Los tres últimos alcaldes de La Oliva irán a juicio por la construcción del parque de ocio Baku
El juez instructor del denominado caso Baku, que investiga la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de un parque de ocio en Corralejo, ha abierto el procedimiento abreviado al apreciar indicios de prevaricación administrativa y urbanística y malversación de caudales públicos en la actuación de los tres últimos alcaldes de La Oliva: Domingo González Arroyo -ahora en las filas del Partido Popular Majorero (PPMajo) y entonces en el Partido Popular (PP)-, Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE). También están imputados un total de 15 concejales del Consistorio de distintas épocas, el secretario de la corporación y el arquitecto municipal.
En un auto fechado el pasado 26 de octubre, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, Javier Ercilla, da un plazo de diez días a los denunciantes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas y Alternativa Democrática por Fuerteventura, para formular el escrito de acusación y decretar así el inicio de juicio oral.
El origen del caso se remonta al 5 de noviembre de 2002, fecha en la que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, formada por el alcalde, González Arroyo, y los concejales Antonio Darias, Marcelino Umpiérrez, Alejandro Hernández y Tomás Andrés Pérez, acordó llevar a pleno el pliego del concurso para la adjudicación del proyecto de construcción y explotación de un parque de ocio en la urbanización Corralejo Playa.
El pleno municipal, del que también formaban parte los ediles José Cristóbal Calero, José Juan Aguiar, Ismael González, Maximino de Santo Tomás Méndez, Felipe Miranda, Olivia Estévez, Raimundo Domínguez de Vera y Marcial Salvador Hernández, aprobó una semana después en una sesión extraordinario el pliego sin recabar un informe jurídico sobre sus cláusulas ni su adecuación a la ordenación urbanística.
En abril de 2003, el Ayuntamiento adjudicó el contrato, por un montante de 17,44 millones de euros, a Joca Ingeniería y Construcciones, la única empresa licitadora, que debía pagar un canon de 36.000 euros por cada uno de los 47 años que duraba la concesión.
El proyecto incluía un parque de ocio, un minigolf, una zona infantil, un jardín botánico, un centro cultural, una clínica privada con quirófano completo, un restaurante canario, un mercado de artesanía, bingo y bolera, zona de pubs y aparcamientos exteriores, según el contrato de administración para obras firmado por el alcalde.
La aprobación definitiva del proyecto de ejecución se rubricó el 21 de noviembre de 2003, ya con Claudina Morales (Coalición Canaria) como alcaldesa, motivo por el que también se encuentra imputada.
Un informe técnico suscrito por Rogelio Gil y uno jurídico firmado por Laura Moltó constataron antes de que se concediera la autorización que las instalaciones construidas excedían las previstas en el planeamiento municipal, que contempla para esta parcela una zona de equipamiento institucional con dotaciones educativas, culturales, de ocio, salud, bienestar social, deportivas o religiosas, y un sistema de espacios libres en los que está prohibido cualquier tipo de edificación.
El Ayuntamiento exoneró a la empresa del pago de la tasa por licencia de obras, a pesar de que no cumplía con las causas de bonificación, esto es, que la corporación hubiese declarado las obras de especial interés o utilidad municipal. Por este motivo, el Consistorio dejó de ingresar 373.802 euros, que se suman a los 178.425 euros que también se ahorró la adjudicataria del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Por último, el juez instructor remarca que las instalaciones del parque acuático debieron considerarse como uso turístico, según la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias.
González Arroyo, que sigue ejerciendo como alcalde a pesar de haber sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricacion relacionado con la explotación de una cantera, también será juzgado por el denominado caso Las Clavellinas, por el que la Justicia le ha pedido una fianza de 1,5 millones de euros.
La sucesora de Claudina Morales en la Alcaldía, Rosa Fernández, y los concejales Felipe Figueroa, Miguel Ángel Vera y Guillermo Morera también se encuentran imputados.
