Anulado el plan que permitió la construcción de dos centros comerciales y un supermercado en Mogán

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, del que cuelgan tres convenios urbanísticos firmados el pasado mandato por el Ayuntamiento de la localidad sureña, los que autorizaron la construcción de dos centros comerciales en Puerto Rico y un supermercado en la zona de Motor Grande, al inicio del cauce bajo del barranco. En una sentencia dictada el 3 de noviembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario 'tumba' este plan de ordenación por un defecto “esencial” en su tramitación, la falta del preceptivo y vinculante informe favorable de la Dirección General de Costas, el mismo del que adolecía otro plan, el de Playa de Mogán, anulado por la justicia a finales de 2016. 

El TSJC estima el recurso presentado por la comunidad de propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico contra este plan de ordenación urbanística aprobado en mayo de 2015 mediante un decreto del Gobierno regional. Según recoge la resolución judicial, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) supeditó la aprobación de la memoria ambiental y el informe favorable del mencionado plan de mejora y modernización de Costa de Mogán a la subsanación de una serie de deficiencias. En el expediente debía constar el informe de Costas. En el caso de que no estuviera, todas las actuaciones previstas sobre el dominio o servicio público márítimo terrestre tendrían que ser suspendidas. 

La sentencia alude también a un informe de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial que constata que deben suspenderse determinadas actuaciones previstas en el plan por asentarse sobre terrenos de dominio público en contra de la Ley de Costas. 

El TSJC utiliza el mismo razonamiento que le sirvió para anular otro plan de ordenación urbanística en el municipio sureño, el de Playa de Mogán. Es la propia administración quien reconoce la falta del obligatorio informe de Costas, lo que lleva a la Sala a decretar la nulidad radical o de pleno derecho del PMM. La resolución judicial, que tiene a Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego como ponente, incide en que el órgano competente deberá solicitar a la Administración del Estado ese informe después de remitirle el proyecto con el avance y el documento del planeamiento con carácter previo a la aprobación definitiva. 

“El vicio detectado por la COTMAC no estaba subsanado al tiempo de la aprobación del decreto”, remarca el fallo, que no impone el pago de las costas procesales a los codemandados (el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán y varias empresas) por la “complejidad del recurso” y las “dudas jurídicas” que suscitaba la causa.  

El pleno del Ayuntamiento de Mogán, con el voto favorable de los partidos que sustentaban al gobierno (Ciuca y el PSOE) y el rechazo de la oposición (PP y Nueva Canarias), aprobó en abril de 2017 tres convenios urbanísticos que pendían de ese plan de mejora y modernización. Los beneficiarios fueron las sociedades Tourin Europeo, Mogán Mall y Mercadona. 

La aprobación de esos convenios estuvo rodeada de polémica. Los partidos de la oposición advirtieron al gobierno municipal y a su alcaldesa, Onalia Bueno, de los riesgos que se asumían al dar luz verde a unos proyectos que dependían de un plan que podía ser anulado, de correr la misma suerte que otros planes anulados, como los de Playa de Mogán o Playa del Inglés, como finalmente ha sucedido. Además, reprochaban a Ciuca su cambio de postura con respecto al PMM de Costa de Mogán, al que se habían opuesto años antes estando en la oposición, durante la etapa de Francisco González (PP) en la Alcaldía. 

“El hecho de que esté aprobando un convenio no quiere decir que esté más o menos conforme, pero está administración está obligada a aprobarlo quiera o no quiera porque el plan genera derechos (de indemnización) en todos aquellos empresarios que quieran articular sus inversiones a través de ese documento y por lo tanto el empresario está legitimado para hacerlo, por más que nosotros nos queramos oponer ese documento establece un procedimiento reglado”, decía entonces Mencey Navarro, concejal de Urbanismo de Mogán. 

Contra la anulación del plan de mejora y modernización se puede presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, si lo que se considera infringido es una norma del derecho estatal o de la Unión Europea, o ante la Sección Especial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si la controversia versa sobre normativa emanada de la comunidad autónoma.