El caso Botavara se salda con cuatro guardia civiles condenados a nueve años por narcotráfico

Los acusados, de espaldas, asisten al juicio del denominado caso Botavara'.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

 La Audiencia de Las Palmas ha condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico a cuatro guardias civiles destinados en Fuerteventura que se pusieron de acuerdo para introducir en la isla casi una tonelada de hachís.

Aplazan por tercera vez el juicio a los narcos liderados por guardias civiles

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La sentencia del llamado "caso Botavara" considera probado que los guardias José Tomás C.M., Yeray M.A., Sergio V.R. y David D.P. organizaron el desembarco en Fuerteventura de una lancha neumática cargada con casi 1.000 kilos de hachís procedentes de Marruecos, con un valor en el mercado ilícito superior al millón de euros.

Los cuatro funcionarios públicos "contrataron" para introducir ese alijo a otras seis personas (Abdelfattah B., los hermanos Eduardo y Miguel G.C., Lara Luz S.S., Marcelino T.H. y Óscar Jonay C.L.), que les ayudaron en diferentes tareas, bien a como braceros en el desembarco de los fardos, vigilando o escondiendo la droga.

En la madrugada del de febrero de 2013, los procesados lograron desembarcar 733 kilos de hachís en la costa de El Cotillo antes de que la embarcación que los transportaba naufragara, lo que les impidió introducir otros siete fardos con 208 kilos más de droga.

Para asegurarse de que podrían mover la droga sin problemas, uno de los guardias civiles, David D.P., transmitió a sus superiores información falsa sobre la entrada de otra zódiac con droga que se iba a producir esa noche, supuestamente, en otro punto de la isla.

Los guardias implicados en estos hechos eran conocidos en la isla como los del "Grupo 7"(como el título de la película de Alberto Rodríguez sobre cuatro policías violentos de la Sevilla de la Expo de 1992), debido al tipo de conductas que se les atribuían.

Todo ellos fueron detenidos por agentes de la Comandancia de Las Palmas, en una operación en la que sus superiores destacaron las prácticas mafiosas que se les atribuían, entre ellas, supuestas torturas a detenidos y manipulación de pruebas.

La Audiencia de Las Palmas no ha considerado probado esos últimos cargos, ni tampoco el de integración en banda criminal. Sin embargo, sí encuentra suficientemente acreditado su participación de los cuatro en un delito de tráfico de drogas, la implicación de uno de ellos en un delito de amenazas de muerte a un testigo y la participación de dos ellos en un registro ilegal en el que se allanó sin orden judicial un domicilio.

La sentencia condena José Tomás C.M. y Sergio V.R. a nueve años de cárcel, 13 de inhabilitación y 3,45 millones de multa por tráfico de drogas y delito contra la inviolabilidad del domicilio; a David D.P. a diez años de cárcel, once de inhabilitación y 3,45 millones de multa por tráfico de drogas y obstrucción a la Justicia; y a Yeray M.A., a nueve años de cárcel, once de inhabilitación y 3,45 millones de multa por tráfico de drogas.

El fallo condena además a un quinto guardia civil detenido en esta operación, Daniel Manuel T.D., por su implicación en un registro ilegal a un domicilio a dos años de inhabilitación para desempeñar empleos públicos.

El resto de los procesados ajenos al Instituto Armado han recibido las siguientes penas: Óscar Jonay C.L. y Marcelino T.H. cuatro años de cárcel y 1,15 millones de multa; Abdelfattah B., dos años y ocho meses de prisión y 575.089 euros de multa; y los hermanos Eduardo y Miguel G.C. y Lara Luz S.S., un año y nueve meses de cárcel y 575.089 euros de multa; todos por narcotráfico.

Finalmente, se impone un año y tres meses de cárcel y multa 75.000 euros como cómplices de tráfico de drogas a Santiago Sebastián R.M. y Serafín E.M. por ayudar a los principales procesados a recuperar un fardo de hachís que apareció en el mar. 

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