¿Será la última?

Carlos Sánchez, consejero pepero de toda la vida, ya está imputado en tres causas penales que arrancaron de su etapa de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida. La última de sus imputaciones responde al acreditado hecho (lo dicen los informes del interventor, del secretario y de la Audiencia de Cuentas) de que el Ayuntamiento satauteño perdonó unos 600.000 euros de licencia urbanística a una UTE encabezada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Las otras dos imputaciones tienen que ver con presuntos delitos de autorización de construcción en suelo rústico y la utilización ilegal de un arquitecto alambicadamente contratado por el Ayuntamiento para hacerle una delimitación al mismísimo concejal. Sánchez deberá declarar el próximo día 6 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.