A Clavijo no le preocupa que lo cite el TSJC por el caso Grúas
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que no le preocupa la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia lo llame a declarar como investigado en el llamado caso Grúas y ha defendido que las decisiones que tomó al respecto eran conformes a la ley.
La jueza de La Laguna que instruía este procedimiento lo ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, porque estima que las diligencias complementarias que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife le ha ordenado practicar tras haber corregido su decisión de archivarlo pueden afectar a un aforado, el presidente Clavijo.
El caso Grúas examina si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), con Fernando Clavijo como alcalde, favoreció de algún modo a una serie de empresarios en la adjudicación del servicio municipal de retirada de vehículos.
La jueza del caso entendió en principio que no, pero la Audiencia ha ordenado seguir investigando indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias que, en el caso de Clavijo, se centran en dos decisiones.
En concreto, la Audiencia Provincial apunta a los decretos por los que Clavijo levantó, como alcalde, los reparos expuestos por el interventor municipal a la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio y a la prórroga de la gestión de este.
En declaraciones realizadas a los periodistas durante el acto de celebración del 25 aniversario del Instituto Tecnológico de Canarias, Clavijo ha remarcado que la denuncia de la que se deriva este caso “la interponen dos partidos políticos”, en alusión a Podemos y Nueva Canarias.
El presidente considera que los tribunales “dictarán lo que tengan que dictar”, pero también ha defendido que los procedimientos de ese expediente del ayuntamiento tinerfeño “se ajustaron a Derecho, porque el interés general de los ciudadanos de La Laguna es el que primó en las actuaciones”.
Ese interés, ha explicado, consistía en evitar que se rescatara la concesión del servicio de grúas y que con ello el Ayuntamiento asumiera las deudas y una plantilla a 22 trabajadores.
“En vez de eso, se reequilibró la concesión y ahora mismo está operando sin que le haya costado un euro a las arcas públicas”, ha añadido.
