La Justicia pide 1,5 millones de euros de fianza y manda a juicio al alcalde de La Oliva
El alcalde de La Oliva (Fuerteventura), Domingo González Arroyo, deberá hacer frente a una fianza de forma solidaria de más de 1,5 millones de euros con otros cinco concejales que formaron el grupo de gobierno del PP en 1999, y que en un pleno celebrado en el mes de agosto de ese año decidieron sacar a subasta pública un suelo que en 1982 fue donado por su propietario al Ayuntamiento para uso vecinal, y por el que ahora serán juzgados por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Se trata del conocido caso Las Clavellinas, una codiciada pieza de suelo en plena localidad turística de Corralejo, al norte de Fuerteventura. En 1982, el ciudadano belga Guy Van Daele, decidió donar esos terrenos al Consistorio para que fuera cedido a los vecinos. La pieza de 270.000 metros cuadrados fue segregada por el Ayuntamiento en 1999, de los que 125.000 metros cuadrados fueron subastados.
El caso estalló en 2000, con un presunto acuerdo bajo cuerda entre el grupo de gobierno del PP de La Oliva y la entidad bancaria La Caixa, que finalmente se llevó la pieza de suelo en subasta por un precio inferior al inicialmente marcado por el Consistorio, unos 250 millones de las antiguas pesetas ( 1,5 millones de euros).
Tres lustros después, y tras reabrirse la causa hace dos años, el instructor da por concluidas las pesquisas y manda a juicio a Domingo González Arroyo, ahora en el Partido Progresista Majorero (PPM), escisión local del PP y de nuevo al frente del Ayuntamiento, y a los concejales de entonces José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Tomás Andrés Pérez Rodríguez.
El Ministerio Fiscal y una de las entidades afectadas que ejerce la acusación particular, Difusión Comercial e Inmobiliaria SA, califican los hechos de aquella decisión del pleno municipal de prevaricación, mientras que la Asociación de Vecinos Las Clavellinas añade a ese delito malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Puerto del Rosario, Marta Grande Lorenzo, ha decretado en un auto fechado el 22 de octubre apertura de juicio oral, remitiendo la causa al Juzgado de lo Penal 2 de la capital majorera, y fijando la fianza de forma solidaria en 1.502.530, 26 euros, además de otros 67.500 euros en el caso de Domingo González Arroyo.
A lo largo de estos quince años, desde que se produjera primero la subasta de los terrenos en 2000 y dos años después la asociación de vecinos interpusiera querella contra el grupo de gobierno de entonces, el caso ha dado vueltas de los juzgados de Puerto del Rosario hasta la Audiencia Provincial, e incluso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dado que Domingo González Arroyo declaró como imputado ante la Sala Penal del alto tribunal canario en 2010 dada su condición de aforado entonces como diputado del grupo parlamentario popular, antes de su ruptura.
Quienes quedaron fuera del procedimiento son el exsecretario del Ayuntamiento Miguel Ángel Rodríguez y el delegado en Canarias de La Caixa, Andrés Orozco, por decisión de la Audiencia Provincial, en el primero de los casos, porque Rodríguez llegó a votar en contra expresamente de la subasta de los terrenos, precisamente por la condición impuesta por el propietario en 1982 de que cedía la parcela para uso y disfrute de los vecinos.
Del grupo de gobierno acusado de prevaricación al que se le abre juicio oral, aparte del actual alcalde, Domingo González Arroyo, continúan en la actividad política con responsabilidades en el mismo ayuntamiento José Cristóbal Calero y Marcelino Umpiérrez.
