. Véanse los recientes autos del Supremo dando carpetazo a la querella contra el impagable Manuel Moix por negarse a investigar el escándalo del Canal de Isabel II. De este modo es comprensible que los miembros de la carrera fiscal, particularmente los que en estos momentos actúan adscritos al fiscal general del Estado en el conflicto de Catalunya, lo estén haciendo con absoluta tranquilidad, y por lo tanto, con total impunidad. Jamás ninguno de sus informes será objeto de un procesamiento penal, nadie los revisará en el hipotético caso de que no prosperen ninguna de las llamativas acciones que están emprendiendo. Ni siquiera conoceremos los nombres del fiscal o fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que han redactado informes tan decisivos como el que avaló la competencia de la Audiencia Nacional para investigar por sedición a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, a pesar de los abundantes antecedentes que operan en contra. Del mismo modo que jamás sabremos qué fiscal o qué fiscales han preparado los dictámenes previos para colocar en Madrid y no en Catalunya las muy anunciadas querellas contra Carles Puigdemont, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa del Parlament y los ya destituidos consellers del Govern catalán.

Segundo. No, por mucho que pueda resultar atractivo sostenerlo en momentos tan convulsos, en España no hay presos políticos. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Ahora bien, sí hay al menos dos presos que en estos momentos están en prisión preventiva -en Soto del Real- por una decisión política, por una orden política ejecutada por la Fiscalía General del Estado. El brazo ejecutor de la política penal del Gobierno de España no ha escatimado en iniciativas de todo tipo, la mayoría muy discutibles, para que el ingreso en prisión de los Jordi fuera posible. La jueza Carmen Lamela, que tiene cogidos por los pelos su competencia en esta materia de sedición, solo podía tomar esa determinación si alguna de las partes lo solicitaba (artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y la Fiscalía, la única acusación personada, lo solicitó. Era una decisión cantada y se conocía en los círculos políticos y periodísticos de Madrid con varios días de antelación, como se conocían sentencias - en una de las cuales participó el mismísimo José Manuel Maza en el Supremo- que concluyen que la Audiencia Nacional no es competente para instruir y juzgar el delito de sedición por el que están encarcelados los Jordi y muy probablemente pronto estén ex altos cargos de la Generalitat. En España está permitido criticar las resoluciones judiciales, y la decisión de la jueza Lamela de decretar prisión para Sánchez y Cuixart tiene todos los ingredientes de ser una resolución con una profunda carga política que ya llegaba con esa marca al despacho de la magistrada desde que se decidió que fuera la Audiencia Nacional la que investigara, y no el juzgado correspondiente de instrucción del lugar en el que presuntamente se produjeron los hechos, Barcelona.

Tercero. El Gobierno de España y la Fiscalía General del Estado han intentado por todos los medios alejar de los juzgados catalanes las investigaciones penales relacionadas con el proceso independentista. Sin embargo, les está resultando muy provechosa la actividad del juez Juan Antonio Ramírez, de Instrucción 13 de Barcelona, un veterano en trance de jubilación que lleva meses teniendo sobre su mesa una causa secreta que abrió a raíz de las indiscreciones del senador de Esquerra Republicana y exmagistrado Santiago Vidal, que contó en una charla pública que existía una base de datos preparada para el procés y que ya había una lista de jueces y fiscales catalogados por sus simpatías o antipatías al independentismo, entre otras ocurrencias. De esa causa secreta han salido rumbo a la Audiencia Nacional atestados de la Guardia Civil y conversaciones intervenidas para engordar el procesamiento de los Jordi y del major Josep Lluis Trapero, sin que hasta el momento se haya explicado pública y convincentemente cómo se produjo esa traslación.

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